Año 1980. El realizador Fernando Ruiz Vegara, por entonces una figura prometedora del cine español, estrena el documental Rocío, una película que analiza desde diferentes perspectivas el fenómeno religioso y cultural de la popular romería de la provincia de Huelva. En un momento concreto, el documental da voz a Pedro Gómez Clavijo, un vecino de Almonte (Huelva) que cuenta la represión franquista en su localidad e identifica con nombre y apellidos al presunto 'cabecilla' del grupo de criminales. Dos años después de su estreno, la Audiencia de Sevilla prohibió la exhibición de la obra en todo el territorio nacional y el Tribunal Supremo ratificó la condena censurando esa parte de la película. Razón: el derecho al honor del señalado como 'cabecilla'. 

Treinta y nueve años después, en 2019, la situación es la siguiente: Carmen García, de 90 años, tuvo que ir a declarar el miércoles ante un juez de paz de Yesa por decir que el alcalde franquista, tras el fusilamiento de su padre, les "robó" tierras; Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, tendrá que pagar 5.000 euros a la familia del exministro franquista José Utrera Molina por decir que es uno de los responsables del asesinato de Salvador Puig Antich; y el documentalista Clemente Bernard ha sido condenado a un año de cárcel y a pagar 2.880 euros por intentar grabar unas misas en el Monumento a los Caídos de Pamplona que exaltan el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y sus protagonistas.

La sociedad ha cambiado mucho en 39 años. La impunidad del franquismo, no. Ningún criminal ha tenido que declarar ante la Justicia por sus actos durante el golpe de Estado a la democracia republicana, la Guerra Civil o los 40 años de dictadura. De hecho, la Justicia también ha rechazado la extradición de torturadores de la dictadura, como Antonio González Pacheco (Billy el Niño) a Argentina, donde está imputado por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, son muchos los casos de víctimas e investigadores que han tenido que acudir a los tribunales para responder a demandas y querellas por sus testimonios personales o por investigar los crímenes del pasado. 

El historiador e investigador Francisco Espinosa recopiló algunos de estos casos en la obra Matar al mensajero (Península). Muchos de ellos son de investigadores que han tenido problemas con la Justicia por hacer su trabajo de recuperación de la memoria histórica. Pero, también hay textos escritos en primera persona por víctimas de la dictadura e incluso un juez: Baltasar Garzón, que se enfrentó a un proceso judicial por abrir las puertas a juzgar en España los crímenes del franquismo. "Me consta que hay compañeros investigadores que no publicaron lo que tenían entre manos por miedo a problemas con la Justicia". Este es el objetivo que persiguen aquellos que denuncian a investigadores o víctimas por contar los crímenes del franquismo, que el muro de silencio que se levantó en 1978 siga intacto", explica Francisco Espinosa a Público. 

Carmen García, de 90 años, hija de un fusilado de la Guerra civil. Fotografía facilitada por la familia.

El libro de Espinosa recoge casos como el de las memorias del luchador antifranquista, combatiente contra el nazismo y preso de los campos nazis Ramón Garrido Vidal. El juez titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, ordenó eliminar de internet las memorias de este hombre, que habían sido subidas por su hijo cuando este había fallecido. Garrido Vidal detallaba en su memorias que era "vox populi" que el que fuera alcalde durante el franquismo Joaquín Álvarez Lores "se había dedicado a realizar listas de 'paseados', esto es, que era uno de los encargados de seleccionar las personas que, por ideas contrarias a las existentes en aquel momento, debían ser fusiladas o asesinadas". El juez consideró que no había ninguna prueba de que esto fuera así y que se debía eliminar la información de la web. 

El auto judicial señalaba lo siguiente: "Rememorar tantas décadas después lo que mediáticamente se llama ahora 'memoria histórica' de una forma revanchista, incontrolada, aviesa o sin datos serios y ciertos que acrediten lo que se afirma vulnera de forma cierta el honor y la fama de las personas y sus familias". 

Acto de conciliación con la familia Franco

El auto del juez Carballal, que no tenía en cuenta que el relato era autobiográfico y que aportaba sus propias vivencias, tenía fecha del 1 de septiembre de 2006. Pero el intento de silenciar los testimonios e investigaciones incómodas no ha finalizado en 2019. A los casos anteriormente mencionados se suma el de, por ejemplo, el historiador Carlos Babio, autor de la obra Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, que cuenta y documenta la historia de cómo los Franco se quedaron con el pazo a través de un procedimiento más que discutible. La familia del dictador citó al investigador a un acto de conciliación con ánimo de que se retractase de las palabras que dio en un programa de Cuatro. Rechazó acudir. "No tengo nada que conciliar con los Franco", señaló a este periódico. Sin embargo, el investigador ha vuelto a ser citado a un nuevo acto de conciliación con los Franco. Esta vez para el 19 de junio. 

La razón de esta problemática, según cuenta Francisco Espinosa, es que España aún no ha revisado su pasado violento y no ha arrojado suficiente luz sobre los crímenes de la dictadura. "El problema es que la sociedad española, la Justicia y el Estado aún no han clarificado qué ocurrió a partir de 1936. Fue un proceso de violencia que aún no se ha asumido. Hubo violencia por parte de los que dieron el golpe, que fue respondida con violencia en algunos sitios, pero los que promocionaron la violencia fueron los que dieron el golpe de Estado: incurrieron en asesinatos, robos, saqueos... ese era el orden del día", prosigue Espinosa. 

