MADRID.- La noticia referente a que la cúpula policial filtró información a medios de comunicación afines para desprestigiar a Podemos y a Pablo Iglesias, publicada por Público el pasado 21 de enero, supera “el test de veracidad” exigible por los tribunales, según ha dictaminado esta semana la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, Isabel Durantez.

El jefe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO), Eugenio Pino, interpuso una querella por calumnias contra la periodista de este medio tras publicar la reunión mantenida el 18 de enero en la sede de la cúpula policial entre el periodista Eduardo Inda, el comisario José Manuel Villarejo Pérez, el propio Pino y su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.

El número dos de la Policía pedía incluso una pena de cárcel, pero la juez ha dado la razón a Público y ha dictaminado el sobreseimiento libre. En su auto, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid da validez a que este medio contrastó los datos recibidos sobre la reunión, llamando incluso al propio periodista que “si bien le negó haber participado de la misma le reconoció que disponía de mucha información obtenida a través de sus propias fuentes policiales y relacionada con las investigaciones que se estaban realizando sobre la financiación del partido político Podemos”.

Sin investigación judicial

Dos días antes, Público desvelaba también que no existía una investigación autorizada por un juez contra la formación morada y que el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) era un encargo de la Secretaría de Estado de Interior, no una investigación del Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como aseguraban Eduardo Inda y otros medios de comunicación.

Público desvelaba también que no existía una investigación autorizada por un juez contra la formación morada

La juez expone en el auto que con “el propio conocimiento general que cualquier lector informado ha podido obtener en los últimos meses con el mero seguimiento de todo lo publicado” se evidencian las sucesivas y continuadas informaciones que han ido viendo la luz “respecto de todo lo relacionado con la financiación de Podemos y/o de sus responsables principales y/o con el informe o dossier conocido como Informe Pisa, a pesar de que el asunto no ha llegado a estar judicializado ni, por el momento, ha sido objeto de investigación por el Ministerio Fiscal”.

Por lo tanto, el auto señala que “es obvio que cuando de manera habitual y continuada se publican casi a diario informaciones sobre el resultado de determinadas investigaciones policiales; cuando dichas informaciones tiene un contenido detallado, concreto y específico; cuando se aportan datos o cifras en principio velados al conocimiento público y desconocidos hasta entonces; cuando dichas noticias se acompañan de imágenes de supuestos borradores, dossieres, informes, etc… de una u otra Unidad policial; y cuando son esas mismas noticias las que están llenas de referencias a que proceden de fuentes policiales o fuentes de la investigación no es arriesgado en absoluto adivinar de dónde procede la filtración”. 

Además añade que “con este panorama, es irremediable concluir que la información” desvelada por Público “supera el test de veracidad según los términos exigidos por la doctrina jurisprudencial”.

Más de 200 llamadas

Esta semana, Público ha aportado un dato más que acredita la estrecha relación entre la cúpula policial y los periodistas que están haciendo la campaña más feroz contra Podemos y sus dirigentes: las más de 200 llamadas que hubo entre octubre y diciembre de 2014 entre diferentes personas de confianza de Eugenio Pino y los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta, según consta en el sumario del pequeño Nicolás. Además, tanto Pino como Inda reconocen en sus declaraciones sus buenas relaciones y las reuniones mantenidas en el despacho del número dos de la Policía.

Más de 200 llamadas acreditan la relación entre la cúpula policial y los periodistas anti-Podemos

Según este caso que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Madrid, los periodistas colaboraron con los mandos policiales para facilitarle al presunto estafador una conversación grabada ilegalmente entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los de Asuntos Internos encargados de las pesquisas.

No sería la primera vez que los mismos policías y periodistas colaboran en tan oscuras operaciones. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, Inda y Urrieztieta han sido beneficiados de exclusivas policiales, por ejemplo, sobre dirigentes nacionalistas catalanes (Jordi Pujol, Artur Más o Xavier Trías) que no aparecían reflejadas en ningún procedimiento judicial.