MADRID.- La acusación popular que ejerce Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha recurrido el auto por el que el juez Fernando Andreu exculpó de forma provisional de los delitos de apropiación indebida y administración desleal al exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, y a otros once exdirectivos de caja Madrid al considerar que las famosas tarjetas black formaban parte de sus salarios.

Entre los directivos desimputados se encuentran el entonces director general y financiero de la entidad que fue rescatada, así como el secretario general del Consejo, el director de Banca Comercial, la jefa de Auditoría Interna, el director de Riesgos… En total, doce altos directivos que gastaron 3,4 millones de euros con estas tarjetas opacas al fisco. El juez los mantiene en el sumario como responsables civiles a título lucrativo, por lo que de ser condenados deberán devolver el dinero.

En su recurso de apelación, UPyD califica de “incomprensible” el cambio de criterio del juez instructor que considera estas tarjetas como parte del salario de algunos de los directivos, tras tomarles declaración a los imputados en esta pieza separada del 'caso Bankia', sobre la salida a bolsa de la entidad que tuvo que ser rescatada con dinero público.

UPyD discrepa de la percepción del juez instructor: “Defender que las tarjetas de crédito eran parte del salario es, dicho con el máximo respeto y estricto ánimo de defensa, puro voluntarismo. Los hechos que se acaban de exponer nos llevan a afirmar que las tarjetas “opacas”, lejos de ser un concepto retributivo, eran una sutil manera de comprar las voluntades de los Directivos, que los mismos aceptaron a pesar de ser perfectamente conscientes de que su mero uso era ilegítimo, de la misma manera que es ilegítimo todo gasto personal injustificado realizado con una tarjeta de representación”.

Verdú: no era parte de su salario

La acusación popular recuerda al juez que en su auto del 28 de febrero explicaba cómo se funcionaba con estas tarjetas: fuera del circuito ordinario, sin contrato, con límite arbitrario, donde el dinero que no se gastaba no se ingresaba en la cuenta del beneficiario, con algunos titulares que la usaban y otros que no.
“¿Cómo puede formar parte del ‘paquete retributivo’ unas disposiciones variables en función del uso dado a la tarjeta, ocultadas a la propia entidad pagadora, concedidas sin soporte contractual y al margen de cualquier control fiscal o de índole laboral?”, se pregunta en el escrito.

El juez decidió exculpar a estos doce directivos de dos delitos penales porque habían declarado de forma “invariable, uniforme y consistente” que las tarjetas formaban parte de sus salarios.
En cambio, UPyD opta por centrarse en la declaración de Francisco Verdú, el único que guardó la tarjeta en un cajón.

En su declaración,Verdú reconoce que no utilizó la tarjeta porque no estaba en su contrato. Ha sido antes “directivo importante” en BBVA, Argentaria y Banca March,” y yo no puedo usar una tarjeta sin gastos sin justificación. Los bancos en los que he estado la cesta de navidad se pagaba como pago en especie con retención.”

Los exdirectivos desimputados son Matías Amat Roca, entonces director general y director financiero de Caja Madrid (389.025 euros en gastos de tarjeta black); Enrique de la Torre Martínez, secretario general de Caja Madrid (320.742 euros); Ramón Ferraz Ricarte, director general de Banca Comercial (397.860 euros en gasto de tarjeta black); Carmen Contreras Gómez, directora de Auditoría Interna (266.986 euros); Mariano Pérez Claver, Director de Banca Comercial y consejero delegado de la Corporación (379.513 euros); Rafael Spottorno Gómez, director gerente de la Fundación Caja Madrid, quien gastó 223.864 euros; Ramón Martínez Vilches, director de Riesgos (91.158); Ricardo Morado Iglesias, director de Sistemas y Organización (448.318 euros en gasto de tarjeta); Luis Gabarda Duran, director del Gabinete del presidente y director de gestión de activos de la entidad (139.707 euros); Carlos Vela García, director de Banca de Negocios (249.202); Juan Manuel Astorqui Portera, director de Comunicación de Caja Madrid (292.993 euros), así como Carlos María Martínez Martínez, director gerente de la Obra Social (276.000 euros).