El Tribunal Supremo celebra este martes la vista previa en la que decidirá si es o no competente para juzgar a los 18 dirigentes soberanistas acusados, entre otras cuestiones, por la organización del referéndum del 1-O. Las defensas de los encausados han pedido que el juicio se haga en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), es decir, en Barcelona, y no en Madrid, ya que los hechos investigados sucedieron en Catalunya y, por lo tanto, este sería el órgano competente para juzgarlos. Se da por hecho, sin embargo, que la solicitud no saldrá adelante y que la sala de lo penal del Tribunal Supremo, encabezada por Manuel Marchena, acogerá el juicio del 1-O.

La vista previa es el último paso antes del arranque del juicio oral, que llegará durante la segunda mitad de enero. Queda alrededor de un mes para que los encausados y el conjunto del soberanismo defina la estrategia con la que quiere acudir al tribunal, en lo que será uno de los acontecimientos que, a buen seguro, marcará la política catalana y española durante en 2019 y, probablemente, en los próximos años. Hace semanas que partidos y entidades independentistas trabajan, conjuntamente con las defensas, para tratar de trazar una estrategia conjunta que vaya más allá de lo que suceda en la sala, pero a la vez hay matices importantes en función de los actores.

La idea de limitarse a una dar respuesta a posteriori a una sentencia condenatoria, expuesta hace unos meses por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no es ahora la vía prioritaria, sino que el grueso de los actores tiene decidido moverse previamente. Fundamentalmente, lo que se ha hablado hasta ahora en los diversos encuentros mantenidos en escenarios como Bruselas (con el ex presidente catalán, Carles Puigdemont) o Ginebra (donde está la ex diputada de la CUP Anna Gabriel y la secretaría general de ERC, Marta Rovira) es de la necesidad de internacionalizar la causa, vinculándola sobre todo a la vulneración de derechos fundamentales. Paralelamente, también habría consenso en utilizar el juicio del Tribunal Supremo como un altavoz para volver a poner la cuestión catalana en la agenda política y mediática internacional, uniéndola a la lucha por la defensa de los derechos civiles y políticos.

Vista de la prisión deLledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, al norte de Barcelona, donde están los políticos independentistas presos. REUTERS/Albert Gea

Ahora bien, queda por ver hasta qué punto la estrategia global apuesta por hacer una defensa política que vaya a la raíz del conflicto, es decir, al ejercicio del derecho a la autodeterminación de los catalanes. Aparte de las movilizaciones fuera de la sala, esto implicaría también reivindicar el 1 de octubre precisamente como eso, como la voluntad de ejercer este derecho a través de un referéndum y apelar también a la legitimidad de la desobediencia civil no violenta ante un Estado que quería impedir su celebración. Quien parece decidido a apostar por esta vía es el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelado desde el 16 de octubre del año pasado.

La movilización para obtener una "sentencia justa"

"Es imprescindible enfocar el procedimiento desde el punto de vista político, pero eso no quiere decir renunciar a hacerlo técnicamente, sino mantener con firmeza la defensa de todo lo que se ha hecho, porque sabemos que no es ningún delito. Intentar reducir la pena asumiendo, aunque fuera parcialmente, el relato del tribunal nos abocaría a una situación de falta de credibilidad ante él, y podría desmoralizar a toda la parte de la población que ha actuado y actúa desde el convencimiento de que la única solución al conflicto entre Catalunya y el Estado pasa por la celebración de un referéndum que, más allá de otros calificativos, podemos adjetivar categóricamente de inevitable", escribe Cuixart en el epílogo de Jo acuso. La defensa en judicis polítics (Pagès Editorial).

En el libro, aparecido recientemente y escrito por el abogado y ex diputado de la CUP Benet Salellas, Cuixart también reivindica la desobediencia civil y recuerda que esto implica, también, asumir las consecuencias. En una entrevista en Públic, Salellas, que forma parte del equipo de defensa del presidente de Òmnium, apunta que es un "absurdo" imaginar que con el actual Supremo "obtendremos una absolución o una sentencia con condenas bajas simplemente con el ejercicio de una defensa técnica jurídica o utilizando aquellos contactos que la burguesía catalana ha tenido en Madrid toda la vida".

El president de la Generalitat, Quim Torra, en las concentraciones convocadas con motivo del primer aniversario del ingreso en prisión de los políticos independentistas presos. REUTERS/Albert Gea

Para él, "la única posibilidad de forzar al tribunal a una sentencia justa, y por tanto a la absolución o una condena de mínimos, es a través de la movilización social. La sociedad civil, la gente organizada, los movimientos sociales y políticos tenemos que demostrar nuestra capacidad de contrapoder y de condicionar la agenda judicial y el resultado de este juicio". En su opinión, esto pasa por llamar a puertas a nivel internacional, movilizar la sociedad a nivel catalán y también conseguir la implicación de un parte importante de la sociedad estatal, que rechace el proceso judicial. El sábado, cientos de personas se concentraron ante la sede del Supremo para denunciar la «parcialidad» y las sentencias «injustas» de la justicia española, con un gran protagonismo del caso catalán.

La apuesta por el TEDH

Según han informado varios medios, la defensa técnica, que también se hará, intentará desmontar la instrucción del juez del Supremo Pablo Llarena y todas las acusaciones y buscará evidenciar lo que considera vulneraciones de derechos fundamentales, con el objetivo de facilitar el posible camino posterior hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En este sentido, Salellas también matiza esta estrategia en considerar que la cuestión de los derechos fundamentales no debe situarse en el centro de la defensa, fundamentalmente porque la hipotética resolución del TEDH tardaría unos años en llegar y, sobre todo, no será este tribunal internacional quien resolverá el conflicto político. Con todo, otras defensas sí que están poniendo buena parte de los esfuerzos en esta vía, como muestra la decisión de los presos en huelga de hambre de enviar cartas a una cuarentena de dirigentes comunitarios para denunciar su situación.

La participación de actores internacionales también estará garantizada con la presencia de organizaciones como Amnistía Internacional, que ha anunciado que hará de observadora del juicio del Supremo para analizar si cumple con todas las garantías. Además, este lunes se presentó en Barcelona la plataforma International Trial Watch-Catalán Referendum case, que pretende gestionar y facilitar la presencia de observadores nacionales e internacionales en el juicio, con el objetivo de redactar informes en los que se determine si el tribunal ha respetado su imparcialidad y independencia, así como los derechos humanos de los acusados.

En el ámbito de la movilización social, por el momento la Esquerra Independentista (el espacio político del que forma parte la CUP) ha presentado una campaña para animar a la "movilización permanente" desde la primera jornada del juicio. Su primer acto central será ya este miércoles en el Teatre Polioroma de Barcelona.

Para Salellas de lo que se trata con la combinación de acciones es "invertir la actual correlación de fuerzas" de forma que al tribunal, que estará presidido por Manuel Marchena, se le haga muy difícil aprobar una sentencia condenatoria.

En cualquier caso, durante las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la estrategia de defensa y si realmente se enfoca de una manera estrictamente política, a diferencia de lo que sucedió por ejemplo en el juicio por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, donde la estrategia no pasó por reforzar las propias convicciones, sino que se negó cualquier voluntad de desobediencia.