La noticia se conoció el pasado lunes 18 por la tarde. El medio de comunicación The New Yorker desvelaba, a partir de datos correspondientes a los años 2017 a 2020 de una investigación de la organización Citizen Lab, una serie de nombres de dirigentes independentistas catalanes y vascos cuyos teléfonos habrían sido espiados mediante el sistema Pegasus. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El martes, el caso Pegasus protagonizó ya las principales declaraciones políticas tanto en los afectados como desde Moncloa. 

El cabreo de partidos como ERC y EH Bildu, especialmente por su condición de aliados del Gobierno, fue en aumento ante la falta de explicaciones dadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas fuerzas políticas, así como el Govern de la Generalitat, califican el suceso como muy grave y han advertido que se deben asumir unas responsabilidades que el Ejecutivo niega. 

Estas intervenciones no son nuevas y Público lleva informando desde 2017 de que las cloacas de Interior ya utilizaron Pegasus para espiar a políticos de la oposición. Dentro de la propia coalición de Gobierno, el espionaje ha vuelto a evidenciar las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos. Pablo Echenique, portavoz parlamentario de UP, fue uno de los primeros en elevar la voz, pedir responsabilidades y exigir explicaciones. "Que rueden cabezas", llegó a decir. 

Todo el foco de la habitual rueda de prensa que se celebra los martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros fue para este tema. Hasta cuatro preguntas tuvo que responder la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez sobre el caso Pegasus o Catalangate. El mensaje ese día fue doble. Por un lado, una desvinculación tajante del actual Ejecutivo de cualquier relación con el espionaje. Por otro, una defensa del Estado de derecho que rige en España y su disposición a colaborar con la Justicia si se diera el caso. 

Pero poco más. Las palabras del Gobierno no eran suficientes y así se fue viendo conforme pasaron las horas y los días. La Generalitat de Catalunya y ERC aumentaron su presión, trasladando ya que supeditarían sus apoyos en lo que queda de legislatura al impulso de una comisión de investigación en el Congreso. La iniciativa parlamentaria fue presentada al día siguiente conjuntamente por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, CUP, BNG, PNV, PDeCAT, Más País y Compromís. La pelota está en el tejado del PSOE para que salga o no adelante. 

La ley y el CNI

Aquel martes, el Gobierno descargaba cierta responsabilidad en dar explicaciones hasta la comparecencia de la ministra de Defensa en la comisión de su ámbito, solicitada a petición propia. Margarita Robles concedía una entrevista al Canal 24 Horas en la que se escudaba -también lo había hecho Rodríguez el día anterior- en la ley para no hablar de si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contaba o no con el software Pegasus. 

Unas explicaciones que tampoco convencieron a los afectados. Como tampoco el hecho de que Robles se remitiera a la futura creación de una comisión de secretos en el Congreso. Para activarla, se necesitan acuerdos amplios, de al menos 210 diputados. No es tarea fácil a tenor de los vetos de la derecha a partidos como EH Bildu o ERC, dos de las fuerzas políticas que más interés tendrían en conocer lo ocurrido, al ser parte afectada. 

Las declaraciones del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, señalaban una pérdida de confianza en el Gobierno de Sánchez, así como la congelación de las mesas bilaterales. El dirigente catalán se desplazó a Madrid el jueves para mantener una serie de encuentros con otros partidos políticos, entre ellos UP, y conceder algunas entrevistas, aumentando la presión. 

Mientras, el presidente del Gobierno y Moncloa en general intentaban rebajar la tensión con un mensaje: "Haremos todo lo posible para restaurar la confianza". El propio Sánchez y Aragonès intercambiaron mensajes pero para el president seguía faltando concreción y acciones para que se tomaran responsabilidades y se investigara a fondo. "Tiene que tomar decisiones", destacó ante los medios a las puertas del Congreso. 

Pero, tras cinco días, las decisiones no han llegado. De hecho, en Moncloa reconocen que no tienen todavía un plan definido, acciones concretas o iniciativas a desarrollar para lograr su objetivo de recomponer la situación. Se aferran a la capacidad de diálogo que han mantenido con Catalunya desde el inicio de la legislatura y su voluntad de solucionar y desjudicializar el conflicto político. A tener de lo escuchado estos días en los círculos del independentismo, no parece que vaya a ser suficiente.