Quien acude al hospital público Reina Sofía de Córdoba, de primer nivel y de referencia para toda la provincia, en coche o vehículo privado –el 73% de los que van utilizan ese medio de transporte, según los últimos datos fiables– aparca en una explanada, asfaltada en su mayoría y descubierta, en la que las plazas, unas 1.200, no están señalizadas. Cualquier persona que tenga que desplazarse de forma habitual al hospital agradece que ir hasta allí no le cueste el dinero.

Aparcar allí es hoy gratis. O no, según la voluntad del usuario. Una empresa de inserción social, con once trabajadores, cobra donativos de 1 euro desde hace años de forma, podría decirse, alegal, sin que medie un acuerdo escrito, un contrato, con la administración.

Ahora, la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, acaba de sacar a licitación –aún no está completada– la gestión de ese espacio por 1,8 millones de euros. Lo que se pretende es que la compañía a la que se le adjudique el parking, todavía no se sabe cuál, cobre, en principio un euro, por aparcar allí.

El asunto, que va más allá de Córdoba, porque en numerosos aparcamientos cercanos a los hospitales de toda la Comunidad se paga por aparcar, llegó este jueves al Parlamento, donde PSOE y Adelante Andalucía, que consideran que lo que hay detrás es un mero intento de privatizar un espacio que ahora es público, de transferir rentas de los contribuyentes a una empresa, reclamaron al Gobierno de Juanma Moreno que retire el pliego de condiciones y abra un proceso de negociación en Córdoba para decidir, con la participación de los agentes sociales de la ciudad, qué hacer con ese aparcamiento.

PP y Ciudadanos se avinieron a negociar, pero solo sobre las condiciones del pliego. Se negaron a retirarlo para empezar de cero y rechazaron, con la ayuda de Vox, las proposiciones de la oposición. En el caso del PP, el asunto supone un cambio de opinión diametral, porque en 2016, se opusieron con gran notoriedad, cuando gobernaba el PSOE de Susana Díaz, al proyecto que ideó aquel gabinete para regularizar la situación mediante la privatización del aparcamiento a cambio de que parte de los ingresos que obtuviera la empresa adjudicataria derivados de su explotación, regresaran al sector público mediante la entrega de equipamientos y la ampliación del ala materno-infantil del hospital.

La falta de consenso y la oposición frontal de los colectivos agrupados en la plataforma ciudadana Aparcamientos Reina Sofía –en la que paradójicamente sigue integrado el PP– que aboga por la gratuidad del espacio, doblaron entonces, hace cuatro años, la mano al Ejecutivo de Díaz, que acabó por renunciar a la propuesta. El PSOE hoy defiende, tras su quiebro, que las cosas tienen que hacerse de la mano de esta plataforma.

Un pelotazo

"Lo que se pretende con esta licitación es un pelotazo", afirma en conversación con Público, Francisco Martínez, portavoz de la plataforma. "La suma del canon no es el presupuesto del contrato, que es muy superior: 36.000 euros contra 1,8 millones. Además, es la Junta quien se compromete a pagar los suministros de energia". Así, si el Gobierno andaluz sigue adelante, es muy probable que la licitación acabe en los tribunales. La plataforma del parking Reina Sofía considera que el pliego de la administración está plagado de "irregularidades". "La vorágine especulativa y de privatización sin precedentes de la sanidad pública del Consejero de Salud, Jesús Aguirre, se demuestra con una licitación plagada de anomalías y contradicciones", afirman.

Los portavoces de Ciudadanos, Emiliano Reyes Pozuelo, y PP, Beatriz Jurado, en la Cámara defendieron que lo que el Gobierno andaluz pretende es "regularizar" la situación, afirmaron que no se puede permitir que la empresa que hoy gestiona el espacio lo siga haciendo sin soporte legal, aseguraron que la Intervención de la Junta les obligaba a tomar medidas, y alegaron que el cobro de un euro era "simbólico".

También afirmaron estar dispuestos a negociar, pero desde el pliego, es decir, su contenido, –aspectos como quién debe pagar y quién no y qué tipo de sociedades, sin ánimo o con ánimo de lucro, pueden optar a la licitación– pero descartaron de manera rotunda que la gestión del espacio pasase directamente a manos del Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo.

La portavoz de Vox, María José Piñero, llegó a decir que "los aparcamientos de los hospitales no son prestaciones sanitarias ni influyen en la salud, por lo que no deben incluirse en el paquete de prestaciones gratuitas".

Ana Naranjo, de Adelante Andalucía, se dirigió a PP y Ciudadanos: "Vengo a hacerles un ruego y a pedirles una reflexión. Estamos a tiempo de sentarnos y de escuchar a la plataforma ciudadana. Hay una línea de sentido común: estarán de acuerdo en que no es un buen momento. Ahora menos que nunca [procede] hacer este tipo de licitaciones que van a suponer un coste directo en el bolsillo de los cordobeses y a beneficiar intereses individuales y privados. Estamos a tiempo de retirar el pliego: ¿Por qué hay que cobrar si son terrenos públicos?", se preguntó.

Jesús María Ruiz, diputado del PSOE, manifestó que lo que pretende su partido es "paralizar un desatino". Ruiz reconoció que la Junta, cuando gobernaban los socialistas retiró su plan. "Lo hicimos sin problemas para llegar a un consenso en algo que afecta a toda la provincia de Córdoba, de enfermos y parientes que acuden a diario al hospital". "El pliego está en la calle con nocturnidad y alevosía", agregó, y luego remachó: "Quieren meter la mano en el bolsillo de los cordobeses para dárselo a una empresa. Lo contrario de lo que hacia Robin Hood".

Irregularidades

Entre lo que la plataforma considera en un comunicado, "irregularidades" en el pliego están, por un lado, que "el presupuesto del contrato no está definido de dónde sale". También consideran que el Gobierno solo ha pensado "exclusivamente en una concesión rápida sin tener ni siquiera en cuenta que la actualización del canon por el IPC sería nula", porque, señalan, "el canon se entiende que es un valor monetario". "Igualmente –añade la plataforma–, el pliego señala que no hay revisión de precios, cuando efectivamente es un valor monetario, por lo que es contradictorio e incongruente".   

También asegura la plataforma que "podría declarase nula la licitación por no realizarse electrónicamente". Y, por último, "la fórmula aritmética que aparece en el pliego de condiciones y que será utilizada para la para dar las puntuaciones, igualmente podría ser nula, ya que existe una doble puntuación de la parte económica". La diputada Jurado aseguró que el pliego estaba visado por los servicios jurídicos del SAS y que, en el caso de existir alguna irregularidad, sería subsanada. 

El propio presidente Juanma Moreno, cuando estaba en la oposición, se reunió con los colectivos que apuestan por la gratuidad del aparcamiento y, según la plataforma, se comprometió con ellos a defender que siguiera siendo gratis.