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Marlaska rearma la lucha policial contra la violencia machista tras los recortes del PP

Interior repone en apenas dos años tres cuartas partes de la constante reducción de efectivos para investigar agresiones y proteger a las víctimas que los Gobiernos de Mariano Rajoy aplicaron en las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Una pancarta, durante la manifestación del 8M en Plaza de España, Madrid.- JAIRO VARGAS
Una pancarta, durante la manifestación del 8M en Plaza de España, Madrid.- JAIRO VARGAS

eduardo bayona

El Ministerio de Interior ha revertido en apenas dos años tres cuartas partes de los recortes que los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) habían aplicado a lo largo de los siete anteriores en los efectivos policiales dedicados a la investigación de los episodios de violencia machista y a proteger a sus víctimas.

Los datos constan en la respuesta remitida por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer "cómo se ha incrementado" el número de agentes destinados a estas tareas desde el cambio de gobierno en la primavera de 2018.

La respuesta incluye una serie temporal que comienza en 2011, ejercicio al final del cual Rajoy sustituyó en La Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero, y se cierra a finales de mayo de este año, cuando se cumplía el segundo aniversario de la moción de censura que llevó al relevo de aquel por Pedro Sánchez, que revelan cómo la cifra de efectivos en la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a estas tareas se vio reducida en casi una octava parte con Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz en Interior, entre diciembre de 2011 y mayo de 2018, para verse revertidos el 75% de esos recortes de plantilla en los dos años que lleva Marlaska al frente de ese ministerio.

Cargando Efectivos de fuerzas de seguridad destinados a combatir la violencia machista

Entre esos tres hitos temporales, el número de efectivos destinado a labores policiales en torno a la violencia machista cayó de 2.131 a 1.865 (-12,48%) antes de aumentar hasta 2.067 (+10,83%), con la recuperación de 202 de los 266 (75,9%) puestos suprimidos. Los recortes resultan de mayor intensidad si se toma como año de referencia 2012, el primero de gestión completa de Rajoy y sus equipos, en el que las plantillas asignadas a estos cometidos crecieron en algo más de cuarenta miembros como consecuencia de las inercias en materia de personal.

"No es decente el recorte de en las unidades especializadas en violencia de género" que efectuó el anterior Gobierno, para el que "la lucha contra esta lacra nunca había representado una prioridad", señala Heredia. "De hecho, se desatendió no sólo a mujeres víctimas, sino también a los hijos víctimas de la violencia de género", criticó.

La violencia machista aflora en las áreas rurales

La evolución, no obstante, ha sido dispar en los tres bloques en los que Interior divide la información. Así, en el Cuerpo Nacional de Policía los efectivos destinados a tareas de investigación siguen ligeramente por debajo de los de 2011 (824 por 859), aunque con un incremento de 57 en los dos últimos años tras un retroceso de 92 en los seis y medio anteriores, mientras el desequilibrio es mayor en protección, con 515 frente a los 661 de principios de la pasada década tras haber recuperado 49 después de una pérdida de casi 200.

En el caso de la Guardia Civil, que no diferencia los efectivos destinados a investigación y a protección, la plantilla creció ligeramente entre finales de 2011 y mediados de 2018, periodo en el que pasó de 611 a 632 miembros aunque estaba empezando a registrar recortes, tal y como indica la pérdida de 22 agentes en el último de esos años.

El cambio de política de los dos últimos ejercicios, en los que el número de guardias se disparo hasta los 728, con un incremento de más del 15% tras la incorporación de casi un centenar, coincide con el afloramiento de una mayor incidencia de la violencia machista en el mundo rural y en poblaciones de pequeño tamaño, en las que por lo general es el instituto armado quien desempeña las competencias sobre seguridad ciudadana.

Así lo apuntan, entre otros, la propia Fiscalía General del Estado, cuya última Memoria indica cómo solo doce de los 59 asesinatos machistas del año pasado ocurrieron en capitales de provincia, mientras "el resto, 47, fueron en otras localidades, es decir, casi el 80 % de los asesinatos tuvieron lugar fuera de la capital".

Eso, añade el documento, "pone sobre la mesa la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos lleguen a todas y cada una de las mujeres víctimas de violencia de género dondequiera que residan".
En un país en el que más de la mitad de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido episodios de violencia machista, el mundo rural vive un inquietante afloramiento de este tipo de agresiones: un 70% de los asesinatos ocurre en pueblos, que también son el escenario del 60% de las agresiones totales, a menudo en ambientes en los que denunciar supone un estigma.

"No basta con resolver un problema numérico"

"En las zonas rurales las mujeres están bastante desamparadas”, explica Annette Merino, de Somos+, una asociación de mujeres sobrevivientes a la violencia machista con sede en Zaragoza.

"Allí hay que estar muy segura de cada paso que das. La policía tarda mucho en llegar, más que en la ciudad, y en esos 30 ó 40 minutos que pasan entre la llamada de la mujer que está siendo agredida y la llegada de las fuerzas de seguridad su vida está en riesgo", explica, "porque no hay nada que enfade más a un maltratador que una denuncia". "Cuarenta minutos en una casa, en una situación extrema, pueden ser decisivos, suficiente para desencadenar una tragedia", añade.

Merino aplaude "el esfuerzo que se está haciendo", especialmente en las zonas rurales, donde comienzan a ponerse en marcha programas de autodefensa, y lo califica como "importante", aunque "no se trata solo de una cuestión de cantidad, de número de agentes", apunta.

"Eso no mejora nada la situación si no hay una sensibilización y si no cuentan con una formación específica en materia de género, no basta con resolver un problema numérico", señala.

La perversa confluencia del confinamiento y la crisis por la pandemia
Somos+ ha detectado un repunte tanto de las denuncias por maltrato como de los casos no denunciados como consecuencia de un cuadro socioeconómico en el que confluyen la pandemia, el confinamiento y la crisis derivada de ambos.
"Está afectando mucho", indica, al producirse periodos largos de convivencia entre maltratadores y víctimas y, al mismo tiempo, aumentar las situaciones de necesidad de las segundas. "¿A dónde vas? ¿Cómo huyes de esa casa? ¿Dónde puedes o pueden meterte?", plantea. Las alternativas decrecen con el empobrecimiento.

"La violencia de género es, desgraciadamente, una lacra que no cesa", tampoco con la pandemia, anota el senador Heredia, que señala que combatirla sigue siendo una prioridad. "De hecho -dice-, no ha bajado la intensidad en esa lucha durante el estado de alarma, en el que hubo más de 14.000 detenidos por agresiones machistas".

Para Heredia, "la violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y es una violencia estructural que se dirige contra estas por el mero hecho de serlo". Y, en este sentido, apunta que el negacionismo, que partidos como Vox "tratan de introducir" en comunidades como Andalucía y Madrid, donde las coaliciones de PP y C’s han optado por depender de sus votos, tiene como finalidad "invisibilizar a las víctimas y a las terribles consecuencias en las que éstas desarrollan su vida. Este discurso oculta que la violencia estructural contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad y que el machismo apuntala esta violencia".

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