El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado imputar a Iñaki Urdangarin, a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro, por un presunto delito de blanqueo de capitales, una petición que cursó el sindicato Manos Limpias y a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción al alegar que todos ellos ya han sido interrogados por este supuesto ilícito. Así lo ha acordado el juez mediante un auto dictado este martes, en el que desestima de este modo citarles de nuevo a declarar en el marco del caso Nóos, tal y como solicitaba la acusación popular.

El propio Torres se opuso a que tanto él como su esposa fuesen encausados por este motivo, contraponiendo la actuación de Tejeiro al papel ejercido por la Infanta Cristina al frente de Nóos y de la sociedad de la que es copropietaria junto a su marido, Aizoon, a través de 71 argumentos. El juez José Castro dio diez días a las partes para que se pronunciasen sobre la petición de Manos Limpias.

En concreto, Manos Limpias considera en el escrito que presentó que los tres imputados son presuntamente responsables de un delito de blanqueo por cuanto se lucraron 'en su propio beneficio' del dinero que de forma ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos y que posteriormente desviaron a sociedades de su entramado empresarial. Dinero que, según la letrada que representa al sindicato, 'es fruto de presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude fiscal y falsificación documental, entre otros'. Manos Limpias sostiene asimismo que habrían lavado los fondos que supuestamente habían defraudado antes a la Agencia Tributaria.

Después de que el juez instructor del caso Nóos diese diez días de plazo a las partes personadas para que alegaran lo que estimaran conveniente sobre la petición de la acusación popular, la defensa de Torres presentó un escrito en el que desvinculaba a sus patrocinados de un presunto delito de blanqueo y hacía hincapié, por el contrario, en los gastos personales en que habrían incurrido los Duques a través de Aizoon o la presunta mediación del Rey don Juan Carlos en favor de iniciativas promovidas por Urdangarin.

Urdangarin y su socio están acusados de desviar presuntamente hasta seis millones de fondos públicos a través de una fundación sin ánimo de lucro, en un caso de corrupción que ha mancillado la imagen de la familia real española. La Fiscalía Anticorrupción podría pedir hasta 17 años de cárcel para Urdangarin, ya imputado por malversación, prevaricación, fraude a la administración, falsedad documental y delito fiscal, según diversos medios que tuvieron acceso a un borrador del escrito de acusación. La esposa de Urdangarin, la infanta Cristina, declaró el mes pasado ante el juez como imputada por un delito fiscal y de blanqueo de capitales, en el mismo caso.