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Mañueco y Vox airean sus diferencias como preludio de una legislatura en la que se necesitan en Castilla y León

Apenas unas horas antes de que se constituya la Mesa de las Cortes, García Gallardo publicó en redes sociales sus exigencias, que el PP no ha aceptado: tres de las nueve consejerías, la vicepresidencia de la Junta, la Presidencia de las Cortes y la Secretaría tercera de la Mesa.

02/03/2022 El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el Comité de Dirección del PP en Castilla y León
El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el Comité de Dirección del PP en Castilla y León. Claudia Alba / Europa Press

Vox y el Partido Popular estaban llamados a entenderse tras los resultados electorales del 13 de febrero en Castilla y León, pero ninguno quiere moverse de su primera opción y se han dedicado a airear sus supuestas diferencias horas antes de la constitución de la Mesa de las Cortes. El preludio de una legislatura que parece una auténtica bomba de relojería.

El partido de Abascal, por su parte, no se ha escondido y apenas unas horas antes de esta importante jornada política para la comunidad de Castilla y León publicó su propuesta para la legislatura. En ella no se esconde: pide tres de las nueve consejerías (eliminaría, por tanto, una), la vicepresidencia de la Junta, la Presidencia de las Cortes y la Secretaría tercera de la Mesa.

El partido de Abascal pide tres de las nueve consejerías para formar Gobierno

Además, los de Juan García-Gallardo ofrecen doce ejes de Gobierno que son muy poco concretos, ya que ofrecen desde "un compromiso con el mundo rural" hasta "vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos". Sin embargo, en el documento de 5 páginas, añade tres acciones que llevarían a cabo en los primeros 90 días y pasan por reducir "todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas, así como los fondos públicos dedicados a la publicidad institucional".

La segunda acción que establecerían en los primeros tres meses de Gobierno sería derogar el decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León y la tercera, eliminar las partidas presupuestarias "que promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos". "La Junta colaborará con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados", añaden.

Vox pretende derogar el decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León 

El Partido Popular, por su parte, ha reconocido que no hay acuerdo de gobierno y el propio Mañueco aseguró en la noche del día 9 en su cuenta de Twitter que entiende la democracia "desde el diálogo, no desde la imposición".

El salmantino asegura que ha ofrecido a Vox "un acuerdo de gobierno en beneficio de las personas de Castilla y León. Desde nuestra posición hemos cedido para propiciar el entendimiento, Vox no se ha movido nada", lamentaba.

La primera reacción a este cruce de declaraciones ha llegado desde la cuenta del que fuera vicepresidente de la Junta, el político de Ciudadanos Francisco Igea, que ha apuntado: "¿En serio que ese papel con 7 generalidades es el acuerdo programático? O sea que solo vinisteis a ocupar los cargos, pero sin saber para qué. No se puede ser más infantil". Tras una contestación de García-Gallardo animándole a que abriera el enlace y leyera el documento completo, Igea añadió: "Pues abierto tampoco mejora. Generalidades, asuntos de competencia estatal y mucho sectarismo en 5 folios", dice.

Hasta estos momentos, lo único en claro es que el PSOE encabezado por Luis Tudanca sí ha presentado a una candidata para presidir las Cortes, su secretaria de Organización, Ana Sánchez. El resto no ha hecho públicos sus nombres.

Y lo que no puede ocultarse es que sin el apoyo de la ultraderecha, el candidato presentado por el PP de Mañueco solo contaría con los 31 votos de sus procuradores, por 28 de la socialista, con el esperado apoyo del candidato de Unidas Podemos. El resto de formaciones, con tres procuradores (Soria Ya y UPL), Ciudadanos (1) y Por Ávila (1) deben decidir su voto.

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