No lo han podido evitar. Una delegación del Parlamento Europeo viajará a España la semana próxima en una misión de investigación sobre el robo de bebés en España desde la dictadura franquista hasta prácticamente la década de los 90. La visita comenzará este lunes y llevará a un grupo de eurodiputados a entrevistarse con la Iglesia Católica, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, entre otros. 

La visita de este grupo del Parlamento Europeo (PE) a España para investigar el robo de bebés se produce tras las reclamaciones de un buen número de ciudadanos españoles ante el Comité de Petición del PE que denuncian los obstáculos que pone España para permitir el acceso a los archivos y para que la Justicia investigue los casos de robo de bebés que se denuncian.

Estos obstáculos, que denuncian los ciudadanos, no sorprenden tanto cuando la propia investigación del Parlamento Europeo ha sido torpedeada por el Partido Popular, que incluso intentó que la delegación adoptara el nombre de "bebés desaparecidos" en su investigación en detrimento de "bebés robados". Pero no ha sido el único obstáculo.

Desde el año 2013, que comenzaron las gestiones para esta misión de investigación, la labor del Partido Popular ha consistido en tratar de evitar su celebración, por activa o por pasiva. Prueba de ello es el correo electrónico que el eurodiputado del Partido Popular Carlos Iturgaiz envió a la presidenta del Comité de Peticiones para que no se tomaran en consideración dos reclamaciones de ciudadanos españoles que, a la postre, han permitido la existencia de la misión de investigación.  

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, a raíz de las quejas recibidas por ciudadanos españoles, también se dirigió en abril de 2015 a Alfonso María Dastis, entonces embajador permanente ante la UE y ahora ministro de Asuntos Exteriores, para que España tomara las medidas necesarias para garantizar que las familias afectadas por el robo de bebés tuvieran acceso a los archivos, entre otras cosas.

La respuesta de Dastis, actual ministro del Gobierno de Rajoy, nunca llegó y se desconoce si puso esta información a disposición del Gobierno español. Las acusaciones no eran baladís. "Los peticionarios acusan al Estado español de crimen contra la humanidad", señala la carta enviada por Cecilia Wikström, presidenta de la Comisión de Peticiones, a Dastis. No lo suficiente para merecer su preocupación. 

Dejadez del Gobierno de Rajoy

"Esta misión es un ejemplo más de la dejadez del Gobierno respecto a todo lo que tiene que ver con el franquismo. Las asociaciones y víctimas han acudido al Parlamento Europeo ante el desamparo permanente. Es especialmente denunciable la actitud del PP que, en todo momento, ha intentado imposibilitar que esta misión tuviera lugar", denuncia la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, que espera que la misión sirva para "responder a las demandas de asociaciones y víctimas y ponga de manifiesto la crueldad y violación de los derechos humanos en España". 

"Lo que están pidiendo las asociaciones y víctimas es que se respeten derechos fundamentales tan básicos como el acceso a la Justicia -bloqueado por la Ley de Amnistía- y el acceso a información de datos personales", sentencia Albiol. 

Presidida por una diputada laborista

La delegación estará presidida por Jude Kirton-Darling (Reino Unido, S&D), y también la integrarán las eurodiputadas Julia Pitera (Polonia, PPE), Tatjana Ždanoka (Letonia, Verdes/ALE), Michela Giuffrida (Italia, S&D) y Eleonora Evi (Italia, EFDD). También participarán cuatro eurodiputados españoles: Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) y Josep-Maria Terricabras (Verdes/ALE).