Nuevos documentos a los que ha tenido acceso Público implican al Gobierno de Carlos Arias Navarro, y especialmente a Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación, en los graves sucesos de Montejurra, ocurridos el 9 de mayo de 1976. En ellos, resultaron muertas por bala dos personas y hubo una treintena de heridos. Estos hechos ayudaron a dar la puntilla al proyecto reformista de Arias Navarro y precipitaron la Transición.

Hasta ahora, prevalecía la tesis oficial de que lo ocurrido en la Montaña Sagrada del carlismo, próxima a la localidad navarra de Estella, había sido una "pelea entre hermanos", es decir, entre distintas corrientes de este movimiento legitimista, y que las fuerzas del orden bastante hicieron con evitar que la tragedia fuera mayor. Así lo declaró el propio Fraga a su regreso de un viaje fuera de España esos días y así se ha aceptado pública y oficialmente durante cuarenta y seis años.

Sin embargo, de acuerdo con la documentación que ahora sale a la luz, la Operación Montejurra 76 –más conocida como Operación Reconquista– fue un plan elaborado en connivencia con instancias gubernamentales, especialmente desde el ministerio dirigido por Fraga, que también era vicepresidente para Asuntos de Interior, para darle la puntilla al Partido Carlista, al que se consideraba un obstáculo para la consolidación de Juan Carlos de Borbón en el trono de España.

Del amplio espectro ideológico del carlismo, solamente ese partido, liderado por Carlos Hugo de Borbón–Parma, tenía en esos años un apoyo popular importante, especialmente en Navarra, algunas otras zonas de Euskadi, interior de Catalunya y País Valencià, con capacidad para convocar a miles de seguidores. Tras fundar, junto al Partido Comunista, la Junta Democrática en 1974, el Partido Carlista, defensor de un "socialismo autogestionario", formaba parte de la Platajunta, organismo unitario que se oponía a la continuidad del régimen franquista.

Los demás sectores del carlismo –los vinculados al régimen, a la extrema derecha o partidarios de don Juan (padre de Juan Carlos I)– habían desaparecido de la escena política, sin tener capacidad para organizar concentraciones masivas, mientras que la convocatoria anual de Montejurra, controlada por el Partido Carlista, se había convertido, de acuerdo con los informes oficiales, en el mayor acto público contra el régimen.

Según los citados documentos, el gobernador civil de Navarra, José Luis Ruiz de Gordoa, envía el 5 de enero a Fraga (al que se refiere en sus comunicaciones como "mi querido amigo"), así como al director general de Seguridad y al de Política Interior, un informe planteando la necesidad de evitar que en 1976 se repitiera esa "concentración subversiva contra el Rey D. Juan Carlos", proponiendo, entre otras alternativas, la posibilidad de ayudar a los "tradicionalistas" para neutralizar a los seguidores de Carlos Hugo.

En marzo, es el propio ministro de Gobernación quien le advierte de la actividad del Partido Carlista, y el 19 de abril el director general de Seguridad indica literalmente a Ruiz de Gordoa: "Ha llegado el momento de que nos ocupemos de la concentración de Montejurra". Le ofrece así el apoyo de la Policía Armada, de la policía secreta y de la Guardia Civil.

Como se cita en esa comunicación oficial, que lleva el membrete de "Confidencial", el objetivo era evitar que los "huguistas" acudieran a la concentración del 9 de mayo, instando a preparar controles y evaluar la necesidad de otras "medidas suplementarias". En la misma carta, cita expresamente a Sixto, enfrentado a su hermano Carlos Hugo, José Arturo Márquez de Prado y Ramón Merino como cabecillas tradicionalistas a los que se podría ayudar en un enfrentamiento que se califica como "conveniente".

Dos días después, el 21 de abril, es Ruiz de Gordoa quien informa a Fraga de una reunión "secreta" con los citados Sixto y Márquez de Prado en el hotel Tres Reyes de Pamplona, en la que se seguirían las "orientaciones" que el ministro ya le había dado por teléfono. El gobernador de Navarra explica a Fraga que el encuentro había sido "positivo" y que les había expresado "el deseo de ayudarles en la tarea del servicio a la patria", destacando "ante todo" el explícito acatamiento que habían mostrado al rey Juan Carlos I y el hecho de que no plantearan "ningún problema a la monarquía nacida al amparo de nuestro Estado de Derecho".

En esa reunión, sus interlocutores le comunican que tenían previsto otro encuentro con el director general de Política Interior y que, entre sus planes, figuraba ocupar la cima de Montejurra dos días antes y hacerse con el control de la zona del Monasterio de Irache, donde comienza el ascenso a la cumbre, mientras en las campas situadas tras el monasterio se realizarían labores de propaganda entre quienes subían por el camino del Viacrucis.

Otro informe, igualmente calificado de "reservado y confidencial" y que lleva por título "Operación Montejurra Tradicionalista", tiene adjunta una tarjeta personal de Fraga e incluye un detallado plan para concentrar el máximo de personas posible con ayuda de varios gobernadores civiles y otros ministerios, como el de Información y Turismo, siempre con el objetivo de consolidar la "lealtad a S. M. el Rey Don Juan Carlos".

