PP y Vox consumaron este martes su estrategia y decidieron, en aplicación del rodillo que les da la mayoría absoluta, excluir a los mayores expertos en Doñana del listado de comparecientes en el Parlamento de Andalucía.

Cuando se tramita una ley, en este caso la que pretende a instancias de Juan Manuel Moreno Bonilla ampliar regadíos en el entorno del Parque Nacional en contra del criterio de los científicos, de la Comisión Europea y la Unesco, la Cámara da una audiencia a todos los afectados por la norma –el concepto que recoge el reglamento es "interesados"– para que expongan su punto de vista.

Así, los diputados no podrán escuchar al director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, que ya alertó de la situación crítica de la comarca, ni tampoco al presidente del Consejo de Participación del Parque, el también biólogo Miguel Delibes de Castro, y que se ha manifestado en contra de la norma.

De este modo, en aplicación de la extraña lógica (muy alejada de la que se le presume a un partido de Estado y de los discursos presidenciales que llaman al diálogo y al consenso) de tierra quemada, a las bravas, obviando por completo a la oposición, sensibilidades ajenas y a la propia ciencia, que el PP viene aplicando con esta norma, el partido de Moreno Bonilla ha elaborado una lista de comparecientes en la que habrá algunas voces críticas –WWF, CCOO, por ejemplo–, pero en la que se expondrá sobre todo el punto del vista que interesa al Gobierno.

A pesar de que los resultados de las municipales parezcan avalar el planteamiento de Moreno Bonilla, este asunto está lejos de haber concluido, porque sobre España pesa una condena del Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión ya ha amenazado con pedir multas si la ley como está ahora, sale adelante. Y el Gobierno de España ya ha anunciado que lo llevará al Constitucional. Un cambio de Ejecutivo tras el 23 de julio podría gestionar el asunto de otra manera, pero desde luego, tendría que entendérselas con la Comisión.

Parcialidad

La manera en que el PP está gestionando este asunto ha llevado a WWF a criticar con toda dureza el procedimiento elegido para modificar el plan de la fresa y ampliar en 1.900 hectáreas –el Gobierno las rebaja a unas 750– los suelos regables en Doñana: "Solo pretende evitar la participación pública, la normativa de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos para la aprobación y modificación de los mismos como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se ha expresado en contra".

Para Juanjo Carmona, de WWF, "es inadmisible la parcialidad de los comparecientes: falta la ciencia, falta el consejo de participación, faltan entidades sociales como Ecologistas en Acción".

"Probablemente estemos en uno de los momentos más bajos de la calidad de las normas que llegan al parlamento. Supone un hito negativo y un momento muy oscuro en lo que es el desarrollo de las leyes. Esto se lleva al Parlamento porque si se hace a través del procedimiento reglado, se le cae. Los informes de su administración iban a salir negativos. No iba a haber un técnico que firmara esto. Saben también que los informes del Estado van a salir negativos. Y que en el Consejo de Participación iban a contar con el voto en contra de gente que les iba a decir que esto es una barbaridad".

WWF recuerda que el Plan Especial, el de la fresa, se elaboró junto a su Estudio de Impacto Ambiental y se redactó un Informe Previo de Valoración Ambiental. Las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental fueron incorporadas y también los requerimientos de los informes sectoriales, entre ellos el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Estos trámites e informes –remacha la ONG– no existirán en esta tramitación parlamentaria de la modificación del Plan de la Fresa, lo que demuestra que el PP y la Junta de Andalucía persiguen un único interés, el amnistiar a un reducido grupo de explotaciones ilegales, que reivindican unos derechos que son inexistentes, sin posibilidad de oposición ciudadana o de informes negativos que pongan en riesgo la modificación por su evidente ilegalidad".

La oposición se llevó las manos a la cabeza. Así Maribel Mora (Adelante Andalucía) tachó el asunto de "despótico" y de "absoluta vergüenza": "Ha vetado la comparecencia de colectivos ambientalistas e investigadores. Es un veto a la realidad".