La eurodiputada por Izquierda Marina Albiol ha participado esta semana en la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Madrid para investigar el robo de bebés que se vivió en España desde los primeros días del franquismo hasta la década de 1990. Han sido dos días en los que una delegación de nueve eurodiputadas de todas las sensibilidades políticas se ha reunido con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, con altos cargos del ministerio de Justicia, con la adjunta a la Defensora del Pueblo, con la Conferencia Episcopal y con víctimas del robo de bebés. 

Albiol señala que la misión ha servido para que "quede claro que ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar nada" y espera que en poco más de un año pueda estar disponible el informe "con las recomendaciones". La eurodiputada, no obstante, rebaja las expectativas respecto al margen de actuación del Parlamento Europeo (recuerda que se trata de un órgano legislativo) y pide a la Comisión Europea que actúe para que España asegure los derechos de las víctimas del robo de bebés. "No puede ser que la Comisión pueda forzar a un Estado a cumplir con el déficit, pero que no haga nada cuando vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la UE", dice Albiol.

Se han reunido con el Fiscal General del Estado. ¿Qué opinión tiene sobre los 'bebés robados'?

El Fiscal General del Estado dejó muy claro que los bebés robados en España son casos aislados y que, por eso, no puede haber una investigación en profundidad desde la Fiscalía. Para él no hubo un plan sistemático para robar bebés, sostiene que son casos aislados, que no había red y que no tiene nada que ver con el franquismo. Además, también nos dejó claro que no abriría una investigación de oficio, que es justo lo que están pidiendo las víctimas. 

¿Y el ministerio de Justicia dijo algo diferente?

Nos llamó mucho la atención el lenguaje que empleaban. Estaba el director general y nos hablaba de que actuaban de buena fe, que daban todo el cariño a las víctimas y que querían poner fin al sufrimiento de estas mujeres que han sufrido tanto. Parece que hablaban de humanidad y no trataban esto como lo que es: un delito de lesa humanidad. 

Nos explicaron que el Gobierno tiene un servicio de atención a las víctimas del robo de bebés. Se trata de un formulario que rellena la víctima y ellos te asesoran sobre qué documentos conseguir, pero tampoco te ayudan a investigar. También nos dijeron que tenían un Banco de ADN, pero que solo recoge pruebas a petición judicial. 

¿Estarían dispuestos a crear un Banco de ADN para bebés robados como el que funciona en Argentina?

Esto es curioso. Les pregunté si tenían constancia de experiencias tan exitosas como la Argentina y me dijeron que no la conocían. ¿Cómo es posible que las personas que se dedican a esto en el Gobierno nos diga que no tienen ni idea de lo que ha hecho Argentina? 

¿Y la reunión con la Conferencia Episcopal? Me consta que no fue nada fácil conseguir ese encuentro. 

Al final no les quedó otra que atender nuestra petición. Nos sentamos y lo primero que hicieron fue explicarnos que las congregaciones, los obispados y las parroquias no responden ante la Conferencia Episcopal y sí ante el Papa. Después, como ya había dicho la Fiscalía, hablaron de casos puntuales y aseguraban que habían colaborado mucho con la Justicia. Dijeron que estaban dispuestos a abrir los archivos si lo pedían un juez. Yo alucinaba. Colaborar no es esperar a que haya una orden judicial. Eso es una obligación. Se escudan en la protección de datos para no abrir los archivos.

He leído en un dossier elaborado por una asociación de víctimas que la eurodiputada inglesa, Jude Kirton-Darling, presidenta de esta delegación, estaba alucinada con las continuas contradicciones de las autoridades españolas.

No es para menos. En una misma tarde nos vimos con el Fiscal General del Estado y con la adjunta al Defensor del Pueblo. Maza dijo que eran casos aislados, que no había un plan sistemático y que no tenía nada que ver con el franquismo. La adjunta a la Defensora nos dijo que todo esto empezó en los 40 con el franquismo, que después afectó a las madres solteras y que después poco a poco fue siendo un negocio. Eran dos versiones completamente diferentes. 

¿Qué les pidieron las víctimas?

Pues lo primero fue lamentarse de tener que haber acudido al Parlamento Europeo por una cuestión que debería haber sido resuelta por el Estado hace muchísimos años. Eso lo primero. Por otra parte, sus peticiones fundamentales pasan por la creación de un verdadero Banco de ADN, que no existe; una Justicia gratuita, que tampoco la tienen; una investigación en profundidad de oficio; un fiscal especial para estos casos; y que se abran los archivos del Estado y de la Iglesia.

¿Qué puede hacer el Parlamento Europeo?

No hay que olvidar que el Parlamento Europeo es un órgano legislativo. Lo que podemos hacer es algo parecido a una comisión de investigación. Haremos un informe con nuestras recomendaciones y se lo enviaremos a la Fiscalía General del Estado, a la Defensora del Pueblo, a la Conferencia Episcopal y al Ministerio de Justicia. Pero al final es el Estado el que tiene que investigar y dar solución.

Otra cosa muy diferente es qué puede hacer la Comisión Europea, que entiendo que podría hacer mucho más de lo que hacen. Estamos hablando de una vulneración de derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La cuestión es la de siempre. Si la Comisión Europea tiene mecanismos para obligar a España para cumplir con la regla del déficit, ¿por qué no obliga a España a cumplir con la carta de Derechos Fundamentales?