El Gobierno ha asegurado que no puede atender a la petición de información sobre las identidades secretas del comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, que reclama el PDeCAT en el Congreso, porque ha dado de baja la documentación relativa a este polémico agente después de que se jubilara el 22 de junio de 2016.

Así consta en una respuesta firmada el pasado 13 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, del Ejecutivo de Mariano Rajoy al diputado del PDeCAT Sergi Miquel, que se había interesado hace un año por el "trabajo encubierto" del comisario Villarejo, actualmente en prisión por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada Operación Tándem.

"Este funcionario se jubiló el pasado 22 de junio de 2016, por lo que se procedió a dar de baja la documentación que hace referencia a posibles 'identidades secretas' usadas en el desempeño de sus funciones", asegura en su escrito el Gobierno.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy recuerda que las operaciones encubiertas tienen por objeto facilitar una investigación y proteger la identidad de los agentes que participan en ellas. "Sólo las personas que dirigen esas operaciones son conocedoras de las 'identidades secretas' adoptadas para el desarrollo de las mismas", advierte el Gobierno.

El PDeCAT se había interesado por informaciones de Público que apuntaban al posible uso de una falsa identidad del comisario Villarejo, que se habría hecho pasar por un periodista en el marco de sus indagaciones en Cataluña.

El Gobierno recuerda de forma genérica que los agentes de la Policía Nacional que participan en operaciones encubiertas con identidades secretas "lo hacen bajo aquellos parámetros que se consideran más oportunos para el mejor desarrollo de la investigación".

En este sentido, se remite al artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la figura del agente encubierto.En junio de 2017, tras la entrevista de Villarejo en el programa Salvados de La Sexta, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, se mostró partidario de que este veterano policía compareciera en la Cámara Baja.

El PDeCAT habló de "gravísimos problemas de funcionamiento de los servicios de información y Policía", denunciando en concreto la "guerra sucia que se ha hecho contra políticos catalanes".

En noviembre, la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión provisional de Villarejo, de su socio Rafael Redondo y del también policía Carlos Salamanca por presuntamente lucrarse con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

Condecorado por el Ministerio del Interior en varias etapas, Villarejo ha protagonizado en los últimos años una larga disputa judicial en la llamada guerra de comisarios enfrentándose a otros policías ya retirados como el que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.