La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad con cargos a 22 de las 32 personas que fueron detenidas este martes en 13 provincias españolas en la denominada operación Enredadera, tercera fase de la operación Madeja en la que la juez Mercedes Alaya investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, causa que está bajo secreto de sumario desde julio de 2013.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los detenidos que han quedado en libertad con cargos, en su mayor parte, prestarán declaración ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla a partir de este miércoles.

De hecho, una de las personas que ha quedado en libertad con cargos es Elías Oliver, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Sevilla ya jubilado y otrora jefe de servicio de la institución, quien se encuentra en estos momentos en el Juzgado acompañado por su abogado a fin de prestar declaración como imputado.

De su lado, las personas que continúan detenidas serán puestas a disposición de la juez entre la tarde de este miércoles y este jueves. Entre ellos, se encuentra el ya exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Podio, quien habría cobrado comisiones por valor de 111.000 euros, según la juez. También permanece detenido el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez, que aglutinaba las concejalías de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad.

Otro de los que continúa detenido es Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y que este mismo martes fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes.

Entre los 32 detenidos ayer había tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona (IU).

Los otros 29 arrestados eran fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la firma sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año. De hecho, esta operación representa la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.

Según los investigadores, la estructura de esta empresa se habilitó para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.