Recorre una sensación en Moncloa durante las últimas semanas. Los efectos de las medidas que ha tomado el Gobierno de coalición para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania ya están funcionando. Con un añadido nada menor: la ciudadanía valora de forma positiva "medidas reconocibles" y con efectos directos. Pero para las elecciones aún queda tiempo. Y el Ejecutivo no quiere bajar la guardia.

En este contexto, PSOE y Unidas Podemos (UP) van a empezar a negociar ya el tercer paquete de medidas anticrisis. Con un punto especialmente clave para ayudar a las familias con los precios de la alimentación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere consolidar con este nuevo decreto el giro social de este último año que a su juicio, también compartido por UP, ha dado tan buenos resultados. 

La batalla económica que planteaba el PP de Alberto Núñez Feijóo consideran que de momento está ganada. Los buenos datos de inflación en comparación con el resto de países europeos son incontestables, según Moncloa. Igual que los datos de empleo. Las encuestas reflejan la recuperación de los socialistas y el retroceso del PP aún todavía en clara primera posición. Pero la tendencia ha cambiado. Sánchez tiene ya los terceros Presupuestos Generales del Estado (PGE). Todo parecen buenas noticias para la coalición pese a algunas leyes clave para UP que todavía están por resolver. 

Lo que queda de diciembre, tres semanas hábiles, promete ser frenético. La guinda se espera para los últimos días del año. Todo apunta a que, como pasó en el mes de junio, puede ser el propio Sánchez el encargado de presentarlo ante los medios personalmente. Él mismo, además, aprovechó el habitual corrillo en el Congreso con los periodistas para apuntar la clave principal que quieren introducir como novedad. Esto es, los precios de la alimentación. 

Cómo hacerlo es todavía una incógnita. Y ahí estará el principal meollo de unas negociaciones siempre intensas con sus socios. La parte morada, con Yolanda Díaz y Ione Belarra a la cabeza, ya presiona para que el decreto sea "ambicioso". Una palabra que también recogen en Moncloa. Todo dependerá del baremo y las expectativas que generen unos y otros para ver si ese resultado casa con el concepto de ambición que tienen ambos partidos. Aquí, desde UP tienen también otras prioridades más allá de la alimentación: la congelación de los alquileres y la limitación de las hipotecas. 

"Todo está abierto y se estudiarán todas las posibilidades", destacan fuentes gubernamentales. Sobre la mesa, para aliviar los precios de la cesta de la compra, desde UP barajan fórmulas como un cheque para las familias o un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de distribución. En el ala socialista insisten en que "se tienen que estudiar las medidas". Pero no se cierran a nada.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue claro esta misma semana al respecto destacando que habían recibido el mandato de Sánchez para buscar medidas en este sentido. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, destacó este viernes que están trabajando "en distintas medidas en el ámbito de la alimentación". 

Aparte de acabar el año con importantes anuncios, algo simbólico, la necesidad de tomar nuevas medidas es obligatoria. El anterior decreto caduca el 31 de diciembre. Algunas medidas de ese paquete ya se han anunciado que continuarán. Por ejemplo la extensión de la gratuidad en el transporte ferroviario tal y como está ahora mismo en vigor.

Otra de las medidas estrella es el descuento a los carburantes del 20%. Hay más dudas sobre la continuidad de la misma. Desde el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez se ha deslizado que solo se aplique al transporte profesional. Pero todo sigue en el aire.

También estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023 el tope del 2% a la subida del precio de los alquileres sobre el IPC y el incremento del 15% para las pensiones no contributivas. La reducción del IVA de la luz y del gas al 5% también debe renovarse. 

"Proteger, proteger y proteger". Es uno de los lemas del equipo de Sánchez. Desde Moncloa han potenciado el discurso de "dar algún tipo de certidumbre ante la incertidumbre". Una manera de decir que aunque no se sepa con certeza lo que va a pasar por el contexto europeo y económico, "el Gobierno hará todo lo necesario para que no le afecte a la ciudadanía", en especial a las "clases medias y trabajadoras". 

Lo que sí está claro es que "habrá nuevas medidas". Lo único, de hecho, a día de hoy. En paralelo, el Congreso será también escenario de intensas negociones para desatascar, si es posible, algunas leyes pendientes. En especial, la ley trans o la de bienestar animal. Con el decreto anticrisis, además, Moncloa espera marcar agenda tras unos días especialmente revueltos tanto internamente por las diferencias entre socios como por la reacción de la derecha a las enmiendas introducidas en la reforma del Código Penal.