A menudo el Gobierno de Cristina Cifuentes colisiona con el de Susana Díaz, no sólo porque uno es referente del PP y otro el emblema del PSOE, sino porque el primero suele denunciar que sufraga los servicios públicos de los andaluces con los impuestos de los madrileños. Madrid disfruta de una renta per capita cinco veces superior a la andaluza, por eso su recaudación tributaria es mayor. Ambas aportan el 75% al fondo común de la financiación autonómica, pero la porción de Madrid es mayor que la de Andalucía, y Cifuentes suele crispar a Díaz denunciando que con su aportación -3.000 millones- se pagan los colegios y hospitales andaluces. Es un conflicto de números, pero también es un debate viciado políticamente en el que la llamada corresponsabilidad fiscal se va por el desagüe. Por pura matemática, las regiones pobres tienen que subir cinco veces más sus impuestos cedidos para recaudar lo mismo que las ricas. 

Esto es lo que ha pasado con el impuesto de sucesiones y donaciones. PP y Ciudadanos han forzado a Susana Díaz a recortar esta tasa, que grava sobre todo a las grandes riquezas, usando entre sus argumentos que Madrid ya la había eliminado. Pero Madrid se lo puede permitir porque su recaudación es muy superior en otros tributos, mientras que para Andalucía el esfuerzo de prescindir de esos ingresos es más grande. Para acabar con este 'dumping fiscal' o competencia desleal, Andalucía plantea un cambio drástico en el modelo de la financiación autonómica, que previsiblemente abrirá una guerra entre regiones ricas y pobres.

Según esta fórmula, todas las comunidades perderían la recaudación que obtienen ahora a través de los impuestos cedidos por el Estado (sucesiones y donaciones…) y meterían sus ingresos en una bolsa común, un "fondo autonómico" que se repartirían entre todas según criterio de población. Se pasaría de la nivelación parcial que existe ahora a la nivelación total y se apostaría por una mayor armonización fiscal, dice la Junta, que insiste en subrayar que “no tributan los territorios, sino las personas”. O bien se desataría la guerra fiscal contra las regiones que tiene una renta más alta. Ni siquiera está claro que comunidades del norte gobernadas por el PSOE y beneficiadas por el sistema actual, caso de Cantabria, aceptasen esta idea. Tampoco Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares, que piden justo lo contrario: más margen autonómico. 

Para amortiguar la previsible caída de ingresos de algunas comunidades, Andalucía propone también una mayor participación de las comunidades en la recaudación del IVA y los impuestos especiales (tabaco, alcohol), que ahora se reparten el Estado y las regiones al 50%. Andalucía pide al Gobierno central que ceda hasta el 75% de estos tributos. El reparto de los ingresos vía IRPF quedaría como está: al 50%. Estos impuestos sirven para financiar los servicios básicos (sanidad, educación y políticas sociales), y el "resto de competencias" (cultura, infraestructuras, promoción turística y económica…) dependen de fondos dispersos que gestionan directamente las regiones, y que ahora la Junta propone aglutinar en una misma "bolsa autonómica".

Todas las comunidades -Catalunya quizá no- están hablando de la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, que caducó en 2014. La ley dice que es obligatoria la reforma y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a abordarla en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos. Todos los partidos, con más o menos entusiasmo, vislumbran la salida de la crisis y la cercanía de las citas electorales de 2019, y ambos fenómenos se conjugan para reabrir el melón de la financiación autonómica: de cuál es el coste de los servicios públicos, quién los gestiona y quién los paga, y cómo se reparten los ingresos tributarios entre las tres administraciones del Estado: el Gobierno central, las comunidades y las corporaciones locales. 

Es un debate de amplio espectro, porque requiere tocar la arquitectura financiera del país. Y esto, que sería sumamente frágil en cualquier momento político, lo es mucho más ahora que el desafío independentista catalán ha tensado hasta el límite el debate territorial. El secesionismo en Catalunya no sólo ha movilizado al 47% del electorado, también ha despertado en el ángulo opuesto un ansia recentralizadora que amenaza con desmontar el Estado de las Autonomías. Planteado así, como un tira y afloja entre Barcelona y Madrid, es difícil adivinar qué ganan con esto las regiones periféricas, como Andalucía, Galicia o Valencia. Ahora están alineadas con el Gobierno central en la defensa de la unidad territorial, pero se arriesgan a salir debilitadas de este conflicto, si al final se resuelve con una mayor concentración de poder en Madrid a costa del autogobierno de las comunidades.

