La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal en relación a los contratos 'fantasma' en la empresa Emucesa, que gestiona el cementerio de San José de Granada, a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada sobre supuestas contrataciones irregulares durante la etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento.

El decreto emitido por el Ministerio Público se produce un mes después de que la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, denunciara posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la presunta contratación de cinco personas afines al PP en cargos de alta dirección que, según los informes técnicos, "nunca habían trabajado en la sede de la empresa", que en aquel momento era completamente pública.

Entre los años 2005 y 2012 dos concejales del PP, cuando este partido gobernaba en la ciudad, presuntamente firmaron cinco contratos para personas afines al partido. Eduardo Moral habría firmado tres de los cinco contratos y María Francés, aún concejala del PP en este consistorio, los dos restantes, cuando ambos fueron  consejeros del cementerio granadino. 

En los contratos 'fantasma' se especificaba que los trabajadores iban a asesorar al consejero delegado en áreas como las relaciones institucionales, de protocolo, de relaciones con los medios y de proyectos, pero un informe emitido por el gerente de Emucesa, que aludía a la existencia de contratos de alta dirección a seis personas, acreditó que de cinco de ellas no había constancia de que realizaran ningún trabajo para la misma.

El Ministerio Público ha oficiado a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial para que determine "la veracidad de la prestación de los trabajos para los que fueron contratados, informes elaborados, asistencia a actos y eventos relacionados en los contratos", así como otros asuntos como el lugar de prestación de estos servicios. 

A raíz de este mismo asunto, el Consejo de Administración de Emucesa ha acordado este pasado miércoles presentar una denuncia por la vía penal contra los consejeros delegados del PP que presuntamente respaldaron esas contrataciones, Eduardo Moral y María Francés, y contra las cinco personas que fueron empleadas.