Expresidentes de la Generalitat y del Parlament han suscrito hoy un comunicado conjunto dirigido al Tribunal Supremo en el que piden "garantías para el derecho de defensa de los inculpados durante el juicio del procés" y que puedan acudir en situación de libertad.

Las máximas autoridades del Parlament y de la Generalitat piden al TS en su comunicado, promovido por el Síndic de Greuges, "cambios en las condiciones de la prisión preventiva de los inculpados para que puedan llegar en plenas facultades" al juicio.

El comunicado, que firman Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont (Pasqual Maragall no pudo ser contactado por el Síndic de Greuges), argumenta que la prisión preventiva "tiene unas causas tasadas en el ordenamiento jurídico español que no siempre se interpretan en sus justos límites, lo que la convierte, de hecho, en una pena anticipada".

Los que han sido presidentes del Parlament y de la Generalitat han pedido a los abogados defensores de los acusados por el procés que incluyan en sus escritos de defensa esta "apelación a las autoridades competentes que garantice el derecho de defensa" y que se consideren "medidas alternativas a la privación de libertad en centro penitenciario" de los presos independentistas.

"Es un problema generalizado del sistema penal que vulnera el derecho a la libertad individual y el derecho a la presunción de inocencia; contribuye, además, a la saturación de los centros penitenciarios, y, finalmente, puede entorpecer el derecho de defensa", argumenta la nota, que también firman los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert -la también expresidenta Carme Forcadell es una de las encausadas que está encarcelada-.

En cuanto al derecho de defensa, el texto enviado al Tribunal Supremo destaca que "es un derecho fundamental en un Estado de derecho democrático, y cualquier persona acusada de un ilícito penal debe poder disponer de medios adecuados para ejercerlo de manera efectiva, incluyendo las condiciones materiales adecuadas, muy en especial durante la celebración del juicio oral".

En este sentido, recuerdan que así lo ha manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ante el aviso del traslado a finales de este mes de los presos que están en Catalunya a cárceles de Madrid, el comunicado señala que cualquiera de los centros está a más de una hora de distancia de la sede de la Audiencia Nacional y de sus calabozos, donde tendrán que ser trasladados en vehículos policiales antes de acudir cada día a la sala de vistas del Tribunal Supremo.

"Si se mantiene la situación de privación de libertad provisional de estas personas se producirán largos traslados al lugar de las vistas desde y hacia el centro penitenciario y su permanencia en dependencias judiciales ajenas al Tribunal Supremo", advierten.

Según las autoridades, todos estos traslados dificultarán el contacto continuo con sus letrados "y limitará sin razón legal su participación activa en su propia defensa, por lo que se restringe innecesariamente este derecho".

"Este traslado diario se efectuará previsiblemente durante varios meses, lo que significa una penosidad innecesaria añadida a los fines de la prisión provisional", añade el comunicado, que Rafael Ribó también ha enviado a los defensores del pueblo de España y a los responsables de derechos humanos del Consejo de Europa "por si consideran oportuno apoyar la iniciativa".