Junto a este detallado plan de acción, se dicta la "Orden extraordinaria Montejurra 76", destinada a las fuerzas de orden público –Policía Armada, policía secreta y Guardia Civil–, que, en resumidas cuentas, consistió en obstaculizar la llegada de elementos "subversivos", como se califica a los seguidores de Carlos Hugo, mientras se facilita el acceso a los autobuses y vehículos que llevaran las acreditaciones distribuidas por los gobernadores civiles.

En paralelo, Márquez de Prado se entrevista varias veces con el general Campano, director general de la Guardia Civil, tal y como el también general Sáez de Santa María declararía años después. Él mismo había participado en una de esas reuniones, en la que se habló de facilitar armas y radioteléfonos. También explicaba, en sus declaraciones al periodista Diego Carcedo, que el SECED (Servicio Central de Documentación), los servicios secretos creados por el almirante Luis Carrero Blanco, se habían encargado de reclutar a terroristas internacionales de extrema derecha, especialmente argentinos de la Triple A, neofascistas italianos, exmiembros de la OAS y de la PIDE (la policía secreta de la dictadura portuguesa). Algunos integrarían después los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), encargados de asesinar a personas vinculadas a ETA. Uno de ellos era Rodolfo Eduardo Almirón, escolta de Fraga durante varios años.

Hasta el sábado 8 de mayo, la víspera de la concentración de Montejurra, se producen contactos entre el gobernador civil y Ramón Merino, uno de los principales implicados y persona de confianza del rey Juan Carlos, con quien mantuvieron una conversación telefónica esa misma tarde. Fue precisamente Merino quien reservó, desde el Gobierno Civil, las habitaciones en el Hotel Irache, convertido esos días en cuartel general de la Operación Reconquista. Un día antes, el rey Juan Carlos había concedido la Cruz de Isabel la Católica a Ruiz de Gordoa, en agradecimiento a los servicios prestados, concesión tramitada a través del Ministerio de Exteriores, entonces dirigido por José María de Areilza.

El domingo, día 9, por la mañana fueron esos militantes ultraderechistas internacionales quienes llevaron el peso del ataque a la zona del monasterio de Irache, y se encontraron una resistencia no prevista, por lo que hicieron uso de sus armas, igual que ocurriría con los que habían ocupado militarmente la cima del monte. Según el informe del guardia civil camuflado Fernando Iglesias, llegó a ver "un mínimo de siete armas cortas y una metralleta" esgrimidas por los atacantes. Aquí es donde encontró la muerte, tras quedar herido de gravedad, Aniano Jiménez Santos, carlista santanderino militante de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), mientras en la parte superior del Viacrucis era alcanzado mortalmente, también por impacto de bala, el joven estellés Ricardo García Pellejero. Otra treintena de personas resultaron heridas, una decena por disparos.

Lo ocurrido en Montejurra ese 9 de mayo de 1976 fue la puntilla al proyecto reformista de Arias Navarro –el "Espíritu del 12 de Febrero"–, ya muy tocado por la masacre de Vitoria, donde la Policía Armada, dos meses antes, había disparado indiscriminadamente contra una asamblea de trabajadores en huelga, con el resultado de cinco obreros muertos. Dos meses después, en julio, Arias Navarro era sustituido por Adolfo Suárez, iniciándose así la Transición. Se da la circunstancia de que Suárez, entonces ministro–secretario del Movimiento, sustituyó ese 9 de mayo a Fraga al frente del Ministerio de Gobernación, al encontrarse "casualmente" el titular del ministerio fuera de España.

Después, la aplicación de la amnistía decretada por el Gobierno de Suárez interrumpió y anuló el proceso judicial que se había iniciado en el Tribunal de Orden Público y en el que la acusación popular quería que declarara Manuel Fraga. Así se dio carpetazo a un escándalo que tuvo aquel año repercusión internacional. En noviembre de 2003, la Audiencia Nacional, contra el criterio de Interior, dictaba una sentencia a favor de las dos víctimas mortales, al calificar aquellos hechos como un acto de terrorismo.

Los documentos ahora conocidos van en la línea de la tesis defendida por el Partido Carlista, de que los sucesos de Montejurra fueron una operación dirigida desde el Estado para atribuirle una imagen de división, violencia y ultraderechista que no se correspondía con la realidad, pero que ha cuajado en la opinión pública durante los último cuarenta y seis años.

Esta imagen y la negativa del Gobierno de Suárez a legalizarlo en las primeras elecciones de 1977 le causaron un grave perjuicio político, pese a ser una de las formaciones democráticas con mejor capacidad de organización, como demostró al ser el segundo partido, tras el poderoso PCE de aquellos años, en presentar precandidaturas. Si el Partido Comunista las difundió el 21 de febrero, los carlistas lo hacían un mes después, el 16 de marzo, con listas completas para treinta y cinco circunscripciones electorales, solo una menos que las presentadas por el principal partido de oposición al régimen franquista.