No imaginó Matías Viotti, investigador del franquismo e integrante de varias agrupaciones de memoria histórica, que su viaje a Buenos Aires daría un vuelco.

En el marco de una visita familiar, Viotti aprovechó su estadía en la capital argentina para inscribir a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca como parte de la querella que impulsa en Argentina la causa abierta sobre los crímenes del franquismo.

Sin suponerlo de antemano, este docente de Antropología Social de la UNED entró en una vorágine de encuentros que absorbieron sus días. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, o Nora Cortiñas, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, fueron algunas de las personalidades que lo recibieron, expectantes por el único proceso en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura española y de la Transición.

"La finalidad era entablar un diálogo con los colectivos del Estado español e intentar que desde Argentina haya una colaboración más estrecha en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, incluida la Transición", explicó Viotti a Público.

En representación de Todos los niños robados son también mis niños, una asociación que trata de visibilizar la apropiación de bebés en España desde el inicio de la dictadura y al menos hasta los años 90, y del Colectivo por los olvidados de la Transición, Viotti también se entrevistó con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno argentino, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Juicios por la verdad

En la provincia de Corrientes (noreste), el investigador pudo conocer al fiscal Diego Vigay, integrante de la Fiscalía Federal en Causas de Lesa Humanidad de Chaco, que impulsó en esa jurisdicción del norte del país un juicio de la verdad por la Masacre de Napalpí, una represión llevada adelante en 1924 por un centenar de policías y un grupo de civiles que asesinaron a unos 400 campesinos e indígenas, entre ellos niños y mujeres, hechos que fueron considerados en mayo crímenes de lesa humanidad.

"Esta iniciativa nos da una perspectiva que hasta ahora no habíamos pensado: la posibilidad de hacer juicios por la verdad, que conllevan una investigación y ante los que el Estado reconoce los delitos de lesa humanidad perpetrados, por más que los acusados o los testigos hayan fallecido", refirió Viotti.

Durante algunos de sus encuentros, este activista constató la "imagen falsa en donde se veía al Estado español como país del primer mundo". La agrupación Jóvenes Justicialistas de la localidad correntina de Saladas, por ejemplo, "manifestó su estupor al enterarse de la impunidad que vivimos a día de hoy, o de lo que significó la transición española".

"España tiene mucho que aprender de Argentina, que es una potencia en derechos humanos", afirmó Viotti. "No fue solo la voluntad política de un Gobierno como el de Néstor Kirchner (2003-2007), sino también la fuerza de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, que venían dando esa batalla desde la época de la dictadura (1976-1983)".

Una enseñanza que se puede extraer de la experiencia argentina apela a la opinión pública, a la necesidad de generar una conciencia masiva sobre cómo perdura hasta el presente la impunidad de los crímenes del régimen franquista.

"En el Estado español es complicadísimo llevarlo adelante, porque la subjetividad política instalada por la misma dictadura que creó el relato de la Transición quedó en la sociedad", admitió Viotti. "Imagino que en Argentina fue igual de complicado, pero Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lograron poner de relieve lo que fue el terrorismo de Estado".

Los colectivos de memoria histórica asumen que la connivencia del sistema judicial con el franquismo impedirá que en España se juzguen alguna vez los crímenes de la dictadura franquista, y que el PSOE tiene el compromiso de que se frustre cualquier intento por hacer justicia. "De ahí que estemos en Argentina y que haya que buscar una estrategia por afuera del Estado", planteó Viotti.

Recurso de Martín Villa

La causa del franquismo que tramita desde 2010 el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de la magistrada María Servini, se encuentra en compás de espera, después de que un tribunal de apelaciones revocara el procesamiento dictado por la jueza contra el exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa.

Los abogados de la querella recurrieron la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ante el máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal, que desde febrero tiene el expediente en su poder.

"Estamos en un impasse desde entonces", reconoció a este diario Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico que se incorporó en 2018 a la causa. "Aguardamos ahora a que los tres jueces de Casación fijen la audiencia en donde deberemos fortalecer in voce (de viva voz) nuestro pedido de revocación".

Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales y del Interior entre 1975 y 1979, fue procesado en octubre de 2021 por cuatro homicidios. Servini lo consideró responsable de los asesinatos de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, tres de las cinco víctimas que fallecieron en la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, y de la muerte de un joven, Germán Rodríguez, que fue tiroteado por la policía en Pamplona durante los Sanfermines de 1978.

Todos estos crímenes son homicidios agravados en un contexto represivo de delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles.

"Pero la defensa de Martín Villa apeló inmediatamente, y en diciembre de 2021, nos notificaron que el fallo había sido revocado por la Cámara de Apelaciones", expresó Bandirali.

Ahora el exministro de la Transición vuelve a encontrarse "en el estado de sospecha que se llama 'falta de mérito', por lo que no ha sido excluido del proceso", contextualizó la abogada, integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

En junio de 2018, Casación revirtió la decisión de María Servini de excluir del expediente los casos de José Salmerón Céspedes, jefe de policía de la ciudad de Tetuán que fue torturado y fusilado en 1936, cuando Marruecos era protectorado español, y de Gustavo Muñoz, un joven de 16 años militante del Partido Comunista que fue asesinado en 1978 en Barcelona.

El mismo tribunal deberá ahora pronunciarse sobre el procesamiento de Martín Villa. "La cámara no tiene plazo para fijar esa audiencia ni para resolver el tema, así que esperamos que suceda pronto", concluyó la letrada.

Argentina investiga los crímenes del régimen franquista en base al principio de justicia universal, reconocido en su Constitución, que le permite investigar delitos de lesa humanidad con independencia del tiempo o del lugar en el que han sido cometidos.