Coser lo rasgado y comenzar a gobernar. La legislatura que arranca es una hoja casi en blanco donde la mayor parte está por escribir. El punto del que parte el Govern de Pere Aragonès viene del 155, de las causas judiciales abiertas contra el independentismo y de la desconfianza entre socios del Govern. Reestablecer una dinámica política del Ejecutivo de forma que se acerque lo más posible a la normalidad, sin aparcar el objetivo de la resolución democrática del conflicto y la supresión de la represión, es uno de los retos con los que comienza a andar el mandato del 132 presidente de la Generalitat. Sin embargo, la gestión de la pandemia, muy presente aunque ya en supuesta recta final, no está exenta de obligaciones que le exigirán al Govern máxima atención en varias áreas. Gobernar en tiempos de covid será el otro gran reto, que tendrá repercusiones en lo sanitario y en lo económico, entre otras. Diseccionemos, pues, los más relevantes desafíos que enfrenta el nuevo Govern de Aragonès.

Comenzamos con la pandemia y unos indicadores que hablan de su lento y paulatino retroceso. El programa de vacunación acaba de empezar en la franja de los 40 y 49 años. Contribuir a la inmunización de toda la ciudadanía será tarea logística de la nueva Conselleria de Salut, pilotada por una figura clave y conocida de los últimos meses en Catalunya: Josep Maria Argimon. Servirá para dejar atrás una crisis sanitaria que, no obstante, ha dejado bien visibles las principales carencias del sector. En especial, las relacionadas con la falta de personal y la necesidad de invertir en equipamientos. Carencias, del otro lado, que el personal sanitario viene denunciando desde hace años y que se traducen, afirman, en salarios muy bajos y en condiciones laborales indignas. Esta realidad afecta, en buena medida, a quienes forman parte de la Atención Primaria que se ha convertido en la primera línea de defensa de la pandemia. Mejorar la sanidad pública, pues, es uno de los desafíos destacados del Govern Aragonès.

La crisis económica, presupuestos y banco público

De la pandemia también cuelga la situación económica a que está sometido el país. Las perspectivas de crecimiento, tras meses de crisis, son optimistas gracias al buen avance del plan de vacunación. El levantamiento de restricciones para controlar el coronavirus también ha contribuido a generar buenos pronósticos. Faltará cuadrar las cuentas, que fueron prorrogadas junto a las de 2020. El reto para que formaciones tan dispares como Junts, ERC y CUP aprueben unos nuevos presupuestos será mayúsculo. Uno de los responsables de que cuadren será Jaume Giró, el titular de Economía. Un hombre con sensibilidad social que viene, no obstante, de la banca. Una de las principales tareas que se le ha encargado es, a la vez, uno de los desafíos más importantes de la legislatura, desde la visión de un Estado: crear un banco público, que lo haría transformando el Institut Català de Finances.

Los fondos europeos

En clave económica, será también momento para contar con la ayuda de los fondos europeos. Finalmente serán gestionados por un órgano transversal integrado por todos los miembros del Govern. Son 27 los proyectos que ha escogido Catalunya para destinar las ayudas que reciba (un total de 40.000 millones de euros). La gestión de estos fondos fue uno de los principales escollos durante las negociaciones para formar gobierno. A pesar de que fueron superadas, ahora, Junts y Esquerra deberán consensuar una estrategia común frente a la Moncloa, pues el diálogo con el Estado será necesario para poderlos canalizar.

La emergencia social

Aunque los números rojos que ha dejado la pandemia no han sido peores que los del año anterior (2019), otro de los grandes retos que enfrenta la nueva legislatura es el de la emergencia social. La saturación de los servicios sociales, el incremento de los sintecho o las largas colas frente a locales de atención socio sanitaria están en el punto de mira del Govern. Durante el debate de investidura, el president Aragonès se comprometió a destinar 700 millones de euros a un plan de choque. Combatir la pobreza extrema y reducir el número de personas en la calle formará parte de sus priodades. La Taula d'Entitats del Tercer Sector habla de 800.000 personas que no tienen qué comer, una cifra que Cruz Roja asciende a 1,2 millones.

Frenar los desahucios y el modelo policial

Del otro lado están los desahucios, que han seguido adelante pese a la pérdida de poder adquisitivo de muchas personas en situación de vulnerabilidad. En 2020 y en plena pandemia, cada día fueron expulsadas 22 familias de sus casas. Las Entitats Catalanes d'Acció Social creen que son necesarios 800 millones de euros para destinarlos a la vivienda social y evitar que las familias en riesgo se queden sin alternativas habitacionales. Además, otro de los consensos que generan los desalojos es el de la necesidad de que los antidisturbios no formen parte de ellos.

El mismo Pere Aragonès se ha comprometido a revisar el protocolo. Eso irá de la mano de un viejo reclamo, que es el de repensar el modelo de orden público para evitar abusos policiales. Joan Ignasi Elena, antiguo socialista hoy situado como independiente a la órbita de Esquerra, será el encargado de realizarlo. Por primera vez, la responsabilidad del Departament d’Interior estará en manos de los republicanos. Entre otras, Elena deberá estudiar, a instancias de la CUP, qué hacer con los proyectiles de foam que utilizan los agentes del cuerpo, con el objetivo de evitar lesiones y daños innecesarios a los manifestantes. Esto implicará prohibirlos en Catalunya o detallar más y mejor sus normas de uso.

Carteras clave

Las escuelas, con planes adaptados a una pandemia en retirada, la violencia de género, especialmente visibilizada durante el coronavirus, la Acción Climática, apoyada por una ley que requiere ser desplegada, el impulso de la igualdad con la nueva conselleria d'Igualtat i Feminismes, o la de Cultura, en estado crítico, son, asimismo, otras de las muchas carpetas con necesidades de urgencia que esperan ser atendidas en esta legislatura y que dibujan un panorama complejo de la realidad del país. Carpetas, sin embargo, que deberán compartir despacho con los complejos reclamos de un proceso político nacional que sigue en marcha.

Indultos y mesa de diálogo

Atentos a la tramitación de los indultos, los independentistas consideran que éstos no suponen una solución al conflicto político entre España y Catalunya. A pesar de ver con buenos ojos que los presos políticos puedan volver con sus familias, opinan, unánimamente, que el primer paso para la resolución del problema es la amnistía. Así se lo dirá Pere Aragonès a Pedro Sánchez en una reunión todavía sin fecha pero que se espera que llegue en las próximas semanas. Y que debe dar paso a la reactivación de la mesa de diálogo.

También tendrán consecuencias sobre la realidad política del país las reclamaciones que el Estado le hace a miembros de anteriores gobiernos independentistas por, supuestamente, haber proyectado la causa independentista al exterior durante los años y meses previos al referéndum.

Reclamos que pueden tener consecuencias penales con una nueva causa judicial y económicamente multimillonarias a instancias del Tribunal de Cuentas sobre quienes tenían funciones de gobierno durante ese período y para los que nada hace prever que exista una Ley de Amnistía que los ampare. La persecución del Estado al independentismo por los hechos de octubre de 2017 va a seguir teniendo consecuencias. El reto será ver cómo las enfrenta el Govern. De momento, no existe estrategia alguna consensuada. De la misma manera, tampoco existe una estrategia unánime para la hoja de ruta hacia la autodeterminación. Por lo menos, eso sí, han conseguido, con el pacto de Govern, dejar de lado sus profundas e históricas diferencias. Tal vez sea el mayor de los retos para la nueva legislatura, crear lazos de confianza y poderlos consolidar. Veremos.