La ponencia para reformar la 'ley mordaza' vuelve a convocarse este miércoles tras meses de trabajo entre los grupos por medio de reuniones. ¿A qué punto llegan los grupos a esta cita?

Como se ha hecho público, hemos tenido más de 35 reuniones en estos 10 meses. Hay que recordar que la ponencia dio comienzo y cuando se vio que no había las mayorías suficientes, se congeló y se procedió a hacer reuniones de trabajo entre todas aquellas formaciones que somos favorables a la reforma integral, a la derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Tras más de 35 reuniones, ha habido grandes avances, pero hay que decirlo también, que hay grandes avances en aquellos asuntos que ya se esperaba que hubiera avances; en aquellos asuntos más sensibles, esto que pueden ser los artículos más lesivos señalados por organizaciones como Amnistía Internacional, Iridia, pero también la misma comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa que en febrero el pasado año envió una carta las Cortes Generales diciendo que la reforma anunciada por Unidas Podemos y el Partido Socialista dejaba cuatro asuntos en el aire y no preveía desactivarlos.

Nuestra preocupación en este momento es que, si bien es cierto que por un lado tenemos grandes avances, que yo creo que son positivos, tenemos esos asuntos que están calificados como las partes más lesivas (aquellas con las que más se ha sancionado a lo largo de estos siete años) siguen encima de la mesa sin acuerdo.

¿Pronostica un acuerdo antes de fin de año?

Esperemos porque de otra forma, a mí se me hace impensable pensar que pueda salir una medio reforma o una ley mordaza light. Lo que estamos hablando es de desactivar esos artículos y, por el momento, no hay acuerdo, pero espero que lo haya.

¿En qué se ha avanzado durante todo este tiempo?

En todas aquellas partes que tenía que ver, por ejemplo, empezando con incluir un elemento progresivo en las sanciones y que se valore en base al patrimonio o al sueldo de cada persona. Hay muchas más garantías a la hora de salvaguardar a la ciudadanía de posibles registros o identificaciones en la calle; se ponen mecanismos para evitar lo que son las identificaciones por perfil étnico o los registros por perfil étnico; y se blinda el derecho de reunión. No va a ser sancionable el mero hecho de que se convoque una manifestación espontánea porque hay un elemento novedoso. Siempre se pone ejemplo la manifestación contra la sentencia de La Manada, pero yo creo que es un ejemplo que lo entendemos todos y todas. Se ponen elementos que son más de una ley de convivencia ciudadana que de represión ciudadana, pues hay que recordar el contexto en el que se aprobó la norma y con la el único voto favorable del Partido Popular, que gobernaba con mayoría absoluta en el Congreso. Desde un punto de vista progresista, y de garantía ciudadana son mejores estos avances.

¿Cuáles son esos escollos que le impiden apoyar la reforma que actualmente se plantea?

Cada uno de los partidos tenemos algunas líneas rojas, pero hay cuatro artículos que sí son líneas rojas para EH Bildu, ERC, pero que también son coincidentes con los que señalaba la comisaria europea de derechos humanos y otras organizaciones. En este momento, el 36.6, que es aquel de desobediencia y el 37.4, que es el de faltas de respeto. En base a estos dos artículos es con lo que más se ha sancionado por parte de las Fuerzas de Seguridad. Desde un ejercicio de radicalidad democrática, podemos exigir la desaparición de esos artículos, pero no habría mayorías hoy en día para que desaparezcan. ¿Cuál es el intento que se ha hecho hasta ahora y no se ha conseguido? El de objetivación, esto es, que los elementos para la sanción sean objetivos, que un ciudadano tenga la capacidad de recurrir ante una sanción injusta y que esa sanción siempre o, en todo caso, se pueda presentar por elementos objetivos.

Hasta ahora, cuando se dice las faltas de respeto a la autoridad, hemos visto cómo una mirada, un tono de voz, una camiseta o un pin han sido la excusa para sancionar a personas. Creemos que eso es intolerable, por eso decimos que tiene que ser objetivo. De igual forma, en los hechos de desobediencia. Y, es que, cualquier comunicación por parte de los agentes a un ciudadano (incluso el preguntar un porqué) ha sido interpretado como una negación a cumplir esas esas órdenes. Esos elementos tan subjetivos necesitan una objetivación y eliminar eso, que ha sido la caja de Pandora para sancionar a cualquier ciudadano por cualquier motivo cuando le viniera en gana a un agente.