Faltan 16.000 millones

Cuando se habla de cómo mejorar la financiación autonómica, también se está hablando de profundizar en el federalismo -dado que "sin autonomía financiera no hay autonomía política"- con cuidado de no abrir la caja de Pandora de la reforma de la Constitución. Porque en esto último hay quien tiene más recelos, pero sobre la infrafinanciación de algunas regiones y sobre la necesidad de revisar un sistema de reparto de fondos públicos que lleva tres años caducado parece haber un mayor consenso. Incluso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admite que Andalucía y Comunidad Valenciana reciben menos fondos de los que necesitan. 

Todas las comunidades hablan de financiación autonómica, pero la Junta de Andalucía acaba de poner sobre la mesa una propuesta muy concreta que baja directamente hasta el terreno de juego, allí donde las regiones van a chocar irremisiblemente unas con otras, con independencia de quién las gobierne. El borrador, de 29 páginas, propone la primera cifra que va a generar discordia, esta vez, entre el Gobierno central y los presidentes autonómicos: 16.000 millones de euros. Susana Díaz cree que antes de empezar a replantearse el cómo se distribuyen los fondos públicos entre comunidades, es imperativo aumentar la bolsa común en 16.000 millones, que perdería el Estado.

Para gestionar con eficiencia los servicios públicos que son de competencia autonómica -sanidad, educación y políticas sociales- necesitan una tarta más grande. Suficiencia financiera, lo llaman. Primer escollo con el Ministerio de Hacienda, que es renuente a ceder a las comunidades más porcentaje de la recaudación de impuestos, y que no esperaba destinar más de 5.000 millones a elevar el gasto público este año, pese al superávit de los ayuntamientos y el crecimiento de la economía, como admitió hace dos meses el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Este dato ha despertado la suspicacia del Gobierno andaluz. Díaz sospecha que Cristóbal Montoro, planea reservarse todo el superávit de las corporaciones locales para equilibrar el déficit del Estado en 2019 -cumplir con Bruselas- y llegar a las próximas elecciones con alguna rebaja fiscal a la baja para ganar votos. 

El Parlamento andaluz creó hace cinco meses un grupo de trabajo que ha sentado a todos los partidos políticos para tratar de consensuar la fórmula para el nuevo modelo de financiación autonómica que llevarán a Madrid. A mayor consenso político, más fuerza tendrá la posición de Andalucía en el debate interterritorial. Por este grupo han pasado muchos expertos economistas, algunos plantearon que la bolsa común debía aumentar en 40.000 millones, y otros dijeron que bastaba con sumar 11.000 millones. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha elegido la cifra de 16.000 millones usando como referencia el ejercicio presupuestario de 2014, "el año más duro de la crisis en cuanto a ajustes en el gasto público". El año más austero, y en el que menos ingresaron las administraciones (tributos a la baja).

Aquel año, Andalucía recortó 1.200 millones del presupuesto anterior, que ya venía asfixiado desde 2012. El sector público se quedó en el chasis, y a pesar de todos los recortes, el mero funcionamiento de los servicios básicos obligó a gastar 16.000 millones de euros más de lo que se había previsto en el Fondo de Garantías. La realidad demostró que el límite en el gasto público en el año más austero de la crisis estaba ahí, 16.000 millones por encima de lo previsto. Esa cantidad de más se demostró "imprescindible para el sostenimiento básico del Estado de Bienestar", por eso Andalucía propone aumentar la bolsa común con esa cifra como referencia para empezar a hablar del nuevo modelo de reparto. Al oír una propuesta tan concreta, Montoro ha pedido "prudencia" a Andalucía. "Se trata de que cada comunidad tenga un planteamiento compatible con el resto para llegar a un acuerdo entre todos", ha dicho. 

El segundo número crítico de la "solución andaluza" son los 4.000 millones de euros. Es el dinero que correspondería a Andalucía con el nuevo sistema de financiación que proponen. En este punto entran en conflicto, obviamente, el resto de regiones que también aspiran a mejorar su trozo de la tarta. El sudoku nunca cuadra a gusto de todos. Unas ganan más que otras (en función de los criterios que se van a aplicar) y además otras pierden respecto a lo que tienen ahora. En concreto, Cantabria y La Rioja, que son las regiones más beneficiadas por el modelo actual. ¿Por qué querrían cambiarlo? La fórmula andaluza reconoce que saldrían perjudicadas respecto a su status quo: entre ambas perderían 200 millones de euros. Como solución transitoria proponen inyectarle ese mismo dinero el primer año de aplicación del nuevo modelo. 

