La contratación por parte del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga con la empresa del cuñado de la diputada responsable de la misma, Marina Bravo, y la transparencia centrarán parte del pleno del próximo lunes.

El PSOE lleva una moción urgente en la que solicita la "inmediata" dimisión de Bravo por los 20 contratos menores "a dedo", por valor de 190.000 euros, con esta empresa, en la que además trabaja su pareja, según ha expuesto el diputado socialista Manuel Chicón, quien ha criticado el fraccionamiento de contratos "para sortear la ley y por incumplir la ley de incompatibilidades".

La moción reclama también poner en conocimiento de la Fiscalía toda la información sobre estos contratos por si son constitutivos de algún delito, "especialmente conflicto de intereses y fraccionamiento de contratos para saltarse los procedimientos de concurrencia".

También exigirán que el equipo de gobierno no permita a ningún área de la institución realizar más contratos menores sin que se establezca un procedimiento que garantice publicidad y concurrencia. Chicón ha confiado en que toda la oposición respalde su moción "para eliminar cualquier atisbo de corrupción en esta Diputación".

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, apoyará la moción socialista y ha indicado que "más allá de que haya incompatibilidades legales es un tema ético porque son contratos menores que caen en manos de su cuñado, en una empresa en la que también trabaja su pareja". "No podemos mirar para otro lado", ha dicho, y ha insistido en que le parecería "muy grave que el PP no se posicionara claramente y le pidiera la dimisión a su propia diputada".

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha sostenido que el caso que afecta a Bravo es "muy grave": "lo miremos por donde lo miremos desde luego hay una clara intención de beneficiar a esta empresa y se da la circunstancia de que no es de un amigo o alguien a quien quisiera enchufar; es donde trabaja su pareja y el dueño es el cuñado de la diputada".

Ambas situaciones, ha explicado, incumplen la ley de contratos del sector público, que extiende la prohibición de contratar con cónyuges o relaciones de convivencia afectiva, "como se ha dado en este caso".

Sichar ha criticado igualmente los fraccionamientos de dos contratos para la señalización en el municipio malagueño de Júzcar. En este sentido, ha cuestionado que se contrate por "muy poco por debajo del limite para tener que licitar". "Hay un contrato de 20.173 euros y otros de 21.659 euros cuando el máximo es de 21.780 euros (18.000 euros más IVA), a partir de ahí hay que licitar", ha expuesto, añadiendo que Turismo también contrató con la misma empresa por 21.538 euros y otro de 21.755 euros. Sobre Málaga Viva, ha indicado que no conocen "ninguna factura ni contrato".

"Las excusas del PP no nos convence", ha dicho el diputado de Cs, quien ha acusado al equipo de gobierno de "mentir" sobre la contratación de restaurantes dentro del programa 'Conoce tu provincia'. "Se nos dijo que sólo había dos restaurantes con capacidad para 55 personas y con un menú establecido en menos de 20 euros y hemos localizado seis más con capacidad de entre 50 y 70 personas y menús de entre ocho y 13 euros. Aquí se nos mintió también y hay tres veces más dinero para el restaurante del exconcejal del PP en Mijas", ha sostenido.

Reprobar a todo el equipo de gobierno

En la misma línea el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha criticado que el caso de las contrataciones de Bravo se suma al del restaurante del exedil del PP de Mijas o del parque móvil a la empresa de familiares de Antonio Jesús López Nieto, cargo de confianza del PP.

Ahumada ha anunciado que presentarán una enmienda a la moción urgente del PSOE pidiendo la reprobación del pleno de todo el equipo de gobierno del PP y en especial del presidente, Elías Bendodo, por el "uso fraudulento de los contratos menores".

"Todo esto nos constata el uso fraudulento de los contratos menores por parte del equipo de gobierno del PP. Lamentablemente no nos extrañamos porque el PP como partido político está imputado por ser una banda criminal organizada con tramas en torno a contrataciones públicas fraudulentas", ha asegurado Ahumada. "No se debería esperar a que Bravo dimitiera, es la única salida honrosa que le puede quedar y todos los grupos de la oposición lo vamos a pedir el lunes. Este fin de semana puede reflexionar, se debe ir por dignidad, lo sucedido se escapa de la moral, la ética y la estética de la política", ha añadido.