De igual forma, y está en el debate público, todo lo que tiene que ver con los instrumentos de represión, especialmente en manifestaciones, y hablamos claramente de las balas de goma. Se trata de un elemento muy peligroso, completamente desproporcionado. Además no hay una capacidad de trazabilidad sobre su uso y tenemos un ejemplo claro, en la desgracia que ocurrió en Euskadi con el caso Cabacas. Creemos que, en este contexto, no es aceptable una Ley de Seguridad Ciudadana que no aborde ese hecho en sí. No va de posición en un momento ideológico, es de sentido común. Se nos hace raro que no sea el mismo Gobierno el que abogue, en un ejercicio de modernización del equipamiento policial, por instrumentos que son mucho más proporcionales, menos peligrosos, pero que además dotan a las Fuerzas y Cuerpos de una seguridad incluso para ellos. 

Pongo un ejemplo: cómo ahora, con un debate también profundo (hay que reconocer que todas las armas, sean más letales o menos letales, tienen una peligrosidad y su uso tiene que tener unos protocolos muy claros), vemos cómo a las pistolas Táser se les ha equipado al mismo tiempo de cámaras personales y, cada vez que se desenfunda este este arma, se produce una activación directa de las cámaras de grabación para saber en qué contexto se ha utilizado esas pistolas de descarga eléctrica.

Creemos que las pelotas de goma son igual o más peligrosas, pues han producido numerosos casos de mutilaciones y de fallecidos. A día de hoy, las pelotas de goma no pueden ser una dotación policial desde un sentido ya de modernidad y de sentido común, más allá de la ideología (nosotros abogamos por la eliminación inmediata de este instrumento).

Otro asunto pendiente, que está encima de la mesa, es el de las devoluciones en caliente, o rechazos en frontera, que es el eufemismo que utiliza el Gobierno. Vemos cómo no se puede dejar solamente para una Ley de Extranjería, sino que hay que abordar también en profundidad cómo se están produciendo las devoluciones en caliente. Y tenemos el caso reciente ocurrido en Melilla, donde el mismo Defensor del Pueblo hablaba de 470 expulsados sumariamente a Marruecos, sin ninguna de las garantías previstas, sin ningún traductor, sin ningún abogado, sin identificación, e incluso se ha devuelto en caliente a personas heridas y a menores. No podemos abstraernos de la realidad y tenemos que abordar esos hechos que se están regulando con esta norma. 

De igual manera, tenemos el artículo 30.3, el de responsabilidad en manifestaciones. Creo que estos cuatro asuntos necesitan ser abordados de manera inmediata. Hay que reconocer el trabajo de mediación que en muchos casos ha hecho Unidas Podemos entre posturas que eran bastante divergentes, entre el Partido Socialista o incluso PNV y Esquerra o Bildu; están haciendo un trabajo y un esfuerzo necesario y que urge, viendo el calendario legislativo.

Si esas líneas rojas se alcanzan, ¿sería una buena reforma o se quedaría igualmente lejos teniendo en cuenta que el techo era la derogación?

Unos tenemos un techo que no tiene la misma altura que otros, pero desde un punto de vista de llegar a acuerdos o a mínimos comunes, yo creo que se puede alcanzar una ley bastante garantista. Seguirá habiendo asuntos que no nos convencerán del todo, que son mejorables, pero teniendo en cuenta la dificultad, esos cuatro artículos especialmente lesivos, y perdona que insista, deben ser abordados. Eso, sumado al resto de asuntos, yo creo que sería aceptable en los términos que se han acordado, pues se avanza en unos modelos de garantías de cara a la ciudadanía, en un modelo de poner la ley también de convivencia ciudadana, no tanto como elemento de sanción y de represión. Para este fin último la aprobó el Partido Popular en el contexto de las movilizaciones anti recorte de los años 2013, 2014 y 2015. Yo creo que con este Gobierno y con esta mayoría del bloque de investidura, la ley debería ser completamente diferente y nosotros abogamos por ello.

En cuanto a la paralización de la reforma legislativa en el Senado por parte del Tribunal Constitucional, la portavoz de su grupo, Mertxe Aizpurua, ha hablado este martes de articular una "respuesta conjunta al órdago lanzado por la derecha política, mediática y judicial". ¿Cómo debe articularse esta respuesta?

Como valoración personal, la reacción y la respuesta que tuvieron tanto el presidente del Senado como la presidenta del Congreso, en términos políticos, la comparto. Fue una crítica a lo que es una injerencia intolerable por parte de ese órgano, además, con la votación de personas que tienen el mandato ya caducado por un interés que les afectaba a ellos directamente. Pero más allá de esa crítica, lo que me sorprende es que tanto el Gobierno como el Partido Socialista, en este caso, no tuvieran los escenarios previstos, que se pudiera producir esa medida tan extrema y no tener ya calculado cuál debería ser la respuesta.

No debemos ser nosotros los que debemos poner encima la mesa la respuesta, pero más allá de la protesta y ante una injerencia tal, creo que habría que acelerar las respuestas para tomar una medida de sustitución, incluso del cese, de aquellas personas que están en el Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado. Esto no va únicamente o no es exclusivamente un asunto del Tribunal Constitucional, pues recordemos que todo empieza por intentar cambiar las mayorías dentro del Consejo para la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional. La raíz del problema está en el bloqueo del Partido Popular de ese órgano porque lo quiere seguir controlando.