Cómo repartirse el dinero

Pero los números son sólo la riña final, antes de eso la pelea entre comunidades se va a centrar en los nuevos criterios para repartirse el dinero. En el modelo actual, el que más pesa (por ser el más objetivo) es el criterio poblacional, que previsiblemente seguirá siendo prioritario en el nuevo sistema. Sin embargo, Andalucía (y otras regiones) denuncian que existe un desfase entre su población real y la población ajustada. Los andaluces representan el 19,7% del total de población de comunidades de régimen común, pero los ingresos que reciben representan sólo el 17%. "Esto significa que hay 220.000 andaluces que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio", dice Montero.

Por tanto, lo primero que ha planteado la Junta de Andalucía es ajustar el criterio más equitativo a la población de derecho, la real. Y luego ha propuesto tres nuevos criterios a tener en cuenta: la tasa de paro, el número de dependientes y las personas por debajo del umbral de la pobreza. Los criterios de reparto son importantes porque de ellos depende cuánto y cómo se va a gastar en sanidad, educación y políticas sociales.

En sanidad, por ejemplo, el sistema de financiación actual otorga mucho peso al criterio de personas mayores de 65 años, bajo la presunción de que los ancianos requieren más cuidados y el tratamiento médico es más costoso que para el resto. La Junta cree que esto es un mito falaz y obsoleto. "El mayor gasto se hace en el último año de vida del paciente, con independencia de su edad. Un tratamiento de quimioterapia para un joven de 25 años puede costar lo mismo que el cuidado de cien ancianos", dice Montero. Ese mito de que los mayores le cuestan más al sistema sanitario ha sido corregido por dos factores importantes: la incorporación de nuevas tecnologías e innovación terapéutica, y la mayor especialización. Sin embargo, hoy por hoy no existe evidencias científicas ni ningún estudio comparado que sostenga esta creencia, de ahí que Andalucía no plantee modificar este criterio de reparto.

En cuanto a educación, el sistema actual premia a la población escolar de 0 a 16 años. En 2009, cuando se aprobó este modelo de financiación, Andalucía defendió que se ampliase la franja al primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) coincidiendo con un boom de natalidad en esta región (en general en todo el país). Ahora, sin embargo, proponen ampliar la franja hasta los 18 años, incluyendo el rango de educación superior y universitaria donde "Andalucía es competitiva"

Por último, Andalucía pedirá una corrección del criterio que pondera el gasto para políticas sociales, que actualmente usa como referente a las personas mayores de 65 años. "Si una persona dependiente tiene menos de 65 años, no computa en términos de reparto de financiación autonómica, aunque su atención requiera un gasto significativo a la comunidad. Lo mismo pasa con las personas en riesgo de exclusión social o los discapacitados", se queja el portavoz del PSOE, Mario Jiménez. De ahí que la propuesta andaluza incluya la tasa de paro, pobreza y el número de dependientes como referencias para el gasto de políticas sociales.

Un frente común andaluz

En realidad Andalucía toca más la estructura del sistema de financiación que la letra pequeña. Propone "una reorganización de recursos vinculada a las necesidades de gasto", un cambio de modelo en el que las comunidades coparticipen en los tributos y dejar atrás la fórmula de la transferencia directa del Estado a las regiones, porque ésta les hace sentir subsidiarias, dependientes, "subvencionadas", y "jerarquiza" la posición del Gobierno de España. "La transferencia vertical debilita el Estado de las Autonomías", dice el PSOE. Por ejemplo, si no hay Presupuestos Generales porque el partido en el poder no cuenta con apoyos en el Congreso -como ocurre ahora- las regiones sufren esa prórroga (Montoro anunció la congelación de las transferencias de financiación) aunque ellas tengan aprobadas sus cuentas.

El PSOE andaluz ha sido el primero en registrar su propuesta de reforma en el Parlamento, pero antes de hacerla pública la ha compartido con los grupos de la oposición -PP, Podemos, Ciudadanos e IU- porque quieren que se negocie "en nombre de Andalucía, sin siglas políticas". El resto de partidos presentarán sus propuestas el próximo lunes, pero de momento parece haber un acercamiento inusual entre el PSOE y las fuerzas de izquierda (Podemos e IU). Ciudadanos también coincide en muchas de las ideas socialistas, y meterá sus discrepancias (por ejemplo contra el cupo vasco) en un voto particular para así posibilitar un acuerdo de máximos. Más reticente es el PP andaluz, que ve una estrategia de Díaz para confrontar con Rajoy.