MADRID.- El Congreso ha respaldado por unanimidad una proposición no de ley para mejorar los medios para investigar los casos bebé robados entre 1940 y 1990, aprovechando para ello el banco de ADN para cotejar datos, entre otras medidas como garantizar la gratuidad de las pruebas o impulsar el servicio de apoyo jurídico, psicológico y de información.

La iniciativa, que ha defendido en la Comisión de Justicia el portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, contiene diez medidas para la investigación de la desaparición de recién nacidos, instando a la creación de una Mesa Permanente de Trabajo entre los ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con las instituciones implicadas y las asociaciones de afectados.

Ábalos ha celebrado el "buen cauce de entendimiento" con el resto de grupos, especialmente con el PP, recordando que en la pasada legislatura no fue posible que se sumara al consenso. La diputada por Ciudadanos María Virginia Millán ha cifrado en 300.000 los niños robados y ha mostrado su sorpresa por la falta de imputados, denunciando el "paripé" del Gobierno con los afectados.

Beatriz Escudero, del PP, ha hablado de una "vergüenza para toda la sociedad" y ha defendido las medidas impulsadas en la pasada legislatura, recordando que desde 2013 se ha atendido a 1.400 afectados. En este sentido, ha reclamado al resto de parlamentarios que no caigan en la "demagogia fácil" ante una problemática que otros grupos, como ERC, ha calificado de "crimen contra la humanidad".

Fiscal especializado

La iniciativa reclama al Gobierno el nombramiento de un fiscal coordinador especializado en asuntos relacionados con la sustracción de recién nacidos con objeto de reforzar la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.

Finalmente, solicita también la creación de una subcomisión en el Senado que tenga como finalidad contribuir a un mejor conocimiento de esta materia, procediendo al análisis de la normativa de referencia y proponiendo medidas de mejora que favorezcan el esclarecimiento de los hechos, que además evite su repetición.