Cada vez parece más claro que la versión de la Comunidad de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias de mayores negando las órdenes que se impartieron para que la mayoría de los ancianos enfermos por coronavirus, al menos aquellos con discapacidad o dependientes, no fueran derivados a hospitales chocan con la cruda realidad. El diario El País, en una información firmada por Fernando Peinado, asegura que el Gobierno madrileño envió al menos cuatro correos en los que se hablaba de excluir de los hospitales a ancianos de residencias.

El periodista de El País asegura haber visto "los correos electrónicos de un alto cargo de la Consejería de Sanidad solicitó que se enviaran esos protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid". Según esta información, "Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria, envió al menos cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo". Todos esos documentos fueron firmados digitalmente por Mur de Víu y fueron a los que se ciñeron los hospitales y residencias.

El objetivo declarado en los propios correos era evitar el colapso del sistema sanitario madrileño, sobre todo en la fase más dura de la pandemia, entre mediados y mediados de abril. A partir de esa fecha, los ancianos empezaron a ser admitidos en los hospitales. De hecho, el 88% de las muertes por coronavirus en residencias de ancianos se produjeron antes del 17 de abril. 

Según El País, en al menos dos mensajes, Mur de Víu explica que el objetivo es "racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos". En otro correo electrónico fechado el 20 de marzo, Mur de Víu escribe: "En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPI (equipos de protección individual) en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales".

En ese correo del 20 de marzo se especifican hasta cinco criterios de exclusión de pacientes "con infecciones respiratorias que vivan en cualquier residencia sociosanitaria de Madrid" y los dependientes de acuerdo al índice de Barthel, "una escala que mide la autonomía de las personas del 0 al 100", explica El País.

Hubo críticas y quejas, incluso del propio consejero de Políticas Sociales del Gobierno madrileño, Alberto Reyero, se opuso a ello. Después de esas críticas la Consejería de Sanidad rectificó y eliminó la exclusión de las personas con discapacidad de cualquier edad. Además, rebajó el nivel de dependencia del índice de Barthel a 60 a 25.

Mur de Víu fue destituidp el pasado mes de mayo,  poco después de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por la disputa interna sobre si Madrid debía pasar de fase durante la desescalada.