¿Deben los partidos políticos poder ejercer como acusación popular? Ese es el debate que el PP quiere impulsar en la sociedad española aunque todavía no tenga agenda fijada para ello. 

Los conservadores pretenden aprovechar la crisis de Murcia para reabrir un debate jurídico al respecto. "La oposición quería ganar en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas", lamentaron una y otra vez en el caso de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. 

El expresidente de la Región, imputado por cinco delitos en el caso Auditorio y pendiente de otra posible investigación en el marco de la Operación Púnica, se vio obligado a abandonar su cargo apenas 24 horas antes de que la moción de censura presentada por el PSOE -y que, según él, también apoyaban Podemos y Ciudadanos- se debatiera en el Parlamento regional.

Sánchez se fue alegando que quería evitar un "tripartito" en la Comunidad. Su jefe en Génova, Fernando Martínez-Maillo, aplaudió entonces su decisión y volvió a presentarle como un "hombre bueno" víctima de una 'vendetta' política. "No se puede dejar a la interpretación de los partidos los momentos en los que un político tiene que abandonar", opinó mientras orillaba el pequeño detalle de que PAS -acrónimo de Pedro Antonio Sánchez- se había comprometido a dimitir si resultaba imputado

Desde el PP de Murcia, a la sede central de Madrid y La Moncloa, los conservadores, todos a una, siempre se han mostrado convencidos de que el caso contra PAS se archivaría. "Ha habido 17 denuncias y, de ellas, las 16 primeras fueron archivadas. Y todas fueron planteadas por el PSOE de Puerto Lumbreras", aseguró el propio Mariano Rajoy en una entrevista en televisión. Una frase que se convirtió en eje del argumentario popular: cada vez que se le preguntaba a algún dirigente por ello, recordaban los supuestos archivos anteriores. 

Ahora el PP, que también señala con su dedo acusador a la Fiscalía de presuntos conchabamientos con el PSOE regional, busca una reforma jurídica que evite que las batallas políticas se libren en los tribunales. Y es que el caso de Murcia no es el primero en el que son otros partidos quienes destapan posibles casos de corrupción en el PP.

Uno de los mayores defensores de prohibir que los partidos ejerzan la acusación popular es el propio Fernando Martínez-Maillo. No en vano tiene un especial interés: el político está a su vez imputado por administración desleal en el agujero de 60 millones de euros creados a Caja España, que hubo que ser rescatado con dinero público. Y la acusación popular en este sumario la ejerce Izquierda Unida.

El PP acusa a los partidos de la oposición de utilizar la figura de la acción popular como arma arrojadiza. Pero fue el propio PP también el que se presentó como acusación popular en los comienzos de la investigación del caso Gürtel, trabajos que frenó e intentó dinamitar hasta que fue expulsado del caso.

La limitación a los partidos políticos del ejercicio de la acción popular figurará en el nuevo Código Procesal Penal que se cocina en el Ministerio de Justicia y que será enviado a las Cortes en breve. Pese a todo, en el PP aseguran que sus equipos jurídicos todavía están estudiando la cuestión. "No sabemos cómo se podría hacer, ni siquiera, si se podría hacer, pero sí queremos abrir ese debate", aseguran las fuentes consultadas.

Y es que la figura de la acusación popular está reconocida para todos los españoles en la Constitución, por lo que su reforma podría resultar compleja. Esta figura jurídica está desarrollada en la Ley del Poder Judicial, así como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a ser reemplaza por el Código Procesal Penal en ciernes.

Un antiguo debate

El debate, en realidad, viene de lejos -el PSOE ya clamó contra la acusación popular en el caso Filesa- y lo reabrió el ministro de Justicia en enero, en pleno pulso entre las fuerzas políticas sobre la eliminación de los aforamientos. Rafael Catalá insinuó entonces que, para poder llevarlo a cabo, habría que limitar también la acusación popular. "El aforamiento es propio de un sistema en el que la acusación popular es muy amplia", sentenció.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial -y uno de los principales artífices de las reformas judiciales de la primera legislatura de Mariano Rajoy- siguió la senda marcada por el ministro y remató: "La acusación popular se utiliza con fines espúreos como instrumento político para aplastar al adversario", sentenció días después Carlos Lesmes, partidario de que ni las formaciones políticas ni tampoco los sindicatos puedan utilizar dicha figura. 

Ahora el PP tiene que renegociar con Ciudadanos un nuevo acuerdo de investidura en Murcia. En él tendrán que volver a determinar cuándo un político debe retirarse y, con ello, dejar claro qué entienden por "imputado" y por "corrupción política". De paso, los conservadores aprovecharán la ocasión para forzar el debate sobre la limitación de la acusación popular. ¿Deben ejercerla los partidos?