El Gobierno ha renovado su compromiso en materia de alquileres recogido en el acuerdo de coalición, pero la previsión es que la negociación que mantienen el PSOE y Unidas Podemos respecto la ley de Vivienda no avance en lo referente a este asunto. El Consejo de Ministros dio este martes luz verde a las Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el plan con el que España suscribe una serie de compromisos en materias como el mercado laboral, la transición energética o la igualdad. Está previsto que el plan definitivo se apruebe en junio y que sea presentado ante la ONU en julio.

El departamento encargado de elaborar este documento ha sido la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezada por Pablo Iglesias, y, entre las numerosas reformas y compromisos que se incluyen, se encuentra un apartado dedicado al derecho a la vivienda que abunda en el problema de los alquileres abusivos en España.

En concreto, el texto recoge un nuevo compromiso con la regulación de los alquileres prácticamente en los mismos términos que los contenidos en el acuerdo de coalición y en el de Presupuestos, suscritos por el PSOE y Unidas Podemos. La clave reside en que el Consejo de Ministros ha aprobado este documento en medio del bloqueo en las negociaciones de la futura ley de Vivienda, un desarrollo legislativo que el Ministerio de Transportes está llevando a cabo de la mano de la Vicepresidencia segunda.

En estas negociaciones, el departamento dirigido por José Luis Ábalos defiende abiertamente el desarrollo de incentivos fiscales a los propietarios como forma de bajar los precios del alquiler; una posición que en Unidas Podemos entienden como un incumplimiento de los acuerdos firmados y como una medida contraria a una regulación que pase por poner techos o límites de forma directa a los precios.

El documento recoge la necesidad de articular "medidas que pongan freno a las
subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios".

Sin embargo, pese a que el acuerdo para aprobar este texto en el Consejo de Ministros podría haber facilitado un acercamiento en la negociación de la ley de Vivienda, las diferencias persisten. Desde el Ministerio de Transportes insisten en que la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no cambia el escenario, ya que contiene el compromiso de la regulación de los alquileres en los mismos términos que los otros dos acuerdos, un compromiso del que, defienden, no se han movido. Por ello, consideran que la aprobación de esta directiva no implica más que reiterar las intenciones del Ejecutivo en esta materia.

Desde el Ministerio se insiste una y otra vez en que los objetivos se comparten con Unidas Podemos y que habrá una regulación de los alquileres para acabar con los precios abusivos, pero se mantienen las diferencias en las fórmulas de cómo hacerlo y, en este aspecto, las posiciones siguen muy alejadas.

No obstante, fuentes consultadas de Transportes apuntan que se sigue negociando y se están dando algunos acercamientos, aunque todo está pendiente de una reunión de carácter ya más político, que previsiblemente se celebre el jueves, para intentar buscar un consenso.

El objetivo de Ábalos, tal y como se anunció, sigue siendo llevar el anteproyecto de la ley de vivienda al Consejo de Ministros este mismo mes de marzo, y la pretensión es que sea con el acuerdo de los dos partidos de Gobierno.

Compromiso respecto a la prohibición de los desahucios

Sobre este asunto también se posicionó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que asumió el compromiso del Ejecutivo con el texto e insistió en que "cualquier documento que sale del Consejo de Ministros es compartido por todos los miembros del Consejo de Ministros".

No obstante, advirtió de que "la diferencia o el debate no está en torno a que se cumpla el mandato por el que se conformó este gobierno, sino en torno a los instrumentos que permiten viabilizar de manera más efectiva la rebaja de los precios del alquiler. No hay ningún tipo de debate sobre dónde queremos llegar, sino cómo hacerlo velando por la seguridad jurídica", zanjó.

La estrategia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible va un pasó más allá en materia de derecho a la Vivienda e incorpora los acuerdos a los que el PSOE y Unidas Podemos llegaron hace unos meses para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional mientras se prorrogase el estado de alarma (cuya expiración está prevista en mayo).

También este es uno de los puntos de fricción en la negociación sobre la nueva ley, ya que los de Pablo Iglesias quieren llevar esta medida a la norma para extenderla más allá del estado de alarma, un punto que, según Unidas Podemos, los de Ábalos rechazan. El documento recoge que será "un aspecto esencial la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento".