El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al sentenciar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el Procés reclamados para ser juzgados en España, entre ellos el expresident catalán Carles Puigdemont.

Sin embargo, la sentencia recoge si puede haber una negativa de entrega si se considera que en España existen "deficiencias sistémicas" para garantizar sus derechos fundamentales. La sentencia de este martes es esencial para determinar su futuro judicial, pendiente también de que el Tribunal General de la UE decida si le levanta o no la inmunidad.

El fallo permite al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena emitir una nueva euroórden contra el exconseller catalán Lluis Puig, quien huyó con Puigdemont a Bélgica en 2017 pero que a diferencia del expresidente no es eurodiputado y no goza, por tanto, de inmunidad

La sentencia dictada por la Gran Sala del tribunal europeo, ante la que no cabe recurso y es de obligado cumplimiento, responde a las cuestiones prejudiciales remitidas por Llarena en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra varios encausados por su papel en el Procés, entre ellos el expresidente Puigdemont, como las razones para denegar la ejecución de tales euroórdenes.

El abogado de Puigdemont: "Hoy es un buen día"

El abogado Gonzalo Boye, que representa al expresidente del Govern y a los exconsellers Clara Ponsatí y Lluís Puig, ha expresado tras conocerse el fallo: "Hoy es un buen día". "Las sentencias del TJUE son para leerlas íntegramente", ha publicado Boye en su cuenta de Twitter.

El letrado ha defendido el argumento de la abogada Isabel Elbal Sánchez, que ha indicado la clave de la sentencia es "que se puede denegar una euroórden si se demuestra la existencia de 'deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca' el reclamado.