El portavoz adjunto del PP, Francisco Oblaré, ha criticado que se esté queriendo hacer "mucho ruido" y ha acusado al PSOE de "intentar paralizar la Diputación", que "hace cerca de 12.000 facturas al año por valor de 60 millones, que tiene 10.000 proveedores al año y hay total transparencia".

Oblaré, ante las peticiones de dimisión, ha considerado que su compañera de Corporación "no debe dimitir": "no hay ninguna ilegalidad y no se ha infringido ninguna norma". También ha manifestado que la empresa del cuñado de Bravo es un proveedor "muy profesional que desde 2008 trabaja con la Diputación y no debemos de demonizarlo".

"Caza de brujas" contra Marina Bravo

El presidente del Partido Popular de Alhaurín de la Torre y alcalde del municipio, Joaquín Villanova, y el secretario local del PP, Manuel López, han criticado la "nueva caza de brujas" del PSOE a la concejala y diputada provincial Marina Bravo y han acusado a los socialistas de utilizar las redes sociales "como un ejército".

Para los 'populares', los socialistas "dan muestras evidentes de que han perdido el control y desvarían alarmantemente en su acción de oposición", al haber entrado en una "delirante espiral de intoxicación a través de una campaña plagada de calumnias y mentiras". "Están nerviosos por los malos resultados que ya barruntan en las elecciones locales de 2019", ha apostillado.

El PP ha considerado la denuncia del PSOE una "burda maniobra que intenta desprestigiar a una concejala y diputada que ha exhibido una honestidad enorme a lo largo de su trayectoria como política". En este sentido, Villanova ha defendido la legalidad de todos los procedimientos.

"Pinchan en hueso al seguir las indicaciones de su jefe de estrategia, el señor Conejo (portavoz del PSOE en la Diputación), una persona que vive obsesionada por denunciar a los cargos públicos del PP y por ensuciar gratuita e injustamente la imagen de éstos, sin argumento lógico alguno", ha expuesto.

En este sentido, ha sostenido en un comunicado que, sin embargo, el PSOE "tapa las vergüenzas de sus dirigentes de la Junta de Andalucía, que castigan de forma permanente a la provincia de Málaga y a Alhaurín de la Torre, por su dejadez absoluta y falta de inversión".

El presidente del PP en Alhaurín de la Torre se ha preguntado por qué los socialistas no han ido al juzgado a denunciar si existe algún indicio de delito en sus acusaciones: "El PSOE vuelve a su senda de hace oposición a base del rencor personal. Si le importara realmente si se ha cometido o no alguna ilegalidad, la denunciarían en los tribunales, pero eso no es lo que importa".

A este respecto, para el alcalde, tanto Conejo como la portavoz local, Micaela García, "llevan casi tres años hibernando en su cómoda posición de oposición y es solo ahora cuando despiertan y quieren hacer ver que trabajan".

Villanova ha vuelto a defender la labor de la concejala y diputada provincial, quien "ya ha dado las suficientes explicaciones de la legalidad de las contrataciones, tan limpias y transparentes como en su día lo hicieran los diputados Jesús Mora, del PSOE, y Encarna Páez, de IU, con esta misma empresa".

El PSOE reprocha que use la lucha feminista

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Igualdad, Fuensanta Lima, ha reprochado al alcalde de Alhaurín de la Torre, que "use políticamente la lucha feminista para ocultar el favoritismo, amiguismo o posible irregularidad en la gestión pública de un partido que ya nos tiene demasiado acostumbrados a noticias como esta", algo que ha asegurado, "sí se trata de machismo".

Así, la dirigente socialista ha asegurado que "las denuncias de corrupción no son ni machistas ni feministas" y ha añadido que "de lo que hablamos en este caso es de la obligación que tienen los servidores públicos del cumplimiento de la normativa vigente con respecto a las administraciones".