Ya el Tribunal Constitucional había tomado medidas y había tomado decisiones que, desde nuestro punto de vista, eran intolerables, pero en relación a Catalunya o a Euskadi y, como era por razón de Estado, aquí miraban algunos partidos de ámbito estatal para otro lado. Pero ahora, cuando afecta directamente a las Cortes Generales y se ve cuestionada la soberanía popular en esta en esta cámara o en estas Cortes Generales, hay mucha gente que se ha puesto nerviosa.

Desde un punto de vista de radicalidad democrática, hay que ir a la raíz del asunto, que hoy en día hay unos señores y unas señoras que están de ocupas en el Consejo General del Poder Judicial y, desde un punto de vista democrático, hay que ver cómo se les desocupa. Hay modelos, como es el modelo italiano en el cual, una vez que a las personas ya se les ha caducado el mandato, directamente son cesadas; otro partido ha propuesto el cambio en las mayorías. Pero insisto, no vamos a ser nosotros quienes propongamos las medidas. Es tan importante que no caben políticas de ponerse medallitas, sino que hay que hablar las fuerzas del bloque de investidura y buscar una repuesta rápida y contundente.

Ustedes no estaban muy convencidos con la proposición de ley en sí. De hecho, antes del debate no tenían decidido su voto, aunque finalmente votaron a favor. ¿Por qué tomaron esa decisión? Y, por otra parte, ¿qué es lo que no les gusta?

Nuestro voto iba a ser de abstención porque estuvimos trabajando durante varios días con el mismo punto de vista de la ley mordaza. Había las mayorías suficientes para aquellos aspectos relativos a los desórdenes, dejar menor margen de interpretación. Esto es, el elemento de intimidación se nos hacía demasiado interpretable e incluso podría llevar error, o de igual forma todo lo que es la ocupación de infraestructuras, como en movilizaciones o en manifestaciones. Creíamos que daba demasiado margen y que había que bajar un poco las penas en alguno de los de los márgenes del delito agravado. 

Ahora bien, después de ver que había un intento de injerencia tal por parte del Tribunal Constitucional ante una decisión que le afectaba a él, creímos que el parámetro cambiaba y que íbamos a un debate predemocrático, que íbamos una cuestión de defensa de la legitimidad de esta cámara y que se nos hacía inaudito que ese tribunal pudiera tomar una decisión para bloquear las Cortes como al final ha hecho. Cambiamos el parámetro porque ya no estábamos hablando de malversación, de sedición, de desobediencia... Estábamos hablando de si estas Cortes tienen la legitimidad para tomar decisiones y aprobar leyes. Ante ese ataque, creímos que no podíamos abstraernos de la realidad y que lo importante en ese momento era defender la legitimidad de esta de esta Cámara.

En cuanto a la masacre de Melilla, parece que ha vuelto a quedar diluido este tema a pesar de las informaciones publicadas y de los vídeos y fotos que usted mismo vio en persona y de los testimonios 'in situ'. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir para que esta tragedia no quede impune ni en el olvido?

Ante la tragedia más grave que ha ocurrido en una frontera europea y española, hemos visto cómo el Gobierno ante este asunto, que es de derechos humanos, y ante otro asunto grave en relación a las libertades, que es el caso Pegasus, ha reaccionado de manera chapucera. No ha sabido cómo gestionar el asunto y vemos cómo desde el primer momento aparecieron felicitando a Marruecos por la buena gestión. Luego ya dijeron que se habían equivocado, que no tenían los datos. Luego negaron por activa y por pasiva que nada importante había ocurrido en territorio español y aprovecharon el verano para no dar explicaciones.

Este otoño, puestas en marcha las dos investigaciones del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía, tuvimos indicios de que no todo iba bien. Luego el Defensor del Pueblo habló de las devoluciones en caliente, del uso de gas lacrimógeno, siguió pidiendo las imágenes, etc. Marlaska mintió en septiembre sobre hechos objetivos. Y ya este mes pasado, con las nuevas investigaciones periodísticas, y quiero poner en valor a medios como Público o El País, tuvimos imágenes que ya habían sacado a la luz estos asuntos. Y ante toda la evidencia, hemos visto al Ministerio del Interior enrocado, negando la mayor e incluso acusando a todas aquellas personas que han hecho investigaciones durante meses con grabaciones de imágenes reales. Lo inteligente sería convocar una comisión de investigación, pero el PSOE se cierra en banda y el PP ahora está echando cálculos a ver si le salen los números.

