BILBAO. -Vence, pero no convence. A esta hora, la bandera española ondea por imposición legal en muchos ayuntamientos que, en realidad, no quieren verla ni en pintura. Aquellos que se niegan a colocarla están en la mira del Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, quien a día de hoy mantiene 158 expedientes contra los consistorios díscolos. Los últimos en ser obligados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a izar la rojigualda en sus balcones han sido los alcaldes de Arratzu –municipio rural de 250 habitantes- y Bermeo, una localidad pesquera de la costa vizcaína.

A través de estas sentencias, el TSJPV daba la razón por enésima vez a Urquijo, convertido en el máximo observador de balcones municipales de Euskadi. Tanto la alcaldesa bermeana, Idurre Bideguren (EH Bildu) como el alcalde de Arratzu, Josu Sabin Olano (PNV), han preferido no hacer declaraciones sobre este espinoso asunto, que cada día afecta a más responsables municipales vascos. Según datos proporcionados a Público por la Delegación de Gobierno, el territorio más conflictivo es Bizkaia, donde actualmente hay 75 expedientes abiertos contra igual número de ayuntamientos. Le sigue Gipuzkoa, con 54, mientras que en el territorio de Araba se contabilizan 29 denuncias aún en trámite en los tribunales.

El ayuntamiento guipuzcoano de Oñati forma parte de este listado. Si bien en este preciso momento hay una bandera española en la fachada del consistorio, Urquijo entiende que no dispone de las medidas apropiadas, por lo que el asunto aún discurre en los juzgados. “Es una bandera de tamaño normal”, defiende el alcalde de Oñati, Mikel Biain (EH Bildu), quien en mayo de este año ha sido reelegido por la mayoría de sus vecinos. Entonces, las urnas volvieron a reflejar que se trata de un pueblo de claro dominio abertzale: aquí sólo hay concejales de EH Bildu –primera fuerza, con 10 ediles- y del PNV –en segundo lugar, con siete representantes-. El PP y el PSE apenas consiguieron 214 y 86 votos respectivamente, por lo que quedaron fuera de la institución.

“Se nos hace muy duro que en nuestra fachada ondee la bandera de un estado que, históricamente, ha vulnerado los derechos de nuestro pueblo. Preferimos no poner ningún símbolo antes de tener la española”, resume Biain a Público. Su compañero de partido y alcalde de Hernani –un pueblo guipuzcoano de histórica mayoría abertzale-, Luix Intxauspe, es otro de los responsables municipales que mantiene la enseña por “imperativo legal”. Si la bandera del reino ondea en este balcón es porque el delegado del Gobierno, siempre mediante la vía de la denuncia, obligó a colocarla. “Se trata de una imposición”, denuncia el alcalde.

Para tratar de contrarrestar el 'efecto rojigualdo', la corporación de Hernani situó un enorme mástil con una no menos enorme ikurriña en el medio de la plaza, justo frente al ayuntamiento. “Ese es nuestro símbolo identitario nacional”, dice un orgulloso Intxauspe. La misma escena –ikurriña en plaza contra rojigualda en ayuntamiento- se repite en varios municipios vascos de mayoría abertzale. Es el caso de Mungia (Bizkaia), donde en febrero pasado su hasta entonces alcaldesa, Izaskun Uriagereka (PNV), optó por renunciar antes de tener que colocar el máximo símbolo español fuera del ayuntamiento, tal como había sido ordenado –tras un largo proceso judicial- por el Tribunal Constitucional.

Actualmente, cuatro pequeñas banderas –la mungiarra, la ikurriña, la española y la vizcaína- están situadas en el costado izquierdo del balcón. “El problema no es dónde se colocan, ni el tamaño. Aquí tuvimos la voluntad de mantener una balconada limpia de banderas, renunciando incluso a que la ikurriña ondease, porque somos conscientes de que hay un conflicto pendiente de resolver, y no es en el marco de los ayuntamientos donde corresponde solucionarlo”, recuerda Uriagereka a Público.

Ya alejada de la política activa –“hoy sólo soy una militante de base del PNV”, afirma-, la ex alcaldesa de Mungia califica como “lamentable” que aún hoy “se imponga una bandera por la fuerza y a golpe de sentencia”. “Imponiendo una bandera nadie se siente más español, sino más bien todo lo contrario. Lo que ocurre es que quieren hacer sentir español a quien no lo es”, sostiene. A su criterio, este conflictivo asunto “debería formar parte de la agenda de los políticos”.

Cuando se produjo su renuncia, la dirección del PNV mostró su “comprensión” hacia Uriagereka y advirtió sobre la “imposición” que representaba la bandera amarilla y roja para muchas instituciones vascas. En declaraciones a Público, el senador e histórico dirigente nacionalista Iñaki Anasagasti añade que los cargos públicos peneuvistas se ven obligados a “cumplir la ley a regañadientes”. “Esa fue la bandera de la dictadura durante cuarenta años, por lo que su recuerdo no es grato”, subraya Anasagasti. En ese contexto, el veterano político no duda en definir a Urquijo como “un obseso de trivialidades”. “No se preocupa de cosas sustanciales, como el desarrollo autonómico. En vez de un Delegado del Gobierno, parece un Jefe de Policía”, ironiza.

“Odio independentista”

Quienes sí aplauden las actuaciones de Urquijo son los integrantes de España Generosa, una asociación que defiende a ultranza la “españolidad” del País Vasco y Catalunya. El pasado sábado, miembros de esta organización trataron de desplegar una bandera española de 50 metros en Donostia, a modo de protesta contra aquellos ayuntamientos vascos que incumplen la Ley de Símbolos. Lo hicieron a medias, rodeados por un dispositivo de la Ertzaintza y frente a una concentración de independentistas que denunciaban este acto de “provocación”.

“Es triste no poder sacar la bandera de tu país en tu propio territorio”, señala a Público Santiago Ribas, presidente de España Generosa. El pasado sábado, él y sus compinches tuvieron que abandonar el Paseo de la Concha a bordo de las patrullas policiales. “El odio independentista está muy arraigado”, reflexiona. Aún así, al día siguiente consiguieron su objetivo: según revela el propio Ribas, consiguieron desplegar los 50 metros de rojigualda en la playa de Donostia. Foto para la web, video para Youtube y otra vez a la autopista: según reconoce el propio Ribas, todos los participantes en esta acción –unas cinco personas- venían de “diferentes partes de España”.