El Gobierno, unido, presentó este jueves su nuevo paquete de medidas fiscales. Un plan que desencalla las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entre PSOE y Unidas Podemos. El nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas, subidas en el IRFP para las rentas altas, bajada para las rentas bajas y modificación de Sociedades son los principales puntos del plan. Sin embargo, una reforma fiscal integral, de calado, sigue pendiente. El tiempo para ello corre a contrarreloj y esta semana se ha vuelto a poner el debate encima de la mesa. 

Desde el Ministerio de Hacienda encargaron un informe de expertos para abordar la reforma fiscal. Una petición en la que insistían en Unidas Podemos desde el comienzo de la legislatura. Pero el estallido de la guerra en Ucrania y la particular situación económica que provocaba frenó la iniciativa. Las recomendaciones para aumentar la progresividad del sistema fiscal se quedaron en el mes de febrero aplazadas. 

El Gobierno, de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentó compensar ese aplazamiento con nuevos tributos a las empresas energéticas o a las entidades financieras. Un camino y una línea política que se ha completado esta semana con el mencionado paquete de medidas fiscales adicionales. Y que satisfacen a Unidas Podemos pese a que la fuerza morada continuará exigiendo la reforma fiscal integral. 

Esta misma semana, fuentes de Hacienda transmitían que las nuevas medidas no agotaban la posibilidad de abordar una reforma "integral" del sistema fiscal. En el ministerio insisten en que el informe de expertos no queda anulado, pero que en estos momentos la coyuntura económica es compleja y particular. 

Sobre la continuidad o no del impuesto a las grandes fortunas, establecido de momento como temporal para los años 2023 y 2024, en el conjunto del Gobierno recuerdan que el impuesto de patrimonio se implantó en 1978 también con carácter provisional. Es decir, que podría extenderse más en el tiempo. 

En el Ministerio de Hacienda hacen hincapié estos días en que la propia Constitución española, en su artículo 31, defiende la progresividad. "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio", dice el texto de la Carta Magna. 

La situación económica: ¿Obstáculo o motor de la reforma?

En este sentido consideran que el IRPF es esencial para conseguir esa progresividad, acompañado de otros tributos como patrimonio o donaciones. En Hacienda explican que si el IRPF es cada vez más plano y se eliminan los impuestos de patrimonio, esa progresividad se puede diluir. Algo que según algunas voces del ministerio sería interesante atajar incluso desde un punto de vista constitucional. 

La derecha, por el momento, tiene la intención de llevar el debate, en este caso sobre el impuesto a las grandes fortunas, a los tribunales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró partidaria de llevar el tributo al Constitucional si invadía competencias autonómicas. Una respuesta que desde Hacienda ya preveían que podía suceder pero que consideran que no tiene recorrido al evitarse expresamente la doble imposición. El Gobierno ha desactivado de facto los beneficios fiscales a los ricos madrileños y andaluces. 

Tras la aprobación del plan fiscal, que recoge una gran parte de las medidas defendidas por Unidas Podemos, el espacio confederal advierte de que va a seguir trabajando para que se acometa una reforma fiscal estructural que logre cerrar la brecha de recaudación que España mantiene respecto a varios países de la Unión Europea.

El acuerdo cerrado con Hacienda es un triunfo para los de Yolanda Díaz e Ione Belarra, pero no cumple, a su juicio, con la "reforma fiscal de calado" que exigen en UP desde el inicio de la legislatura. Sobre el difícil contexto económico al que apunta el PSOE como obstáculo para acometerla, en Unidas Podemos creen que es precisamente este contexto el que obliga a profundizar más en medidas fiscales de carácter estructural.

Con el despliegue de los fondos europeos de reconstrucción y la aprobación de medidas de protección social (que elevan el gasto) durante la pandemia y la guerra de Ucrania, en el espacio confederal consideran que es el momento de que las rentas, patrimonios y empresas más privilegiadas aporten más a las arcas públicas. De lo contrario, advierten, los costes de la situación económica los pagarán los de siempre.

Pese a todo, en UP saben que el tiempo para acometer una reforma fiscal de calado juega en su contra, ya que en poco más de un año se debería alcanzar un acuerdo con los socialistas y se deberían aprobar medidas para que el nuevo modelo tributario viera la luz antes del final de la legislatura. "Es cuestión de voluntad política, la del PSOE", aseguran.