El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como investigados para septiembre al conseller de Empresa, Roger Torrent, y a los tres miembros de JxCat y ERC de la Mesa que presidió en el Parlament, por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por las resoluciones a favor de ejercer la autodeterminación y para reprobar al rey.

En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret cita a declarar el próximo 15 de septiembre a Torrent y a los también investigados Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de JxCat, y a Adriana Delgado, de ERC, contra quienes la Fiscalía se querelló por desobedecer al Constitucional al tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

Además de citar a los investigados, la juez acuerda en su auto fijar una fianza de 10.000 euros a Vox para que el partido pueda ejercer la acusación popular en la causa.

"La maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión", ha afirmado Torrent en sus redes sociales tras conocer la noticia. 

El conseller de Empresa y Trabajo también ha lamentado que se le cite a declarar como investigado por haber tramitado, como presidente de la cámara catalana, resoluciones sobre la autodeterminación y la monarquía. Según Torrent, "el Parlament es el templo de la palabra y del debate", por lo que "intentar censurarlo es un grave error que va en contra de la democracia".

La querella

La Fiscalía presentó una querella contra Torrent y los miembros independentistas de la Mesa, por tramitar resoluciones sobre la autodeterminación y la monarquía.

Según la Fiscalía, Torrent y el resto de diputados de la Mesa de JxCat y ERC dieron luz verde a la tramitación de las resoluciones en cuestión, pese a haber sido advertidos de su ilegalidad por parte del secretario general de la cámara y ser consientes de que el Constitucional lo había prohibido.

En concreto, según la Fiscalía, el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional comunicó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en que les notificaba personalmente "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria" que supusiera "ignorar o eludir" la suspensión de la resolución de ruptura del 9N.

El ministerio público también ve desobediencia en la tramitación de otra resolución de octubre de 2019, por parte de la secretaria cuarta de la Mesa Adriana Delgado, que la CUP presentó para que el Parlament expresara su voluntad de "ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

La resolución fue finalmente sometida a votación y aprobada por el pleno, aunque el 11 de febrero de 2020 el Constitucional estimó un incidente de ejecución promovido por el Gobierno, la anuló y dedujo testimonio contra Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado, lo que dio pie a que la Fiscalía se querellara contra ellos.