Desde hace unos meses, Canal Sur lleva más tiempo con una dirección provisional que permanente. El mandato interino de la actual dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha sobrepasado el tiempo que estuvo al mando la ejecutiva anterior. Aquella fue consensuada por todos los grupos y aprobada por el Parlamento andaluz con mayoría cualificada, como establece la ley. En cambio la dirección actual vino a sustituir a la anterior de forma eventual y se ha prolongado en esa interinidad casi cinco años, sin que los grupos hayan sabido o querido pactar la renovación.

En la misma situación se encuentran otros órganos de extracción parlamentaria que deberían servir de control y fiscalización al Gobierno de Susana Díaz: el Consejo Audiovisual y la Cámara de Cuentas. PSOE, PP e IU ocupan puestos de representación en estos órganos que ya no les corresponden, porque el reparto actual responde a los resultados electorales de 2012 (en el caso de Canal Sur, de 2008).

Han pasado dos elecciones autonómicas sin que se renueve a sus miembros y sin que se ajusten los consejos de administración a la nueva pluralidad del Parlamento que, desde 2015, cuenta con dos nuevas formaciones: Podemos (15 diputados) y Ciudadanos (9).

A poco más de un año para que expire la legislatura, los ya viejos partidos emergentes no han logrado convencer a las fuerzas del bipartidismo para que les abran la puerta a los consejos de la RTVA, el Audiovisual y la Cámara de Cuentas, órganos esenciales para hacer de contrapeso al Ejecutivo.

La renovación requiere el acuerdo de dos tercios de la Cámara (más exigente que la mayoría absoluta) y eso implica un consenso improbable entre PP y PSOE. Improbable por las fricciones naturales entre estos dos grupos, pero también porque dejar entrar a Podemos y C’s les supondría a ambos perder representatividad en estos órganos de control (los socialistas defienden que ellos conservarían el mismo peso, porque en 2015 repitieron su resultado electoral).

Sí es seguro que la renovación implicaría la salida de IU, que disfruta de una representación sobredimensionada en estos entes a los que accedió cuando tenía 12 diputados en la Cámara (ahora tiene cinco). De ahí que la coalición de izquierdas no haya mostrado mucho interés en actualizar la composición de los órganos de extracción parlamentaria.

Este debate lleva enquistado casi cinco años (los consejos de administración llevan caducados desde 2013) y ha vuelto a la luz empujado por dos circunstancias: la primera ha sido la decisión de la presidenta Susana Díaz de renovar de golpe a 12 de los 15 miembros del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano de consulta legal obligada al que la Junta debe someter todos sus proyectos normativos antes de aprobarlos. Al contrario que el resto de órganos de control, la ley otorga al Consejo de Gobierno la potestad exclusiva para renovar a sus miembros, aunque tradicionalmente los presidentes andaluces siempre habían consensuado los nombramientos con los grupos de la oposición. Díaz se ha saltado esa tradición y ha sido acusada por sus rivales de “sectaria” y de querer diseñar un Consultivo afín a sus políticas, y que no discuta sus proyectos de ley en la recta final de legislatura.

La otra circunstancia es la contradicción entre lo que ocurre en Sevilla y en Madrid. Los grupos de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, incluido el PSOE, se han aliado en el Congreso para renovar la dirección de la RTVE. Los argumentos que han usado allí servirían para impulsar la reforma pendiente en la cúpula de Canal Sur. Sin embargo, la actitud del PSOE en Madrid es muy distinta a la de Andalucía. Allí los socialistas acaban de elevar el tono porque creen que Rajoy “tiene paralizado el debate para impedir una televisión pública más plural”, y en Sevilla los socialistas dilatan el momento de la renovación a la espera de un acuerdo en el Parlamento que ellos no han impulsado. En tres años y pico de legislatura sólo se ha registrado una sola moción en la Cámara aludiendo a la necesidad de renovar los órganos de control, fue presentada por los principales interesados (Ciudadanos y Podemos) y respaldada por el resto de fuerzas, sin que esto haya tenido ningún efecto real.

De izquierda a derecha, Teresa Rodríguez (Podemos), Juan Marín (Ciudadanos), Antonio Maíllo (IU), y Juan Manuel Moreno Bonill (PP).

Existe cierta apatía generalizada de todos los grupos por este asunto, que en legislaturas anteriores fue capital para PSOE y PP. Ambas fuerzas lidiaron fuertemente para defender su peso en esos consejos de administración, conscientes de que tendrían voz en órganos de poder que sirven de contrapeso a la Junta de Andalucía. Esta vez no es un tema central del mandato. Primero porque los veteranos no tienen prisa en ceder sus sillones, y segundo porque los nuevos (Podemos y Ciudadanos) no le han dado la importancia necesaria ni han ejercido suficiente presión ni, por supuesto, han trabajado conjuntamente por un interés común.

El consenso en Canal Sur

El 12 de marzo de 2013, el entonces director general de la RTVA, Pablo Carrasco, anunció por sorpresa su dimisión alegando motivos personales y profesionales. Carrasco fue el primer director ejecutivo de Canal Sur elegido por mayoría cualificada del Parlamento andaluz, lo cual necesitó un alto grado de consenso de todos los partidos políticos, según lo dispuesto en la ley. Fue nombrado por seis años y permaneció en el cargo cuatro años, tres meses y 17 días. Le tocó lidiar con los años más duros de la crisis, años de rígidos ajustes presupuestarios que abrieron un intenso debate sobre la eficacia en la gestión de las empresas públicas, con especial ensañamiento por parte de algunos sectores hacia la radio televisión andaluza, que la consideraban una empresa con una plantilla sobredimiensionada y un instrumento político al servicio del PSOE.

Carrasco abandonó poco después de que el Parlamento aprobase una ley que prohibía a cualquier cargo público cobrar más que el presidente de la Junta de Andalucía, que por entonces ya se había recortado su nómina y la de todo su Gobierno. El ex director general se resistió, porque consideraba que sus emolumentos ya estaban muy por debajo de lo que se paga en el sector audiovisual una responsabilidad de ese nivel (a día de hoy aún hay más de una docena de altos cargos de Canal Sur que cobran más que la presidenta Susana Díaz y la Junta lo ha asumido dada la “excepcionalidad” del panorama audiovisual).

El vacío en la dirección general de la RTVA no estaba previsto en la ley. Tampoco se sabía cómo gestionar un periodo transitorio, dado que él había sido el administrador único del ente público. Carrasco propuso como sustituto al consejo de administración de la cadena al entonces director de Canal Sur Radio, Joaquín Durán, que tomó posesión del cargo el 15 de marzo de 2013 de “manera provisional”. Ese mismo día, el Gobierno andaluz garantizó el normal funcionamiento de la cadena y apremió a todos los grupos parlamentarios a alcanzar un acuerdo “cuanto antes” para su relevo. Ese “cuanto antes” nunca se cumplió.

El verano pasado, el primer ejecutivo provisional de la RTVA sobrepasó en el cargo el tiempo que estuvo su predecesor. Tres meses después Durán alcanzó la edad de jubilación (65 años) pero ha seguido en su puesto, que a día de hoy alcanza los cuatro años, diez meses y 19 días. Si la transición “eventual” se ha alargado más de lo que duró el mandato consensuado y ratificado en el Parlamento de su antecesor ha sido, en gran parte, por la incapacidad de los grupos para llegar a un acuerdo con mayoría cualificada que desbloquee la renovación de la dirección y el consejo de administración de la RTVA y, por extensión, de los otros órganos de extracción parlamentaria que ejercen el control sobre el Gobierno andaluz.