El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política, y ha pedido al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola -a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa-, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días.

De esta forma, el instructor ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el clan, pidiendo nueve años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, hace ya casi un año, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

En este nuevo auto, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ratifica también la situación de libertad de los acusados y explica que no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.

Empresarios investigados

Junto a Pujol, sus hijos y su exnuera, se sentarán también en el banquillo los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí. En este procedimiento, además de a los Pujol Ferrusola, se ha investigado a empresarios que presuntamente efectuaron pagos millonarios a la familia, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.

Todos esos contratos simulados, según la investigación, encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística o concesiones, entre otros favores.

Pedraz concede ahora un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye en su resolución los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas.

Organización criminal

El pasado 16 de julio, el anterior instructor de esta causa, José de la Mata, propuso juzgar a todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

Su forma de actuar reunía a su entender todos los requisitos de una organización criminal: con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada, y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

Según este magistrado, el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola quien, de hecho, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". Por debajo se encontraría Jordi Pujol Ferrusola, denominado "el capellán de la parroquia", cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos.