El máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal, ha convocado este jueves 15 de septiembre a la querella que impulsa la causa del franquismo para definir la situación procesal del exministro Rodolfo Martín Villa.

Acusado de crímenes de lesa humanidad durante la Transición, Martín Villa fue procesado en octubre de 2021 por la jueza María Servini, responsable desde 2010 del único proceso judicial en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura franquista. Pero un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, revocó en diciembre el fallo de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 1.

Los abogados de la querella apelaron en febrero. Así que ahora, siete meses después, Casación escuchará a los letrados que recurrieron la sentencia. "Reforzaremos los fundamentos para que se revoque el fallo de la Cámara de Apelaciones que había dejado sin efecto el procesamiento de Martín Villa", explicó a Público la abogada Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico que se incorporó a la causa en 2018.

Por el principio de defensa en juicio que asiste a Martín Villa, el tribunal también atenderá las razones que exponga su abogado, Fernando Goldaracena, quien pidió ser citado en la audiencia. Queda la duda de si también comparecerá el encausado. Todas las presentaciones se realizarán por videoconferencia.

Para la querella, "los hechos luctuosos por los que Villa fue procesado no son situaciones aisladas, sino que formaron parte de un modus operandi que se mantuvo intacto mucho más allá de la muerte del dictador, y cuyo patrón de comportamiento se repitió en todos ellos".

Homicidios agravados

Fue por eso que el exministro se convirtió en el primer y único procesado por los delitos imprescriptibles del franquismo. Se le atribuyen cuatro homicidios durante su etapa como ministro de Relaciones Sindicales y de Interior, cargos que ocupó entre 1975 y 1979. Se trata de los asesinatos de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, tres de las cinco víctimas que fallecieron en la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, y el de un joven, Germán Rodríguez Saiz, que fue acribillado por la policía en Pamplona durante los Sanfermines de 1978.

Los representantes de la querella han solicitado que también puedan participar en la audiencia el hermano de esta última víctima, Fermín Rodríguez Saiz, y el presidente de la Asociación 3 de Marzo, Andoni Txasko.

"La jueza Servini ha sido sumamente detallista y minuciosa al momento de fundar el procesamiento de Martín Villa", puntualizó Bandirali. "Esperamos que la Cámara de Casación pueda apreciarlo".

Su compañero Eduardo Fachal, que intervendrá ante Casación junto con otro letrado de la querella, Luis Calcagno, cuestionó el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó el procesamiento de Villa. "Fue una actuación arbitraria que volvió atrás lo que ya estaba discutido y probado en el expediente, que son delitos de lesa humanidad", sostuvo a este diario.

A su juicio, el tribunal de segunda instancia valoró muy mal la prueba, cuando la que había era suficiente para procesar al exministro. "Más de 900 páginas escribió la doctora Servini en su sentencia, donde detallaba la abundante prueba que justificaba su procesamiento, mientras que el fallo de la Cámara de Apelaciones no llegó a las diez carillas", reprochó.

El propio Martín Villa, que fue indagado por la magistrada el 3 de septiembre de 2020, reconoció ante Servini que se cometieron "abusos" durante su etapa como ministro. También admitió los homicidios por los que en ese momento estaba imputado, pero negó que se tratasen de delitos de lesa humanidad, bajo la justificación de que habían ocurrido durante la Transición. "Esa discusión ya está saldada por la Justicia argentina, por eso abrió la causa en base al principio de jurisdicción universal", objetó Fachal.

"Excesos" de la dictadura

Durante su indagatoria, Villa también consideró que España se acostó monárquica y se levantó republicana, pero que de la república a la monarquía se requirió una transición muy larga. "También habló de excesos, el mismo concepto que utilizó acá, en Argentina, el dictador Jorge Videla", reveló Fachal.

El abogado argentino, especialista en derechos humanos, tiene un buen pálpito sobre la decisión que tomará Casación. "Está demostrado que hubo una continuidad de la Guardia Civil y de las fuerzas de represión desde 1975 hasta por lo menos 1981, cuando comenzaron a hacerse algunas reformas", sostuvo. "Por ello haremos hincapié, como ya hicimos en un escrito, en la cantidad de prueba que existe, incluidos los reconocimientos que ha hecho Villa durante su indagatoria".

En junio de 2018, Casación revirtió una resolución de Servini que había excluido de la investigación los casos de José Salmerón Céspedes, jefe de policía de la ciudad de Tetuán que fue torturado y fusilado en 1936, cuando Marruecos era protectorado español, y de Gustavo Muñoz, un joven de 16 años militante del Partido Comunista que fue asesinado en Barcelona en 1978.

En virtud de esa sentencia, el tribunal instó a la jueza a extender el período de pesquisa del expediente, en base a un dictamen del fiscal interviniente, Ramiro González, que observó que cualquier hecho que pudiera ser probado dentro de un plan sistemático de exterminio debía entrar dentro del objeto de investigación.

En el peor de los casos, el máximo tribunal penal del país decretará la falta de mérito de Martín Villa, lo que facultaría a los abogados querellantes a presentar nuevas evidencias ante la jueza Servini. Porque las hay.

"La jueza está investigando otros hechos y nosotros hemos aportado ahora nueva prueba al pedir que se abran diligencias al respecto, ya que la magistrada no procesó a Martín Villa por los heridos, detenidos y torturados que hubo en la masacre de Vitoria", reveló el letrado querellante.

Han pasado casi ocho años desde que Servini ordenara la detención de 20 representantes del franquismo con fines de extradición para tomarles declaración indagatoria. Quedan vivos 14. Durante todo este tiempo, España ha obstaculizado la investigación, al no autorizar siquiera los interrogatorios requeridos por la magistrada.

Se abre ahora un nuevo resquicio para avanzar en la causa, pero siempre desde Argentina.