Este lunes arranca en la sede de la a Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) el juicio por la visita del Papa a València en 2006, uno de los episodios más relevantes de la trama Gürtel. La Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado acuerdos de conformidad con trece de los 23 acusados que se sientan en el banquillo a partir de este lunes para ser juzgados por el presunto desvío de fondos a través de la trama Gürtel que organizó la visita del Papa a València en 2006. 

El acuerdo alcanzado entre Anticorrupción y varios de los acusados garantiza que habrá un reconocimiento de los hechos y anticipa la posible adhesión al acuerdo de otros acusados que podrían sumarse hasta el inicio de la vista.

Entre los que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía se encuentran el exdirector general de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno; el responsable de la trama Gürtel en València Álvaro Pérez El Bigotes y José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, la empresa de la red en Valencia.

El resto de acusados que han llegado a un pacto con la Fiscalía ocupaban diversos cargos en la RTVV y en empresas instrumentales del grupo Correa, que se enfrentan a peticiones de pena de la Fiscalía de entre 9 y 15 años de cárcel.

No han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía, entre otros, algunos de los principales acusados como son el líder de la trama, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que la época de los hechos era consejero de Agricultura y para el que la Fiscalía pide once años de prisión.

Los acusados que han llegado a un acuerdo de conformidad reconocerán los hechos tal y como los relata la Fiscalía en su escrito de acusación y se comprometerán a devolver la totalidad del dinero desviado de las arcas públicas a cambio de eludir la entrada en prisión.

Según el escrito de acusación, los implicados en esta trama participaron en la adjudicación a empresas del grupo Correa de diversos contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y sonido por 7.493.600 euros, cargando el gasto a la RTVV con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.

De esta forma se repartieron supuestamente 3.387.197 euros de dinero público entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Blanco Balín.

La Fiscalía sostiene que el precio del contrato fue inflado y fijado por los acusados que adjudicaron el contrato a la empresa Teconsa, que formaba parte del entramado Gurtel. De esa cantidad, 3,3 millones de euros se acabaron repartiendo entre Correa, Crespo, El Bigotes y Ramón Blanco Balín.

La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

Aunque Juan Cotino no tenía ningún cargo en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia, que se encargaba formalmente de organizar la visita del Papa, el ministerio público le considera el impulsor de las contrataciones. Por su parte, según la Fiscalía, Juan Cotino, recibió de las empresas del grupo Correa como regalo un chaquetón valorado en 375 euros.

Colaborar con la Justicia

La vista ha comenzado con las cuestiones previas en una sesión en la que han manifestado su intención de colaborar con la Justicia y confesar los hechos, fruto del pacto con la Fiscalía Anticorrupción,

También se han prestado a confesar los hechos en el mismo sentido Álvaro Pérez, el Bigotes, y José Ramón Blanco Balín, para los que la Fiscalía pide 37 y 18 años de prisión, respectivamente.

El abogado de Blanco Balín, considerado el "blanqueador" de la trama, ha informado de que su defendido ya ha realizado una transferencia de 400.000 euros en concepto de reparación parcial del daño causado, "tras un proceso de reflexión y arrepentimiento".

Varias defensas, entre ellas las de Correa y Crespo, han advertido al tribunal de que no puede dictar una sentencia de conformidad ya que para ello el acuerdo debería ser suscrito por todos los acusados.

El abogado de Correa ha pedido la suspensión del procedimiento por nulidad de las grabaciones efectuadas por el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, condenado en el juicio de la época I de Gürtel, que dieron lugar al caso, así como de las efectuadas en la prisión madrileña de Soto del Real a acusados cuando hablaban con sus letrados.

La Fiscalía, sin embargo, ha recordado que las grabaciones de Peñas no son el único eje de la causa y que las posibles pruebas relacionas con las segundas han quedado excluidas del procedimiento.

Por su parte, el defensor de Álvaro Pérez ha anunciado que éste va a seguir colaborando con la Justicia como ha hecho en los últimos juicios de la trama.

El abogado de José Luis Martínez Parra, que era director de Teconsa, empresa a la que se adjudicó el suministro de las pantallas y los aparatos de sonido para la visita del papa con ocasión del Encuentro Mundial de las Familias, ha denunciado "las maniobras" que realiza la Fiscalía en España para pactar con acusados después de presentar su escrito de acusación.

A su juicio busca "amedrentar" a los acusados y ha estimado que estos acuerdos deberían adoptarse en la fase de investigación pero no en el juicio, pero la fiscal Concepción Nicolás, apoyada por la Abogacía del Estado, ha asegurado que no se ha "coaccionado a nadie" y ha garantizado que todos los pactos se amparan en la legalidad.

El juicio tiene señaladas 44 sesiones entre el lunes, 9 de marzo, y el 4 de junio. El acuerdo de conformidad podría agilizar el transcurso de la vista. La Fiscalía solicita 38 años de prisión para Correa y 37 para Pablo Crespo y para Álvaro Pérez, los tres ya en prisión cumpliendo condenas por otras piezas del caso Gürtel.