El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplazado al próximo 18 de noviembre el juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos en campaña electoral, al no poder resolver a tiempo las recusaciones que este planteó contra los magistrados que deben juzgarlo.

En una resolución dictada este viernes, la sala civil y penal del TSJC acuerda suspender el juicio, que estaba previsto para los días 25 y 26 de septiembre –el miércoles y jueves de la próxima semana–, y señalarlo para el 18 de noviembre, una vez transcurridas las próximas elecciones generales.

El motivo de la suspensión, según la resolución, es que todavía no ha sido "procesalmente posible" concluir la instrucción del incidente de recusación que la defensa de Torra presentó contra el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y la magistrada del Alto Tribunal Mercedes Armas, dos de los jueces que componen la sala designada para juzgarle.

La posibilidad de que el TSJC tuviera tiempo de resolver el incidente presentado por Torra antes del juicio era remota, después de que el presidente catalán pidiera el pasado martes una tercera recusación, la del magistrado Carlos Ramos, quien debe resolver la planteada contra sus compañeros Barrientos y Armas.

En esa nueva petición, Torra solicitaba apartar a Ramos alegando que está "estrechamente vinculado" al PSC, porque fue nombrado magistrado a propuesta del Parlament y a instancias de este partido, que, añadía el presidente de la Generalitat, "ha destacado enormemente por su interés" en que el presidente catalán dimita o convoque elecciones.

Quim Torra ya había pedido al TSJC, sin éxito, que suspendiera el juicio previsto para la semana próxima porque coincidía con el debate de política general del Parlament y sugirió que sopesaba no acudir a la vista, lo que no es imprescindible para su celebración, dado que al afrontar una pena inferior a dos años de cárcel podría ser juzgado en ausencia.

Con el aplazamiento acordado ahora, Torra será juzgado después de las elecciones generales, inicialmente previstas para el 10 de noviembre, y con toda probabilidad una vez que el Tribunal Supremo haya dictado la sentencia del caso procés".

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la campaña de las elecciones generales del 28-A.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide además al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que multe a Torra con 30.000 euros y que se acuerde su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito "local, autonómico, estatal o europeo" durante el tiempo de condena.