La Abogacía del Estado considera como la Fiscalía que la reforma penal que convirtió el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados permite atribuir al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, huido de la Justicia, este último tipo penal, además del de malversación.

Lo ha hecho en un recurso contra el auto de Llarena que retiró el delito de sedición a Puigdemont y le procesó por desobediencia y malversación, sin incluir el delito de desórdenes públicos agravados para el ex presidente de la Generalitat ni tampoco a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

En su escrito, la abogada del Estado Rosa María Seoane se limita a solicitar a Llarena que incluya los desórdenes públicos como delito "por el que puedan ser enjuiciados los procesados en situación de rebeldía, junto a los de desobediencia y malversación".

El auto de Llarena consideraba que la derogación de la sedición plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados, al no encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

La decisión de la Abogacía tiene lugar después de que este martes los fiscales del procés pidieran también a Llarena que persiguiera al expresidente catalán por el delito de desórdenes públicos agravados, además de por desobediencia y malversación agravada.

Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal que entró en vigor el pasado jueves. Ese mismo día, el magistrado del Supremo acordó cambiar la desaparecida sedición por desobediencia –descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados– y mantener la malversación agravada –desechando las nuevas versiones atenuadas–.