El rifirrafe político a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus ha subido de tono esta semana. Aunque llevan insistiendo en ello desde hace ya algún tiempo, PP  y Vox han endurecido su discurso contra el Gobierno y contra el vicepresidente Pablo Iglesias: repiten como un mantra que la responsabilidad de lo ocurrido en las residencias, donde han muerto casi 18.000 personas desde marzo, es del Ejecutivo central y más en concreto de Pablo Iglesias, al que la derecha y la ultraderecha han convertido en la diana de sus ataques, en un claro intento de eludir su propia responsabilidad por lo ocurrido en las residencias de Madrid y Castilla y León, donde incluso se llegó al extremo de negar la derivación de ancianos a hospitales.

La estrategia de PP y Vox se sostiene sobre una falsedad, la de que con el decreto del estado de alarma Pablo Iglesias asumió "el mando único" en las políticas sociales. Pero eso no es así: Pablo Iglesias jamás ha tenido ese "mando único", ni en las políticas sociales ni mucho menos en la gestión de las residencias. 

"Es un bulo", sostiene en Twitter Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

De hecho, el real decreto ley de 14 de marzo por el que se instauró el estado de alarma establecía que había "cuatro autoridades competentes delegadas": los ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. El titular de este último departamento, Salvador Illa, sería, además, "autoridad competente delegada" en "las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los ministerios indicados".

Es más, en el propio texto del decreto, en el artículo 6, llamado "Gestión ordinaria de los servicios", se decía claramente que las comunidades autónomas mantendrían sus competencias, entre las que figuran las residencias de ancianos y de los hospitales: "Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5".

¿Por qué dispara entonces la derecha contra Pablo Iglesias? Todo arranca el 19 de marzo. Ese día Pablo Iglesias y Salvado Illa comparecieron en Moncloa para anunciar una ayuda destinada sobre todo a reforzar el personal en estos centros. Iglesias anunció el reparto de 300 millones de euros para reforzar la atención social durante la emergencia sanitaria. En esa misma comparecencia se anunció "una orden consensuada" con las comunidades autónomas en la que se establecían normas obligatorias para evitar la propagación de la enfermedad en las residencias.

Esa orden del ministerio de Sanidad también facultaba a la autoridad competente de la comunidad autónoma a intervenir los centros residenciales, que quedaban sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la región correspondiente: "La autoridad sanitaria de la comunidad autónoma podrá modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con independencia de su titularidad pública o privada", reza el texto.

Pese a que ningún documento oficial avala su discurso, la derecha ha pisado el acelerador esta semana: cada vez más acorralada por una gestión bajo sospecha de las residencias madrileñas, la derecha del PP y la ultraderecha de Vox se han escudado cada vez más a esa comparecencia del 19 de marzo para tapar sus carencias señalando públicamente a Iglesias y repitiendo todas las veces que haga falta la falsedad de que el vicepresidente es el único responsable de la gestión de las residencias de ancianos en España. Pero en realidad, siempre han sido las comunidades autónomas las responsables de dicha gestión, incluso durante el estado de alarma. 

Responsabilizar a Iglesias de la negligente gestión de las residencias madrileñas forma ya parte del argumentario del PP. De hecho ayer, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, volvía a atacar con palabras gruesas al vicepresidente del Gobierno. Este miércoles le tocaba al vicesecretario general del PP, Teodoro Garcúia Egea, volver a la carga: ha reclamado a Iglesias que le dijera una decisión concreta que hubiera tomado en materia de protección a los mayores como mando único de las residencias. Iglesias se ha defendido: "Ustedes tuvieron la indecencia de que cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, negaron la existencia de esa orden, y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir (...) que esa orden era ilegal e inmoral, qué poca vergüenza señoría".

Iglesias ha dicho más cosas a lo largo de esta semana: ha recordado, por ejemplo, que bajo la autoridad de Sanidad se dio a las comunidades autónomas  capacidad de poder intervenir en las residencias privadas. "Modestamente, cumplimos nuestro deber y obligación en el marco nuestras competencias", ha asegurado el vicepresidente después de las acusaciones que ha recibido del PP y Vox, aunque no ha confirmado si el Ejecutivo emprendería acciones legales.

Algo que no descarta hacer, pero contra el vicepresidente Iglesias, el Gobierno de Madrid tras las declaraciones de Iglesias, que, según el portavoz madrileño, Ignacio Aguado (Cs), son "inadmisibles". Lo cierto es quien tiene problemas es el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sometido a un tensión sin precedentes después de que la semana pasada se filtraran correos en los que que quedó claro que desde la Puerta del Sol se dieron instrucciones y criterios para no derivara ancianos desde residencias a hospitales. Esa decisión ya ha llegado al Tribunal Supremo.