La Navidad vuelve a traer al rey a las pantallas. Felipe VI hablará este sábado sentado frente a la cámara, siguiendo una tradición que forma parte de la Casa Real y de la que, de momento, no parece dispuesto a desprenderse. Lo hará, otra vez, después de 12 meses de escándalos y silencios que siguen sobrevolando el Palacio de la Zarzuela. 

2022 no ha sido el año del referéndum sobre República o Monarquía. Tampoco de una encuesta oficial del CIS en torno a qué piensa y desea la población respecto al futuro de esta institución. Ni siquiera ha sido posible avanzar en algo sensiblemente menor: saber cuánto cuesta, en euros, el despliegue de seguridad que acompaña a Juan Carlos I en su destino dorado de Abu Dabi. 

Año de silencios, año de descrédito. De la mano de las noticias poco edificadoras sobre el anterior monarca, la Casa Real cierra otros 12 meses marcados por los escándalos de Juan Carlos I, quien allá por mayo cogió un avión y se plantó en Madrid para incomodidad de su hijo, enfrascado en el intento de salvar a la monarquía.

Felipe VI empezó el año entre críticas por su discurso navideño de 2021, en el que omitió cualquier referencia a las actividades opacas de su padre o a los pedidos de las fuerzas políticas, sociales y sindicales que reivindican la necesidad de un referéndum sobre el encaje de la monarquía a esta altura de la película.

Obligado por las circunstancias, el rey no tuvo más remedio que hablar de su padre en tres comunicados oficiales, distribuidos por Casa Real el 7 de marzo y el 18 y 23 de mayo respectivamente. El primero fue para contar que Juan Carlos I había enviado una carta desde Abu Dabi, en la que anunciaba que tenía pensado quedarse a vivir en Emiratos pero sin cerrar la puerta a posibles visitas puntuales a este país, "aunque no de forma inmediata".

Aquella carta se hizo pública una semana después del archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de las investigaciones abiertas contra el emérito. "Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente, como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles", afirmaba en aquella declaración escrita.

La nota venía acompañada de dos líneas atribuidas a Felipe VI, quien se limitó a señalar que "respetaba" y "comprendía" la "voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta". 

Dos meses después, la Casa Real volvió a trasladar noticias frescas de Abu Dabi: ahora resultaba que el emérito había decidido emprender un viaje relámpago a España para, entre otras cosas, "estar con Su Majestad el Rey, con Su Majestad la Reina Doña Sofía y demás miembros de su familia en el Palacio de La Zarzuela". 

El 23 de mayo, la Casa Real anunció que Juan Carlos I, en el marco de su visita a Madrid, se había reunido con Felipe VI, junto a quien había mantenido "un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el padre del Rey decidió trasladarse a Abu Dabi el 3 de agosto del año 2020".

"Maquillaje"

Entre el comunicado de marzo y el anuncio de su visita a España en mayo hubo tiempo para otro anuncio, esta vez de carácter más amable: el 25 de abril, Felipe VI apeló a las promesas de regeneración que había lanzado ocho años atrás en ocasión de su proclamación y comunicó por escrito cuál era su patrimonio.

En concreto, Casa Real anunció que el rey tenía 2.267.942,80 euros "en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad" y otros 305.450,00 euros en "objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que han sido objeto de la correspondiente tasación". 

Tras esa noticia, Unidas Podemos –a través de la ministra Ione Belarra– calificó esta operación monárquica como "maquillaje" y remarcó que la democracia española "necesita que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado".

El mismo día en el que Felipe VI hizo público su patrimonio, el Gobierno anunció que aprobaría el decreto de "reestructuración" de la Casa Real, lo  que perseguía "continuar con el proceso de actualización de la Corona llevado a cabo desde el año 2014" y "garantizar la coordinación y eficacia de la Casa, con el fin de mejorar los servicios que presta".

En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo señaló que se buscaba además "reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad" de la monarquía española.  

Bolsas misteriosas

Una "transparencia" y "ejemplaridad" que choca con las informaciones que afectan a la figura del anterior monarca y, junto a él, a la monarquía como institución. La examante del rey emérito, Corina Larssen, añadió más leña al fuego en noviembre pasado, cuando aseguró en un podcast que Juan Carlos I volvía de sus viajes con "bolsas llenas de efectivo".  

Tras conocer esas declaraciones, varios grupos políticos del Congreso intentaron entonces que se conformase una comisión de investigación para esclarecer esos y otros aspectos oscuros en torno a la figura del exmonarca. Al igual que en anteriores ocasiones, PSOE, PP y Vox rechazaron la petición de Unidas Podemos junto con ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP, así como otros socios de investidura como Más País, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Silencio en Transparencia

Tampoco ha habido avances a través del Consejo de Transparencia. Según consta en distintas resoluciones a las que ha tenido acceso Público, el Gobierno y la Casa Real han rechazado proporcionar cualquier tipo de información sobre cuánto costó el dispositivo de seguridad del rey emérito durante su visita a España en mayo pasado. 

A la hora de fundamentar su negativa, el Ejecutivo alega que el "conocimiento o difusión" de dicha información puede "poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma". Así consta en una resolución dictada el 25 de mayo de 2022, dos días después del reencuentro entre Felipe VI y Juan Carlos I en La Zarzuela.