No hay ningún especialista en la biodiversidad de Doñana –sí consta un ingeniero agrónomo, Juan Manuel Ponce– en el listado de 19 personas que el PP ha registrado para que acudan, como afectados –el concepto legal es interesados– al Parlamento de Andalucía a hablar de la polémica ley que el partido impulsa junto con Vox y que llevaría, de aprobarse como está hoy, a declarar como suelos regables un número importante de hectáreas –unas 700, según admite el Gobierno andaluz, más de 1.900, según un estudio de WWF– en el entorno del Parque Nacional.

Tanto el presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes de Castro, como los expertos de la Estación Biológica, que consideran "crítico" el estado del Parque Nacional, han mostrado su rechazo a la norma por la presión que generaría sobre el agua y a ninguno de ellos ha propuesto el PP. Tampoco a representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), órgano clave en la gestión del agua en la zona. El otro proponente de la ley, Vox, que va del brazo de Juan Manuel Moreno Bonilla en este asunto, sí recoge en su lista, de manera genérica, a la CHG y al Consejo de Participación. Ahora, el PP debe decidir si acepta las propuestas de otros partidos.

El PP andaluz sostiene para explicar las ausencias de los científicos que el listado es el mismo que se presentó la pasada legislatura y que la norma se incluye en la categoría Ordenación del territorio y no en la de Agricultura ni Medio Ambiente. De hecho, es por esta razón que la ley se tramita en la comisión parlamentaria de Fomento, no en la de Agricultura ni en la de Sostenibilidad. "Algunos hablan de regadíos, pero es [una norma] de ordenación del territorio", señalan en el PP. La norma permitiría –mediante la modificación del plan de la fresa de 2014 y la ley forestal– la transformación de suelos agrícolas de secano y suelos forestales en suelos regables, lo que implica mayor presión sobre el agua, un bien escasísimo hoy en la zona, aun con los trasvases con los que el Gobierno andaluz presiona al central.

Estos listados, que han presentado todos los partidos –los de la izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante, sí recogen la participación de biólogos y expertos en agua y de la CHG–, deben ahora valorarse en la mesa de la comisión de Fomento. De ahí, de esa reunión, en la que PP y Vox impondrán su criterio, saldrá el listado definitivo de comparecientes. La pasada legislatura, como ausencias relevantes, ya se quedaron fuera la Unesco, crítica con la ley, y Ecologistas en Acción.

¿Cuándo se tomara la decisión y se aprobara la lista definitiva de comparecientes? Esta decisión está en manos del PP. La mesa de la comisión la convoca su presidenta, Ana Chocano (PP), "cuando considere", según fuentes parlamentarias. Esta comisión no se reunirá hasta después de las elecciones municipales, según las fuentes consultadas por Público, lo que supone un intento del Gobierno andaluz de rebajar el ruido y de evitar, en su caso, los riesgos de posibles efectos electorales perniciosos si se lleva esta polémica a las mismas puertas de las municipales. El escenario de retirada de la ley no está previsto en este momento. Algunas fuentes parlamentarias aseguran que el PP podría retrasar su aprobación, prevista en principio para antes del verano, indefinidamente, en función de como vea el paño político. Vox, que lucha por los mismos votos que el PP, presiona para su aprobación inmediata.

La norma ha proseguido estos días su tramitación en el Parlamento con normalidad. El pasado 2 de mayo se cerró el plazo para que los partidos presentaran sus propuestas de "agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la regulación", como recoge el reglamento de la Cámara, que también permite en situaciones excepcionales la presencia de persona a título individual, pero "solo con carácter excepcional".

El listado propuesto por el PP llama la atención al tratarse del partido que gobierna Andalucía, porque, aunque incluye a WWF, deja fuera a amplios sectores y evita la mayoría de voces críticas y, por tanto, de imponer su criterio sin recoger las propuestas de los demás, dejaría cojo el debate. El presidente andaluz manifestó este jueves en el Parlamento: "Queremos hablar (prosiguió Moreno) con todos. Para que entre todos busquemos la mejor solución posible a este problema". Esta frase invita a pensar que el PP, se abrirá a algunas propuestas de la izquierda y sí habrá expertos finalmente en las comparecencias.

