Fueron muchas las mentiras que pronunció –con obligación de decir la verdad– ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el uso partidario del Ministerio del Interior contra rivales políticos del PP. Pero José Ángel Fuentes Gago tenía una cobertura imbatible: la pistola humeante que hubiera demostrado su falso testimonio había sido destruida en los servidores de los mismísimos archivos informáticos centrales de la Policía Nacional, custodiados en los sótanos de El Escorial.

No una sola vez, sino muchas, el que fuera jefe de gabinete del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, mintió a los diputados de la comisión: al pretender que no tuvo nada que ver con la grabación ilegal de una reunión secreta en el caso del pequeño Nicolás; al sostener que estaba asignado a Asuntos Internos y que obedecía las órdenes del jefe de esa Unidad, Marcelino Martín-Blas; al negar su participación en las reuniones clave de la brigada política en el despacho de Pino; al inventarse de pronto que fue Martín-Blas quien le instó a organizar las reuniones entre el exministro Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, cuya revelación por Público tiró de la manta de las cloacas de Interior...

Tantas veces mintió Fuentes Gago –y Público puede demostrar documentalmente todas esas mentiras tras dos años y medio de investigación– que su declaración ante los parlamentarios parecía temeraria: contradijo hasta el contenido de los audios y los testimonios ante el Congreso de ambos interlocutores. Pero tenía un seguro de vida: el correo electrónico que envió a Martín Blas a las 14.56 horas del 12 de diciembre de 2014 –en el que adjuntó el archivo *.mp3 de la grabación ilegal de su conversación en sede policial con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– había sido completamente eliminado de los servidores de El Escorial.

El único fallo de ese crimen perfecto es que esa gravísima destrucción de pruebas (alojadas en un archivo policial central), de un flagrante caso de violación de la seguridad del Estado que está siendo investigado por la Justicia, puede ser demostrada. Para empezar, éste es el contenido del correo electrónico que Fuentes Gago remitió desde su iPhone a la cuenta de mail oficial de Martín-Blas:

En "Datos adjuntos" aparece el archivo VCE_141021_002.mp3 que corresponde a la grabación de la reunión en el despacho oficial de Martín-Blas en la que el jefe de Asuntos Internos y el inspector Rubén Eladio López hablaron con varios agentes del CNI sobre el curso de las investigaciones relacionadas con el pequeño Nicolás, quien se estaba haciendo pasar por agente del CNI e incluso enlace entre la Vicepresidencia y la Casa Real, con el fin de cometer estafas.

Aunque todavía es más incriminatorio, en el contenido de este mail –el que ha sido destruido de los archivos centrales de la Policía en El Escorial–, que Fuentes Gago ha borrado la identidad del remitente original antes de reenviarlo al comisario principal Martín-Blas. Ante la comisión de investigación del Congreso aseveró que él obedecía órdenes del jefe de Asuntos Internos porque era superior en rango jerárquico. Entonces, ¿cómo es que le oculta a su superior el origen del material que le reenvía y que sin duda es constitutivo de delito?

Para explicarlo, hemos de narrar los hechos que se produjeron en esos días... y aportar más pruebas documentales, claro.

El día antes de ese e-mail incriminatorio, Pino (el DAO) había llamado a su despacho a Martín-Blas, quien se encontró allí dentro a Fuentes Gago y al periodista Eduardo Inda. Le dijeron que este último poseía una grabación de la reunión que él mantuvo con agentes del CNI dos meses antes en su despacho y el jefe de Asuntos Internos quedó asombrado y alarmado. Así que propuso enviar al día siguiente al inspector López a recoger esa grabación.

Pero cuando Rubén López fue a buscar la grabación, Inda no se la entregó. Dos veces intentó que el periodista se la entregara sin resultado, por lo que dijo telefónicamente a Martín-Blas que dudaba de que realmente existiera. Así se lo comentó el jefe de Asuntos Internos a Fuentes Gago y éste, para demostrar que sí existía, se la reenvió a su superior... borrando el remitente original de la copia que poseía. Si el remitente era Inda, no tenía por qué borrar el origen, ya que Martín-Blas había visto al periodista y ya contaba con que la fuente era él. ¿Quién era la verdadera fuente de Gago?

Pero casi al mismo tiempo (a las 15.11, o sea, sólo un cuarto de hora más tarde), Inda cedía a las presiones del inspector López y le reenviaba también copia de la grabación mediante un e-mail enviado también desde su teléfono móvil. Éste es el correo electrónico que envió el periodista, con una copia de la grabación ilegal:

Se puede comprobar que entre los datos adjuntos está el mismo archivo VCE_141021_002.mp3 que es el de la grabación. Pero, una vez más, lo más incriminatorio no es evidente y está en la parte inferior de esta captura de pantalla: con las prisas, Inda se olvida de borrar el historial del correo y resulta que esa grabación se la remitió por primera vez su colega Esteban Urreiztieta... ¡el 17 de noviembre de 2014! Es decir, los periodistas habían estado ocultando esa grabación ilegal durante casi un mes y de pronto se la ofrecían a Asuntos Internos con la intención de que la incorporase a la causa, algo que sin duda motivaría la invalidación de todas las actuaciones contra el pequeño Nicolás.

Ahora bien, cuando la comisión judicial que ayudaba al juez Arturo Zamarriego a descubrir al autor o autores de esa grabación ilegal presentó estos correos electrónicos como prueba, el fiscal se opuso a aceptarlos –pese a que procedían de ordenadores y cuentas de e-mail pertenecientes al Cuerpo de Policía Nacional– y reclamó que se aportasen los originales radicados en los servidores centrales situados en El Escorial.

El Centro de Datos tarda siete meses en informar al juez

En consecuencia, el magistrado solicitó esa información mediante un mandamiento dirigido al "Centro de Protección de Datos de El Escorial de la Dirección General de la Policía a fin de que se llevara a cabo la interceptación y el volcado de datos de contenido y registro de la cuenta de D. José Fuentes Gago: José[email protected] durante los meses de octubre noviembre y diciembre de 2014". Tal como se puede leer en el auto emitido el pasado día 8 de julio por la jueza que sucedió en el caso a Zamarriego, la magistrada Pilar Martínez Gamo, que se reproduce al final de este artículo.

Pero lo que hace ese auto es, precisamente, archivar la subpieza secreta que se abrió para desentrañar esos correos –y desimputar definitivamente a Fuentes Gago– porque cuando finalmente el Centro de Protección de Datos remite el informe de sus archivos al juzgado (siete meses después de que se lo hubiera solicitado el juez Zamarriego) se descubre que están todos los mails de Fuentes Gago ¡a excepción del que recibió con el remitente original de la grabación!

En consecuencia, tanto Zamarriego como Martínez Gamo deciden el sobreseimiento de la causa contra Fuentes Gago... ¡porque la prueba de cargo contra él ha desaparecido de los archivos centrales de la Policía!

¿Cómo sabemos que ese original existía y fue borrado? ¿Por qué tardó siete meses en responder a un mandamiento judicial el Centro de Protección de Datos de la Policía? ¿Cómo es que no se investiga esa clara destrucción de pruebas de un caso tan grave que afecta a la seguridad del Estado?

Público cuenta también con los documentos que dan respuesta a todas esas preguntas. Pero como esta historia es ya demasiado larga, los aportaremos en un siguiente artículo.

...CONTINUARÁ