Para el PP, el interés mayor es cobrarse la cabeza de Marlaska. Nosotros no decimos que tenga que cobrarse una cabeza o 25 en relación a estos hechos, pero después de aclarar lo sucedido, tomar medidas para que algo así no vuelva a ocurrir nunca. Pero por parte de la derecha española hay un cierto interés con el ministro, no en que se investiguen los hechos ni a la Guardia Civil.

En una comisión de investigación se debe investigar todo. Hay un intento obvio por parte del Gobierno de pasar página y pasar a otro asunto. En este momento quedan pendientes la investigación definitiva del Defensor del Pueblo y de igual forma, lo más importante es la investigación de la Fiscalía, que por cierto, en los próximos días debería pronunciarse. Espero que, teniendo en cuenta todos los indicios y todas las pruebas y todos los testimonios que hay, no den carpetazo porque esa tentación existe y el Gobierno parece que es lo que espera o lo que cree que va a pasar.

Otra cuestión pendiente de la legislatura es la ley de vivienda, para la que el apoyo de su formación es muy importante. ¿Habrá ley?

Es todo un misterio. Nos encontramos con dos obstáculos. Uno es el temporal, ya que hay esa sensación de que para el 1 de enero se acaba el mundo. Es cierto que en primavera se entra en otro contexto político, pero que podemos seguir trabajando, ya que esta presión hace churros; en vez de llevarnos por un cauce de diálogo y de negociación para aprobar leyes de marcado carácter progresista, la presión y el tiempo nos está agobiando de alguna manera.

Por otro lado, estamos viendo cómo sorprendentemente, ya sean en leyes de carácter social o leyes que tienen que ver con libertades, como la ley mordaza, que el PSOE teniendo los votos suficientes para hacer unas leyes de verdadero carácter progresista, las presiones externas de ciertos lobbies y de ciertas corrientes de opinión o mediáticas le influyen enormemente y prefiere no satisfacer ni al bloque de investidura ni satisfacer a esos el lobbies ni a esos medios que nunca van a estar satisfechos. Ante esa disyuntiva, si hay la posibilidad de aprobar leyes de marcado carácter progresista, vayamos a ello.

Parece que el único que se atreve a legislar es el Partido Popular cuando está en el gobierno y que el Partido Socialista, con estos miedos y estos temores, lo único que se atreve es a hacer algunos retoques a las leyes del Partido Popular. Vayamos a ello. No será fácil tampoco, ya que aprobar leyes es complejo porque te tienes que pelear mucho y tienes que llegar a consensos, pero a un nivel de suficiencia y de aceptabilidad por el bloque, pues vayamos a hablar. Sí que veo ese freno de mano echado constantemente, como un miedo, un temor a aprobar leyes que sean demasiado de izquierdas. Nuestros votos están ahí, están en llevar a una ley que tenga los mínimos que sean aceptables para EH Bildu y para cualquier formación de izquierdas. Y esto no es únicamente en la Ley de Vivienda ni en la ley mordaza. Es cierto que en el cómputo y el conjunto de las leyes, vemos esa presión temporal, por un lado y, por el otro, ciertos temores a ciertas presiones de algunos medios o algunos lobbies.

Hablando de presiones, vemos que la presión no cesa. Estamos viviendo situaciones anómalas y una escalada de tensión acumulada en los últimos meses. ¿Qué se puede esperar de lo que queda de legislatura?

Hay elementos diferentes. Esta ha sido la Legislatura más extraña que nos habrá tocado vivir a nosotros, peor también estos años que hemos vivido han sido los más extraños de nuestras vidas. Esto ha dificultado enormemente el calendario legislativo y en esta última parte de la Legislatura se han acumulado demasiadas normas.

Todo ello en un contexto de bronca permanente que se repitió también en la segunda legislatura de Zapatero. En ese momento, el Partido Popular es cierto que aprovechó la situación de crisis económica, y montaba la barrila permanente y la bronca permanente, además de utilizar el elemento de ETA.

En este momento, se está repitiendo ese ambiente bronco, pero además con un componente trumpista de la ultraderecha que puede tener Vox. No ya en la bronca, sino ya la exageración y la hipérbole de montar el mayor pollo posible para deslegitimar las instituciones, más allá del Gobierno. Esto está calculado. Está estudiado y saben perfectamente qué tienen que decir y cuándo lo tienen que decir. Por ejemplo, la barbaridad machista que le dijeron a Irene Montero no fue un exceso verbal; eso estaba escrito, sabían cuándo decirlo y lo que iba a ocurrir.

Esto nos lleva a hacer una reflexión a los partidos políticos, a las instituciones, a los medios de comunicación, pero ya digo, no estamos hablando de gente que es muy macarra o que no están llevando a cabo una agenda; es una una estrategia comunicativa precisa y que a ellos les va bien en las redes sociales. Buscan luego tener un impacto de rebote en los medios de comunicación y convertirse en los referentes mediáticos de esa semana y de ese día, y lamentablemente, pues les está funcionando.