El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha dimitido por desavenencias con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que cesara este domingo al coronel Diego Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza" como responsable de la comandancia de Madrid.

El teniente general Ceña era hasta este martes el máximo responsable operativo de la Guardia Civil y su número dos.

El nuevo DAO de la Guardia Civil será el general de división Pablo Salas. Hasta ahora era el máximo responsable del Servicio de Información de la guardia civil. Salas lleva toda su vida profesional en primera línea de la lucha antiterrorista.

Ceña ha presentado su dimisión esta misma mañana ante la directora general de la Benemérita, María Gámez, nombrada para el cargo por Marlaska el pasado 28 de enero.

El general Ceña, de cuatro estrellas, tenía previsto jubilarse el pasado 23 de marzo con motivo de su 65 cumpleaños, pero acordó con el Ministerio del Interior permanecer en su cargo hasta el 2 de junio para ayudar a la Guardia Civil ante la pandemia.

Ceña argumenta como causa de dimisión "falta de sintonía" tras las últimas decisiones adoptadas por Interior y ha solicitado el relevo del cargo, según han confirmado a este diario fuentes internas de la Guardia Civil.

El general arrastraba varias desavenencias con el equipo de Marlaska hasta el cese de Pérez de los Cobos, que ha sido "el detonante" de su decisión.

El cese de Pérez de los Cobos fue ordenado por Grande-Marlaska a Gámez el pasado domingo, con el argumento de una "pérdida de confianza". La directora general fue quien trasladó la decisión al propio afectado.

Grande-Marlaska cesó el pasado domingo al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. El cese se produjo después de que el pasado viernes la Guardia Civil entregó un informe a la juez Carmen Rodríguez Medel sobre las decisiones adoptadas por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, entre los días 5 y 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma.

La magistrada había dado órdenes en un auto a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que sólo podían informarle a ella del avance de las investigaciones, y advertía de las consecuencias legales de la filtración de información. Además, requería que toda difusión a los medios de comunicación debía ser autorizada previamente por ella.

El informe de la Guardia Civil fue remitido a la magistrada el pasado viernes. El ministro del Interior no tuvo conocimiento de su existencia hasta su difusión.

El coronel Pérez de los Cobos recibió la llamada de dos mandos para requerirle datos sobre dicho informe y el respondió que lo desconocía. El domingo 24 de mayo, Marlaska ordenó su cese.

La juez advierte a Interior

Pasadas las 9 de la mañana de este lunes, 25 de mayo, la magistrada remitió un oficio al secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez Ruíz, para comunicarle que había dado una "orden expresa" de guardar "rigurosa reserva" a los agentes de la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial que investigan las concentraciones.

La magistrada recuerda al 'número dos' de Marlaska que la "infracción de dicho deber" se castiga disciplinariamente, sin perjuicio de "otras responsabilidades" que pudieran ser penales.

Horas después, se difundía el auto en el que la magistrada cita al delegado del Gobierno como investigado para el próximo 5 de junio.

El informe entregado a la juez fue elaborado por la la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Contiene datos que avalan que la delegación del Gobierno disuadió la organización de un congreso evangélico en las fechas en las que permitió la manifestación del 8-M y un congreso de Vox.

El informe destaca la existencia de llamadas telefónicas por parte de la Delegación de Gobierno a los promotores de actos con el fin de sondearles para cancelarlos. La Guardia Civil destaca que "estas llamadas no aparecen en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno de Madrid" al juzgado de instrucción 51 con lo cual se concluye que "existe una posible intencionalidad para que no figure en el registro oficial a pesar de que conocían la gravedad de la pandemia".

El documento asegura que el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia en enero, para lo que se basa en un informe del ministerio de Ciencia que dirige Pedro Duque en el que se afirma que desde entonces se lucha contra la pandemia.