El juez Pablo Ruz también quiere correos electrónicos, que han sido una mina en los casos de Iñaki Urdangarin o Miguel Blesa. Por ello, ordenó a la Policía que en la entrada practicada a la sede de Génova requiriera todos los mails de las personas que ocuparon responsabilidades en las áreas de Tesorería y Gerencia durante el periodo temporal investigado: Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, los tres imputados en la causa.

Ruz asegura, en el auto por el que mandó al secretario judicial y a la Policía a la sede de Génova, que los responsables de los departamentos de Tesorería y la Gerencia del PP dieron 'cobertura a una facturación oficial ficticia' de las obras realizadas en su sede entre los años 2005 y 2011, en coordinación con la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo. Y destaca que estos fondos guardarían 'correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas' en los que se reflejaban donaciones de empresas constructoras que superaban los límites establecidos por la ley. 

Ruz envió anoche a la Policía Nacional a la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, para que obtuviera la documentación relacionada con las obras de reforma que llevó a cabo entre 2005 y 2011 y también todos los 'elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables' que se atribuyen a la supuesta caja B del extesorero Luis Bárcenas. El equipo judicial tenía orden de requerir los documentos, y en caso de obtener una negativa por respuesta, registrar por la fuerza la sede del partido conservador.

Así consta en el auto de requerimiento judicial dictado ayer, jueves, por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, que ordenó al PP 'la entrega de la totalidad de la documentación de cualquier género que obrara en los departamentos de Tesorería, Gerencia, Contabilidad, Caja y Auditoría Interna relacionada con las obras llevadas a cabo por Unifica, así como la información adicional en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos'.

También solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se hicieran con los elementos documentales que podrían estar relacionados con la imputación por un delito fiscal de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y del exgerente Cristóbal Páez.

El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y dos miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), uno de ellos experto en informática, se personaron en la sede de los conservadores pasadas las 20.30 horas para obtener facturas sobre las obras de reforma que realizó entre 2005 y 2011, que fueron solicitadas por el juez y no se aportaron a la causa. El juez sospecha que una parte, en concreto 888.000 euros, podrían haberse pagado con dinero negro.

La comisión judicial ha permanecido en la sede central conservadora durante más de 14 horas. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que, entre las diligencias practicadas, los agentes han escaneado documentación y accedido a varios ordenadores situados en la planta sexta del edificio, donde se encuentran los departamentos de gerencia, tesorería e informática.

El juez explica en el auto que la entrada en la sede de Génova era 'necesaria e ineludible' para 'traer definitivamente a las actuaciones' documentacion y archivos informáticos que el PP no había aportado al procedimiento pese a ser requerido para ello. Ruz trasluce en el auto un malestar con el partido conservador por el escrito que envió al Juzgado por mediación de la Fiscalía Anticorrupción, donde criticaba la labor investigadora de la UDEF y la Agencia Tributaria, y adjuntaba 'fotocopias' de unos documentos, que contra lo afirmado por el PP, no constaban ya en las actuaciones.

En la resolución subraya que en la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas' está investigando delitos de falsedad documental, falsedad contable, cohecho y tráfico de influencias, 'La actividad presuntamente delictiva investigada puede calificarse de grave, tanto en atención a la penalidad de las conductas investigadas, como desde el punto de vista de la trascendencia social de las mismas', dice el juez en un auto particularmente claro y duro.

Asimismo, y en palabras que parecen una respuesta al PP y a su dirigente María Dolores de Cospedal cuando negó la existencia de una contabilidad B del partido, el juez recuerda que no ya él, sino la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha estalecido que el ámbito de esta causa es 'la posible existencia de una contabilidad 'B' del Partido Popular, que pudiera haber generado un fluido de ingresos no declarados, lo que indiciriamente podría haber acarreado la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas, incluidas la entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial'.

Frente a la colaboración que sólo Rajoy y el PP aprecian en su modo de relacionarse con el juez en este caso, Ruz manifiesta que la entrada en la sede central del partido y la incautación de documentación eran la forma de conseguir esa información ya que otra manera --que el PP hubiese enviado diligentemente los documentos-- se ha revelado 'imposible o muy difícil'. 

Todo ello permitía sacrificar en este caso el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria. Los agentes tenían autorizado 'el auxilio de la fuerza para practicar la entrada y registro' si el partido no hubiese atendido el requerimiento.

El requerimiento y la subsidiaria orden de entrada y registro no fueron apoyados por el fiscal del caso, Antonio Romeral, que insto una medida mucho más suave: 'que se reitere la petición al Partido Popular con la finalidad de que aporte al Juzgado toda la información y documentación que tuviere'.