La senadora del Partido Nacionalista Vasco (PNV) María Isabel Vaquero Montero ha preguntado al Gobierno en la sesión plenaria de este martes en el Senado: "¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para supervisar y garantizar el cumplimiento del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales respecto de las personas de nacionalidad española detenidas en Polonia?", en alusión al periodista vasco Pablo González.

La senadora vasca ha resaltado que el periodista lleva 36 días detenido en Polonia, acusado de ser miembro del espionaje militar ruso y recalcando que España y Polonia son firmantes de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero que "a tenor de la información que se publica, tenemos dudas de que se estén respetando sus derechos".

Y se ha referido al derecho a ser informado de los cargos de los que se le acusa; a ser asistido de un defensor de su elección; y a que sea respetada su presunción de inocencia. "Nos dicen ustedes que se le está prestando asistencia consultar, pero el fiscal está manteniendo el asunto en secreto", ha protestado Vaquero. 

La senadora del PNV ha recordado que "Polonia ha sido acusada por la UE por no respetar la independencia judicial". Le ha preguntado directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, si cree que Polonia está  garantizando el derecho a la defensa y a un juicio justo para Pablo González.  

Albares ha arrancado su respuesta sembrando dudas, al afirmar que "es difícil dar explicaciones porque hay muchas cosas que no podemos revelar" y el periodista "nos ha pedido que no se revelen algunas cosas". A continuación ha explicado que en este caso Exteriores está actuando como en el resto de los 800 españoles que están detenidos por el mundo. "En cuanto tuvimos noticia de la detención, nos preocupamos por él para obtener información sobre los cargos y prestarle asistencia".

"El detenido ha sido informado de los cargos, no los voy a revelar aquí", ha añadido Albares. "Se puso un abogado de oficio por impulso de la embajada, pero ha preferido tener un abogado privado externo [en referencia a Gonzalo Boye] con todas las dificultades que tiene no hablar polaco". El ministro ha revelado que ahora Pablo González tiene además otro abogado polaco de su elección. "Tiene dos abogados, su presunción de inocencia no está siendo vulnerada", ha afirmado Albares. 

Respecto a la asistencia consultar, el ministro ha recordado que el cónsul ha visitado al periodista encarcelado en dos ocasiones en 35 días, "en un corto espacio de tiempo". "Yo he hablado dos veces con mi homólogo polaco y vamos a ver el seguimiento y su conclusión, independientemente de los cargos que se presentan para él", ha concluido Albares. 

El Gobierno polaco, en un comunicado, informó el pasado 4 de marzo de que el periodista hispano-ruso había sido identificado como agente del espionaje militar ruso y le acusó de participar en actividades de servicios de Inteligencia extranjeros contra Polonia, un cargo penado con hasta diez años de prisión. 

Sin embargo, Polonia no ha mostrado aún ninguna prueba contra el reportero más allá de identificar el nombre ruso de Pablo González, Pavel Rubtsov, el que se le impuso al nacer en la URSS,  con su presunto alias como espía. En 1991, al trasladarse a España con su madre, de origen español, regularizó su nacionalidad y optó por el nombre castellano de Pablo y los apellidos de la vía materna. Por eso, el periodista está en posesión de dos pasaportes legales, uno español y otro ruso, con sus respectivos nombres. 

Pablo González fue detenido el 28 de febrero pasado cuando cubría en la frontera polaca la crisis humanitaria desatada por la invasión rusa de Ucrania. Las autoridades polacas señalaron que se le detectaron dos pasaportes y dos tarjetas de crédito con diferentes nombres.