El caso de Teresa Rodríguez y la demanda de los herederos del exministro franquista quizá sea el que mejor refleja la situación. La juez que condena a la política al pago de 5.000 euros se limita a señalar que Puig Antich fue ejecutado conforme a las leyes vigentes, por lo que Utrera Molina no puede ser señalado como uno de los "responsables" de este asesinato ya que atenta contra su honor. La jueza olvidaba que hablaba de una dictadura, la franquista, y de un juicio, el de Puig Antich, que no contó con ninguna de las garantías procesales básicas. "Con ese razonamiento tampoco podría haber sido condenado ningún miembro del nazismo", dice Espinosa. 

Por su parte, la periodista Olga Rodríguez denuncia que la Justicia "mira hacia otro lado ante los crímenes del franquismo y los más de 100.000 desaparecidos" mientras "condena que alguien señale a responsables de sentencias de muerte y de represión sistematizada". "La impunidad es enemiga de la democracia. Sin memoria el pasado siempre amenaza con repetirse. Conviene analizar de qué modo en España se ha construido un relato amnésico que oculta a los desaparecidos y represaliados de una de las dictaduras más largas de Europa, un relato que a su vez está empeñado en proteger a los criminales, ya sean los ejecutores o los que daban las órdenes", señala a Público la periodista Olga Rodríguez. 

La doctrina del Constitucional

La aparente contradicción entre el derecho al honor de los implicados en la represión franquista y señalados con nombres y apellidos en investigaciones históricas fue resuelta en el año 2004 por el Tribunal Constitucional. La sentencia se debe al caso del documental de la periodista e historiadora Dolors Genovés titulado Sumaríssim 477, que recogía que el falangista Trías Beltrán fue uno de los testigos que declaró en el Consejo de Guerra celebrado contra el dirigente de UDC Manuel Carrasco i Formiguera, que fue fusilado en 1937. 

Los hermanos Trías Sagnier acudieron a los juzgados para defender el derecho al honor de su padre. En Primera Instancia y en la Audiencia de Barcelona les dieron la razón a los hermanos, pero en el Tribunal Supremo y en el Constitucional dieron la razón a la periodista e historiadora. Así se ponía, desde el TC, punto y final al conflicto entre la labor del historiador y el derecho al honor. Eso sí, la sentencia se limita únicamente a proteger a investigadores e historiadores. 

"La investigación sobre hechos protagonizados en el pasado por personas fallecidas debe prevalecer, en su difusión pública, sobre el derecho al honor de tales personas cuando efectivamente se ajuste a usos y métodos de la ciencia historiográfica", reza la sentencia del Constitucional, que prosigue de la siguiente manera: "El ejercicio de nuestra jurisdicción en la garantía de los derechos fundamentales no sirve para enjuiciar la historia, y menos aún para cambiarla o silenciar sus hechos, por mucho que estos o las interpretaciones de los mismos se puedan hacer resulten molestos y penosos para sus protagonistas o para sus descendientes". 

A pesar de esta sentencia, tal y como reconoce el doctor en Derecho Rafael Escudero, "no se ha aplicado a todos los casos". "Existen todavía jueces en este país que siguen sin tener claro el carácter vinculante de la Constitución y de la interpretación que de sus normas hace el Tribunal Constitucional". En este sentido, el historiador Francisco Espinosa, autor de la obra Callar al mensajero señala que muchas veces "la Justicia depende de quien te toque" y hay victimarios y verdugos que aún hoy "encuentran ayuda por parte de la Justicia, de las leyes y del sistema". Por lo que Escudero aboga "por un mayor esfuerzo en formación de los jueces en estas materias para evitar que sigan obstaculizando la labor del investigador en el desarrollo de este proceso de recuperación de la memoria histórica". 

"España no investiga los crímenes del franquismo"

No obstante, la realidad que vive España a día de hoy, tal y como señala a Público la periodista Olga Rodríguez, es que el Estado "sigue encubriendo los crímenes de la dictadura, invisibiliza a los desaparecidos, niega a las familias reconocimiento y homenajes oficiales y concede a los verdugos el beneficio de la duda, mientras silencia a las víctimas". "Como subraya Amnistía Internacional y como han recalcado al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas en estos dos últimos años, España ni investiga ni permite investigar —poniendo impedimentos a la querella argentina— los crímenes del franquismo", sentencia Olga Rodríguez. 

Por su parte, el periodista e investigador Carlos Hernández, autor de la obra Los campos de concentración de Franco, denuncia que en España la "Justicia no solo no es igual para todos, sino que se suele aliar siempre con el más poderoso". "Los herederos del franquismo siguen ostentando mucho poder, especialmente si les comparamos con las víctimas de la dictadura que continúan estando desamparadas jurídica y políticamente. Los herederos del franquismo cuentan con dinero para contratar los mejores abogados, juegan con unas leyes que siguen favoreciendo a los verdugos frente a las víctimas y, además, tienen como aliados a parte de la judicatura que sigue simpatizando con aquella sangrienta dictadura", sentencia.