MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire Pérez, comenzará esta semana la investigación del caso del borrado de los ordenadores del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas con el interrogatorio de éste y de otras tres personas como testigos en la causa. Un día después ha citado en calidad de investigada -figura que sustituye a la de imputada-, a la tesorera y gerente de la formación, Carmen Navarro, y al responsable de los servicios informáticos del PP Javier Barrero.

En el auto que dictó el pasado 20 de enero la juez Freire admitió las querellas formuladas por IU y Asociación Observatorio de Drets Humans (DESC) por delitos de encubrimiento y daños informáticos y, por primera vez en nuestro país, estrenó la figura de la imputación penal de las personas jurídicas para dirigir la acusación contra el PP.

La consideración del PP como investigado en este asunto se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013.

Las diligencias comenzarán el miércoles con los interrogatorios de Bárcenas, de la que fue su secretaria Estrella Domínguez, del el jefe de seguridad del partido en el momento de los hechos investigados, Antonio de la Fuente y del abogado del PP Alberto Durán.

Se trata de la segunda causa en la que Navarro se encuentra investigada puesto que seis días más tarde, el 9 de febrero, deberá comparecer igualmente acompañada de abogado ante el titular del juzgado de instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, para aclarar, junto al asesor jurídico del partido, si la formación tuvo o no conocimiento de que Bárcenas había solicitado su reingreso a través de una carta que presuntamente recibió la jefa de personal, Milagros Puentes.

Archivo apresurado

El pasado 15 de enero tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que la decisión de sobreseer la causa del "borrado" de los discos duros en los ordenadores de Bárcenas adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quien o quienes ordenaron en la sede del PP la destrucción de dicho material. El PP alegó que los discos duros habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su "alto nivel de criticidad".

El juzgado 32 asumió la investigación cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional consideró que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.

IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.

La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.

De forma previa a la práctica de los interrogatorios, la juez ha requerido también al PP para que identifique a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo "el formateado o destrucción de los discos duros" que se encontraban en el interior de los ordenadores Macintosh y Apple asignados a Bárcenas.

Igualmente, ha pedido la empresa UNIVERSOMAC que entregue toda la documentación que obre en supoder sobre los trabajos realizados en octubre de 2012 sobre un Macbook entregado por Bárcenas así como para que identifique a las personas que trabajaron en dicho ordenador.

Además, ha solicitado diversa documentación a la Audiencia Nacional, entre ella el auto por el que el juez Pablo Ruz, que instruyó el grueso de la causa, expulsó al PP como acusación particular de la causa en la que se invetiga la caja B del partido en abril de 2013. También ha requerido el auto por el que se ordenó el ingreso en prisión de Bárcenas en julio de 2013, diversos folios de un informe de la UDEF relativa al caso "papeles de Bárcenas".