"Apura demasiado". Así describen quienes la conocen a Carmen Rodríguez-Medel, la magistrada que instruye el caso sobre las concentraciones autorizadas en Madrid en los días previos a la declaración del estado de alarma, como la manifestación feminista del 8-M.

Minuciosa y trabajadora, Rodríguez-Medel es una magistrada de una tenacidad excesiva, en opinión de sus detractores. Requiere en los casos que instruye numerosa documentación y es muy pertinaz: lleva las causas penales hasta el final, hasta no dejar dudas.

Nacida en 1972, esta jueza ha puesto en apuros a la cúpula del ministerio del Interior tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a informar del documento encargado por la magistrada a los agentes de la Guardia Civil en funciones de policía judicial.

Hace tan sólo cuatro meses, Rodríguez-Medel sonó como firme candidata de Fernando Grande-Marlaska para ser la directora general de la Guardia Civil tras el cese de Félix Azón. Pero, en su lugar, se optó por la política socialista malagueña María Gámez Gámez.

No fue extraño que su nombre figurara como posible directora general de la Guardia Civil: Conoce muy bien al resto de protagonistas de este pulso sobre la independencia de la investigación judicial.

La jueza fue letrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando Grande-Marlaska era vocal de dicho órgano. Como ella, también era letrado Rafael Pérez Ruiz, mano derecha del ministro y actual Secretario de Estado de Seguridad.

Los tres jueces que protagonizan este pulso mantenían hasta hace muy poco una fluida relación profesional y personal dentro del CGPJ. Rodríguez-Medel era letrada de Internacional; Pérez Ruiz de la Oficina Judicial, y Grande-Marlaska era vocal de la poderosa Comisión Permanente, desde donde intentó sin éxito ser nombrado Fiscal General del Estado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2017, tras el fallecimiento de José Manuel Maza.

Rodríguez-Medel fue asesora en la dirección general de Cooperación Jurídica Internacional en la etapa del PP, cuando Rafael Catalá era ministro de Justicia. Duró once meses porque dejó el cargo al discrepar con el enfoque del PP en este ámbito.

Hija del cuerpo

Casada con el juez Jaime Serret Cuadrado, responsable del Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe (Madrid), Rodríguez-Medel es lo que se denomina "hija del cuerpo". Es hija de un coronel de la Benemérita y hermana del coronel Antonio Rodríguez-Medel, jefe de la comandancia de Málaga.

La jueza es nieta de José Rodríguez-Medel Briones, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Navarra asesinado el 18 de julio de 1936 al intentar impedir la sublevación. Era el primero de la lista del general Emilio Mola y fue una de las primeras víctimas de la Guerra Civil. Los seis hijos varones de este teniente coronel hicieron carrera militar.

Investigó a Casado y Cifuentes

En enero de 2018, Carmen Rodríguez-Medel llegó al juzgado de instrucción número 51 de Madrid donde llevó la instrucción del caso master contra el líder del PP Pablo Casado, por supuesto trato de favor de la trama. También instruyó la causa contra la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que acabó con su carrera política.

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense, ha sido miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Corrupción en Marbella

La magistrada sacó la oposición de juez en 1996. Se curtió primero en Santoña (Cantabria) y luego en Marbella, a partir de 2002, hasta que en 2008 pasó al juzgado de Violencia sobre la Mujer. Desde allí intentó ser nombrada en comisión de servicios para reemplazar a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, pero el puesto fue para Pablo Ruz.

En Marbella fue implacable contra las tramas corruptas junto al fiscal Carlos Yáñez. Ambos formaron todo un eje de acero y desde entonces guardan una gran amistad. Yáñez fue fiscal del caso Lezo, de corrupción del PP, pero dimitió en 2017 por su negativa a plegarse a las presiones del nuevo Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. A su vez, este último dimitió tras el escándalo sobre su patrimonio familiar en una sociedad de Panamá.

Ironía frente al Supremo

La magistrada huye de los medios de comunicación y del protagonismo. Pero esa visión algo mesiánica de la instrucción hasta el final que critican otros jueces es la que le ha llevado a este enfrentamiento con Grande-Marlaska.

Le gusta estudiar y sabe desplegar la ironía. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo le obligó a archivar el caso master contra Casado, la jueza dictó un auto de archivo donde se lamentaba: "Al modesto entender de esta instructora, se está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado". Y concluía con ironía: "Aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los juzgados de instrucción".

Ahora, el recurso de la abogacía del Estado contra la imputación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, pone a esta jueza contra las cuerdas porque la Audiencia de Madrid podría desembocar en la nulidad de todo el procedimiento abierto por la autorización de concentraciones en los días previos a la declaración del estado de alarma.