La consecuencia más dolorosa de la pandemia del coronavirus ha sido su elevada letalidad entre la población mayor de 70 años: cerca del 87% de las víctimas mortales de la enfermedad tenían más de esa edad. En los momentos más duros de la pandemia, cuando los fallecidos se contaban por centenares, el coronavirus se cebaba con los ancianos y encontraba un hábitat natural para actuar en las residencias de mayores. Tanto es así, que de los más 27.000 fallecidos en España, algo más de 18.000 han muerto en estos centros.

Todos estos datos tan aterradores tienen una derivada política. Ya ha quedado acreditado que varias comunidades autónomas, de cuya gestión dependen las residencias de ancianos, dieron órdenes para no derivar a muchos de los enfermos atendiendo a criterios como el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual. Es especialmente relevante el caso de la Comunidad de Madrid, foco de la epidemia, donde una gestión bajo sospecha ha desatado toda una tormenta política que amenaza incluso con un adelanto electoral.

¿Qué ocurrió en las residencias de ancianos?

A estas alturas de la pandemia, los médicos, virólogos y epidemiólogos ya van conociendo al coronavirus: es un hecho incontestable que el virus tiene especial incidencia en las personas mayores de 70 años y en aquellas personas que presentan una patología previa de tipo cardíaco o respiratorio. Entre mediados de marzo y mediados de abril el virus circuló casi libremente por las residencias de ancianos: a partir del 17 de marzo corrieron noticias de brotes masivos en las residencias de ancianos en varias zonas del país. En total, el 70% de los fallecidos por coronavirus han muerto en una residencia de ancianos. El caso de la Comunidad de Madrid fue especialmente sangrante: casi cada día saltaban a los titulares de prensa noticias de decenas de muertos en residencias de ancianos madrileñas, donde de hecho la mortalidad llegó a ser hasta diez veces superior a las de otros territorios. 

¿Qué hizo la Comunidad de Madrid?

A mediados del pasado mes de marzo España era un país confinado pero también asustado. Las autoridades temblaban ante la posibilidad de que el sistema sanitario colapsara. El Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Ayuso tomó una decisión polémica: cortar el nexo entre los hospitales y las residencias. Al menos desde el 18 de marzo la Consejería de Sanidad elaboró al menos dos protocolos en los que se excluía a los ancianos con gran dependencia y gran discapacidad, los mas vulnerables ante el coronavirus, de ingresar en un hospital. Decisiones similares se tomaron en Castilla y León y en Catalunya, pero Madrid ha sido el territorio más afectado por una decisión ética y legalmente muy cuestionable. Ahí han muerto casi 7.000 ancianos en residencias. Según Infolibre, el 80% de los ancianos enfermos murieron sin ser trasladados a un hospital.

La tormenta política en el Gobierno de Ayuso

Aunque ya en los últimos días de marzo la prensa informaba de que no se estaba derivando a todos los ancianos a hospitales, el escándalo en Madrid no ha prendido hasta la primera semana de junio, cuando el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Ayuso, Alberto Reyero, nombrado por Ciudadanos, socio de Gobierno del PP en Madrid, reconocía abiertamente que envió dos correos electrónicos el 22 de marzo al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, advirtiéndole de "muchos residentes podrían fallecer de forma indigna" y de que esa decisión de no ingresar a los ancianos en los hospitales podía ser ilegal. El departamento de Reyero era el encargado de gestionar las residencias en Madrid, pero fue claramente puenteado. El consejero de Sanidad dio entonces la callada por respuesta. La semana pasada Reyero se reiteraba en su rechazo a la medida y el PP ha madrileño ha salido en tromba contra él. Ahora mismo la desconfianza entre el PP y Ciudadanos en Madrid es máxima, hasta el punto de que la prensa conservadora informa de la posibilidad de un adelanto electoral en Madrid-

Desviar la atención: objetivo Pablo Iglesias

Acorralada por una gestión bajo sospecha y negligente, Ayuso, apoyada por Vox, ha hecho todo lo posible por eludir su responsabilidad y por buscar un chivo expiatorio. El Gobierno madrileño ha optado por la vía más fácil: negar cualquier intencionalidad y achacarlo todo a "un error". Además, el PP madrileño, secundado por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha cargado toda la  responsabilidad en Pablo Iglesias, al que de manera engañosa PP y Vox otorgan una responsabilidad en la gestión de residencias de mayores que claramente no tiene. 

El verdadero papel de Pablo Iglesias

La estrategia de la derecha pasa por culpar a Iglesias y de paso sembrar confusión e incertidumbre en la ciudadanía. Pero Iglesias no tiene ninguna responsabilidad en la gestión de las residencias de ancianos. Es cierto que el pasado 19 de marzo, en plena emergencia sanitaria, anunció que el Gobierno destinaría 300 millones de euros a las residencias y también anunció una orden para "reforzar a la única autoridad que tiene competencia en las residencias de ancianos que son las comunidades autónomas". En ningún momento él tomó el mando, siempre lo dejó en manos de las residencias.

El caso llega al Tribunal Supremo

Además de las responsabilidades políticas también hay responsabilidades penales. Este es por ahora el último capítulo de esta historia. Varios centenares de familiares de los fallecidos han presentado varias querellas contra Isabel Díaz Ayuso y parte de su equipo. Y el caso ya ha llegado al Tribunal Supremo: el pasado viernes el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se inhibió a favor del Tribunal Supremo en una querella colectiva interpuesta por familiares contra la presidenta regional el consejero de Sanidad y 10 directores de geriatricos. El camino judicial se antoja largo.