El escudo social es ya una de las políticas más reconocibles del Gobierno de coalición en materia de protección social. Así lo creen en Unidas Podemos, y por eso, entre otros motivos, se han impuesto la tarea de tratar de convencer al PSOE de aprobar un escudo de final de año ambicioso y potente en todas sus propuestas.

Yolanda Díaz avanzó este miércoles que el espacio confederal ya ha constituido la mesa negociadora que se sentará con los socialistas para abordar las medidas del denominado decreto anticrisis (una norma que debería ver la luz este mismo mes de diciembre).

En este equipo estarán presentes, al menos, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, dos de los principales hombres de confianza de Díaz y de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Además, Díaz y Belarra mantienen una comunicación fluida en lo que se refiere a la negociación del decreto, y la propia titular de Trabajo desveló que este mismo miércoles ambas dirigentes habían mantenido una conversación. Para Unidas Podemos es prioritario que el Gobierno apruebe una norma muy ambiciosa por varias cuestiones.

La primera, y más relevante, es la protección de las familias, cuya economía no es en ningún caso ajena a la evolución de los precios y a las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. La segunda es que se trata de uno de los últimos decretos del año, que pondrá el broche final a una batería de medidas que van desde los Presupuestos para el próximo año al plan fiscal que contiene los impuestos a la banca y a las grandes fortunas.

El tercer elemento tiene que ver con la imagen del propio Ejecutivo. En el espacio confederal han apreciado que en las últimas encuestas la ciudadanía ha valorado de manera muy positiva las medidas de protección desplegadas en los últimos meses, como las que se aprobaron para rebajar el precio de la factura de la luz o las que abarataron el transporte público.

Vivienda y alimentos, el foco para contener los precios

A su juicio, esto es indicativo de que las medidas progresistas y ambiciosas refuerzan la confianza ciudadana en la acción del Gobierno y en el propio Gobierno, por lo que no solo sirven como una red de protección frente a la situación económica, sino también como un revulsivo a las puertas de un año electoral.

En cuanto al contenido de las negociaciones, Unidas Podemos se centrará, fundamentalmente, en cuatro frentes: prórroga de algunas de las medidas que ya están vigentes en la actualidad (este podría ser el caso del descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes); rebaja del precio del transporte; contención de los alquileres y las hipotecas; y bajada del coste de la cesta de la compra y los alimentos.

Según destacan desde el equipo de Díaz, en aquellos sectores en los que ha intervenido el Gobierno se ha logrado proteger a la ciudadanía y se han bajado los precios, como sucedió con las empresas energéticas y las medidas adoptadas para rebajar la factura de la luz.

Desde hace meses, la vicepresidenta insiste en la necesidad de actuar para bajar los precios de los alimentos ya que, a su juicio, la evolución actual del coste de la cesta de la compra está comprometiendo seriamente la alimentación saludable en las familias. En Unidas Podemos consideran que las grandes superficies de alimentación están sufriendo una crisis reputacional importante por elevar sus precios y enriquecerse en medio de una crisis económica, algo a lo que la ciudadanía no estaría siendo ajena.

Aunque todavía se desconoce cuál es la medida o batería de medidas que manejan desde la Vicepresidencia Segunda, lo primero es constatar si en el PSOE hay voluntad política para intervenir el precio de los alimentos como se hizo con el de la energía. En la actualidad, el IPC de estos productos está en el 15,4%, más del doble de la inflación total (6,8%). El objetivo es el de llegar a un acuerdo para que estas grandes superficies bajen los precios de venta de sus productos, pero si esto no es posible no se descarta ningún escenario. 

El Gobierno portugués, por ejemplo, aprobó en octubre un impuesto a las cadenas de distribución alimentaria por los beneficios extraordinarios que estaban ganando con la crisis. Díaz no cree, eso sí, que la solución pase por una reducción de tributos como el IVA, ya que eso no garantizaría, a su juicio, que el precio final que paga el consumidor terminase bajando (el pan, por ejemplo, es un producto que tiene IVA reducido y, aún así, tampoco este producto se ha librado de la subida de precios).

El otro foco de Unidas Podemos en la negociación con el PSOE para aprobar el decreto anticrisis es la vivienda. El objetivo del espacio confederal es el de limitar tanto los alquileres como las hipotecas; respecto a los alquileres, se busca limitar el precio no solo en el caso de una renovación de los contratos (los socialistas pactaron con EH Bildu en la negociación de los Presupuestos prorrogar durante el próximo año el límite del 2% en estas situaciones), sino el de extender este límite a la firma de los nuevos contratos.

Respecto a las hipotecas, la vicepresidenta segunda ve "insuficiente" la ampliación del denominado Código de Buenas Prácticas pactado entre la Vicepresidencia Económica de Nadia Calviño y las entidades financieras. Díaz aboga por congelar con retroactividad las hipotecas al precio en el que estaban antes de las subidas más notables del Euríbor, en el verano de este año.

En los próximos días, PSOE y Unidas Podemos se sentarán a negociar un nuevo escudo social que pondrá el broche final al año 2022. En principio, no se espera que estas negociaciones sean fáciles y, como el resto de decretos aprobados durante la legislatura, es probable que se cierre sobre la bocina.