En Unidas Podemos saben que el contexto legislativo de las próximas semanas y meses es una oportunidad para reforzar el escudo social y ampliar el plan anticrisis desplegados para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y de la inflación. En primer lugar, el espacio confederal y el PSOE negocian en la actualidad los Presupuestos Generales del Estado, y el objetivo de Hacienda es presentarlos a finales de septiembre o a principios de octubre, si las conversaciones no encallan.

También se llevará próximamente al Consejo de Ministros un plan de "contingencia" que incluirá medidas de calado para afrontar el invierno en un contexto energético complicado y marcado por el gas ruso. En este marco, Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa varias propuestas y ha elevado la presión sobre su socio mayoritario en el Ejecutivo para ir más allá y ampliar algunas medidas ya aprobadas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pugna desde hace unas semanas para tratar de limitar los precios de algunos alimentos y productos básicos. La titular de Trabajo se reunió el pasado lunes con las grandes distribuidoras de alimentación españolas para intercambiar propuestas con las que llegar a un acuerdo sobre este asunto.

La idea es de la configurar una cesta de la compra rebajada que contenga productos variados, saludables y que tenga en cuenta a las familias que tienen algún miembro celiaco. En las conversaciones con estas grandes empresas también ha participado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha encargado un informe sobre alimentación saludable a la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición que puede servir de guía a las grandes distribuidoras para confeccionar esta lista de productos rebajados.

El lunes también se conoció otra propuesta del espacio confederal para proteger a las familias de la inflación, en este caso por parte de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Unidas Podemos quiere desplegar una medida temporal para que los bancos tengan que ofrecer de manera obligatoria a sus clientes hipotecarios más vulnerables la posibilidad de acogerse a una reducción durante un año del diferencial de las hipotecas de tipo variable a un 0,10% (sin aumento del plazo de amortización del crédito).

Según explican desde Podemos, esto supondría una reducción de la cuota mensual de entre 100 y 150 euros, "permitiría que los bancos siguieran obteniendo beneficios (aunque reducidos) por estos préstamos y evitaría situaciones de morosidad o impago que son mucho más difíciles de revertir".

Reforma fiscal y un transporte público más rebajado

En el caso de la cesta de la compra rebajada, algunos ministerios socialistas no han visto con buenos ojos la propuesta y han acusado a Yolanda Díaz de invadir las competencias del Departamento de Agricultura, dirigido por Luis Planas. En la reunión del pasado lunes con las grandes distribuidoras de alimentación, la vicepresidenta y Garzón intercambiaron propuestas y se mostraron optimistas con la posibilidad de llegar a un acuerdo entre empresas y consumidores para limitar los precios de algunos productos.

Sin embargo, desde el PSOE rebajan esta expectativa y en La Moncloa ya se apunta a que la propuesta de la vicepresidenta segunda se quedará en una simple 'petición' a las empresas para que bajen los precios de los alimentos.

Sobre la medida hipotecaria planteada por Belarra todavía no hay respuesta oficial, y ni el Grupo Socialista en el Congreso ni los ministros de Sánchez en el Gobierno se han pronunciado sobre la misma, más allá de que se comprometen a estudiarla. 

Estas dos propuestas no son las únicas peticiones del espacio confederal. Este martes la Cámara Baja admitió a trámite la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para crear un impuesto a la banca y otro a las grandes empresas eléctricas. En el espacio se muestran satisfechos con la tramitación de estos dos tributos (propuestos por UP en el seno del Gobierno), pero advierten de que "no son suficientes" y que, lejos de constituir la reforma esperada, son el primer paso para avanzar hacia una reforma fiscal de calado.

Los de Belarra también aspiran a ampliar la rebaja del transporte público que se incluyó en el decreto anticrisis. Su objetivo es implementar una tarifa plana de 10 euros al mes en todo el territorio. En la formación morada ponen como ejemplo de avance en este sentido el protocolo de colaboración firmado entre el Ministerio de Transportes y el Govern balear para hacer posible que el tren de Mallorca sea gratis y el autobús de Menorca, Ibiza y Formentera se bonifique en un 50% hasta el final de año.