De momento, y a la espera de acontecimientos, el PP ha incluido al sindicato UGT de Huelva –no así a CCOO–; a la asociación de exportadores Freshuelva; a las organizaciones agrarias Asaja y UPA, al presidente de la Confederación de Regantes de Huelva, el socialista Juan Antonio Millán; a los alcaldes de la zona –los de Lucena del Puerto, Bonares, Moguer, Rociana y Almonte– y a una serie de personas, entre las que están un ingeniero agrónomo, agricultores, funcionarios de la Junta; como la jefa de la oficina de ordenación del territorio de Huelva, un abogado y un funcionario jubilado de la CHG.

Vox, que tampoco ha incluido a CCOO en su listado, coincide en 16 propuestas con el PP y añade algunas voces, entre ellas dos que previsiblemente serán rechazadas, en uno u otro momento, como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius.

Juan Manuel Moreno Bonilla se ha dejado numerosos pelos en la gatera con este asunto, según interpreta la oposición, que lo ha tachado de "negacionista". El presidente, analizan, ha perdido en este tiempo, con su defensa de la ampliación de regadíos, parte de la imagen de moderado que había logrado construirse con gran esfuerzo al ir de la mano de Vox y en contra del criterio de la Comisión Europea.

El órgano ejecutivo de la UE considera que la norma va en la dirección opuesta a la marcada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y ya ha amenazado a España con pedir sanciones millonarias si no se empieza de una vez a cuidar el acuífero y a cerrar en serio los pozos ilegales, para lo que ha ofrecido ayuda.

Amnistía

WWF ha tachado la medida de Vox y Moreno Bonilla de "amnistía" porque, consideran, "una vez se declaren tierras agrícolas de regadío, si siguen regando ilegalmente, no estarán vulnerando la normativa de ordenación del territorio, la Junta de Andalucía no les tendrá que abrir expediente ni aplicarles el régimen sancionador de la Ley Urbanística. A efectos legales estarán vulnerando la normativa de aguas y deberá ser la Confederación Hidrográfica la que tenga que actuar en solitario contra el uso ilegal del agua, porque para la Junta de Andalucía el uso del suelo estará acorde con la planificación territorial".

A juicio de WWF el procedimiento elegido por el Gobierno de Moreno Bonilla para modificar el plan de la fresa, una ley del Parlamento –en lugar de usar los instrumentos legales que el propio plan ofrece, que implicarían una mayor participación– "solo pretende evitar la participación pública, la normativa de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos para la aprobación y modificación de los mismos como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se ha expresado en contra".

"Probablemente estemos en uno de los momentos más bajos de la calidad de las normas que llegan al parlamento. Supone un hito negativo y un momento muy oscuro en lo que es el desarrollo de las leyes. Esto se lleva al Parlamento porque si se hace a través del procedimiento reglado, se le cae. Los informes de su administración iban a salir negativos. No iba a haber un técnico que firmara esto. Saben también que los informes del Estado van a salir negativos. Y que en el Consejo de Participación iban a contar con el voto en contra de gente que les iba a decir que esto es una barbaridad".

WWF recuerda que el Plan Especial, el de la fresa, se elaboró junto a su Estudio de Impacto Ambiental y se redactó un Informe Previo de Valoración Ambiental. Las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental fueron incorporadas y también los requerimientos de los informes sectoriales, entre ellos el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Estos trámites e informes –remacha la ONG– no existirán en esta tramitación parlamentaria de la modificación del Plan de la Fresa, lo que demuestra que el PP y la Junta de Andalucía persiguen un único interés, el amnistiar a un reducido grupo de explotaciones ilegales, que reivindican unos derechos que son inexistentes, sin posibilidad de oposición ciudadana o de informes negativos que pongan en riesgo la modificación por su evidente ilegalidad".