Los partidos políticos Más País, Compromís, ERC, JxCat, EH Bildu, BNG y la CUP han pedido a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos de policías infiltrados en movimientos sociales. Este lunes La Directa volvía a sacar a la luz otro caso de un agente que mantuvo durante dos años una identidad falsa en grupos vecinales de València.

Según relata el medio valenciano, Ramón Martínez Hernàndez fue la identidad que tomó este policía para adentrarse en las organizaciones sociales de Benimaclet, barrio valenciano que se ha convertido en el epicentro de las luchas sociales en la región. Este agente se matriculó en la Universitat de València como cuartada para infiltrarse en grupos antifascistas. Durante dos años, este infiltrado participó en manifestaciones, formó parte de "acciones directas" o gestionó grupos de Telegram.

Para esta operación, asegura La Directa, el Ministerio del Interior facilitó un documento de identidad alternativo, un número en la Seguridad Social y la matrícula en la universidad valenciana. Este procedimiento es similar al que llevó a cabo con los otros dos agentes infiltrados que operaron en grupos sociales de Catalunya y el País Valenciá.

Los grupos activistas vinculados a Benimaclet están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales, además de exigir responsabilidades políticas tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como al Ejecutivo. "Es una vergüenza escuchar del señor Grande-Marlaska que esta es una práctica habitual para prevenir delitos", han denunciado representantes de Cuidemos Benimaclet, CSOA L'Horta y Alerta Solidaria. En un manifiesto, estos grupos han alertado que la actividad del infiltrado no ha derivado "en ninguna causa social" contra ellos y solo ha servido para crear "un largo listado de nombres y apellidos de activistas".

"La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad"

"¿Existe abuso de poder en las instituciones del Estado?", ha preguntado Miriam Nogueras, diputada de JuntsxCat, a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno de este martes. Los grupos parlamentarios que han pedido la comparecencia del presidente también han solicitado que acuda Grande-Marlaska al Congreso para dar explicaciones.

Desde Unidas Podemos, Jaume Asens, portavoz de los morados en el hemiciclo, ha exigido explicaciones a Interior: "La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad". A través de una nota de prensa, el político ha vinculado este caso con el ocurrido en Barcelona, tras preguntar si forma parte del "modus operandi de los funcionar infiltrados" entablar "relaciones sexoafectivas con integrantes de movimientos".

"Esto no se puede consentir en una democracia", ha denunciado Joan Baldoví a través de las redes. El dirigente de Compromís, además de pedir responsabilidad a Marlaska, ha querido destacar el trabajo de los periodistas responsables de sacar a la luz estos casos.

Justificar la actuación de agentes encubiertos

El pasado 30 de enero, La Directa publicó el caso más polémico de estos policías encubiertos. En esta ocasión, Dani Hernández Pons, el alias empleado por este agente, mantuvo relaciones sexoafectivas con cinco mujeres como estrategia de infiltración. Estas mujeres han presentado una querella alegando que jamás hubieran entablado relaciones con esta persona si hubieran sabido que era policía. Las denuncias consideran que se han podido cometer delitos de abusos sexuales y contra la integridad moral, entre otros.

Una de las preguntas que sobrevuela en todas estas revelaciones es qué indicios tenía la Policía para infiltrar a uno de sus agentes en estos grupos sociales. El artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga la responsabilidad al Poder judicial para autorizar la actividad de un agente encubierto. A su vez, "la identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración".

De los delitos contemplados en el Código Penal para justificar dicha operación, lo más plausible es que las autoridades estuvieran detrás de delitos de terrorismo cometidos por estos grupos sociales. Por lo tanto, ¿ha sido justificable la infiltración de estos policías? Hay que tener en cuenta que estos agentes operaron durante dos y tres años, y después de su actividad no han evidenciado ningún acto criminal dentro de estas organizaciones sociales.